Este viernes 14, al cumplirse cinco meses de la muerte de Francisco Cruz, familiares, amigos y amigas marcharán hacia la fiscalía de Florencio Varela para exigir justicia y denunciar la inacción del fiscal Darío Provisonato. La madrugada del 14 de marzo Francisco fue aprehendido por agentes de la comisaría sexta, esa fue la última vez que lo vieron con vida. Casi cuatro días después, su cuerpo apareció en una tosquera cubierto con brea. A cinco meses del hecho, sólo la familia, con el patrocinio de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), impulsa la investigación para saber la verdad.

ANDAR en Florencio Varela

(Agencia) “Pasaron cinco meses de su muerte y no entendemos por qué no hay avances en la causa.  Sabemos que el fiscal no quiere trabajar la causa y que está encubriendo a la policía. Nosotros lo único que pedimos es que se investigue y se haga justicia”, dice Esther Quijano, la hermana de Francisco Cruz, el joven que apareció muerto en una tosquera de Villa Hudson luego de ser visto por última vez, cuatro días antes, cuando era subido a un patrullero policial.

Este viernes 14, al cumplirse cinco meses del día de su desaparición y muerte, familiares, amigos y amigas de Francisco  convocan a una movilización que comenzará a las 10 de la mañana en la estación de trenes de Florencio Varela para marchar hasta las puertas de la sede de fiscalía. “Esperemos que las autoridades escuchen esta marcha”, agrega Esther.

Francisco Cruz era correntino, trabaja de albañil, tenía 29 años y estaba en recuperación por sus problemas de adicciones y tenía previsto volver a vivir a su provincia natal, cerca de su madre. El 13 de marzo pasado, fue atendido dos veces en el Hospital de Melchor Romero y medicado con lorazepam. En estado de vulnerabilidad e inestabilidad por los psicofármacos, esa misma noche se escapó de la casa que compartía con su hermana en Ingeniero Allan.

Pocas horas después, en la madrugada del sábado 14, Francisco ingresó al patio de una vivienda; estaba alterado y desorientado, los vecinos lograron reducirlo y llamar al 911. Cuatro oficiales de la comisaría 6ª de Florencio Varela llegaron al lugar; Francisco tenía un andar errático y no se entendía lo que decía, ante el evidente estado de descompensación, los vecinos no radicaron ninguna denuncia.

Una cámara de seguridad y los vecinos que declararon en la causa confirman que Francisco fue aprehendido y trasladado en uno de los patrulleros. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Estuvo casi cuatro días desaparecido: el 17 de de marzo, al mediodía, su cuerpo aparece cubierto de brea en una tosquera.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia de Cruz, advirtió desde el primer momento las irregularidades de la investigación judicial. A pesar que la familia fue la misma noche de la desaparición de Francisco a la comisaría 6ª recién le tomaron la denuncia en la madrugada del 15 de marzo.

La causa por averiguación de paradero recayó en el fiscal Darío Provisionato que tomó las decisiones exclusivamente a partir de la comunicación con la comisaría 6ª. Aun cuando el comisario le informó que los agentes de esa departamental habían intervenido, en la última vez que se vio con vida a Cruz, Provisionato les siguió delegando las tareas investigativas.

Recién cuando encontraron el cuerpo de Francisco, el fiscal aplicó la resolución 1390 y separó a la policía de la investigación.

“La policía no podía intervenir y el fiscal lo sabía pero lo permitió igual. Ellos sabían dónde estaba el cuerpo. Pasamos miles de veces por la tosquera, le pedíamos con mi hermano que rastrillen el lugar pero no querían bajar. Sólo buscaron que pasen los días para borrar evidencias en el cuerpo del crimen que cometieron”, explica Micaela, la segunda hermana de Francisco.

La perito de parte, presentada por la CPM, Virginia Creimer participó de la autopsia y aseguró que Franciso presentaba lesiones producidas por terceras personas y heridas post-mortem. También se encontraron lesiones en el abdomen compatibles con el paso de electricidad por el cuerpo, que serán constatadas a partir del estudio histopatológico. “Si se confirma eso, quién pudo hacer algo así si no es la policía”, sospecha Esther.

En una nota a la Procuración General, la CPM cuestionó la “falta de impulso, parcialidad,  celeridad y eficacia” del fiscal Provisionato. En  un caso que exhibe claros indicios de vulneración de derechos humanos por parte de personal policial, las medidas de prueba para saber la verdad fueron impulsadas por la familia de la víctima y algunas pedidas en reiteradas oportunidades.

“A la semana de enterrar a mi hermano, declaro ante el fiscal, a él nunca le interesó lo que decía, estaba más preocupado por investigar a mi hermano, por sacar a la policía del hecho”, recuerda Micaela. Y agrega: “Esa fue la última vez que lo vi, el fiscal nunca más se comunicó con nosotras para responder por la causa. Pasaron cinco meses y no tenemos nada de él”.

Hay elementos que grafican por sí mismo la desidia en la instrucción: cuatro meses después del hecho, el fiscal solicitó digitalizar los libros de guardia de las dependencias policiales que estaban secuestrados desde el primer momento. Y en todo este tiempo negó el pedido de secuestro de los teléfonos celulares de los policías que vieron por última vez a Francisco; recién en las últimas semana, se limitó a pedir un informe técnico sobre el cruce de de las llamadas que se hayan realizado desde esos teléfonos en los días que el joven estuvo desaparecido.

La aplicación tardía de la resolución 1390 y la demora injustificada en la producción de medidas de prueba, atenta seriamente con el esclarecimiento del hecho.

La participación policial en la investigación también dejó, durante los primeros días, varias irregularidades, entre ellas, la falsificación de un acta de declaración testimonial. Los mismos policías de la comisaría 6ª de Florencio Varela recogieron el testimonio de un vecino que había declarado ver a Francisco caminando en dirección a la tosquera. En sede judicial, el testigo dijo que los policías le habían pedido que declare eso, que él nunca pudo identificar que la persona que vio se tratara del joven desaparecido.

La versión policial, que intenta exculpar a los policías que lo aprehendieron de manera irregular, tampoco ayuda demasiado. Los oficiales dijeron que, por pedido del joven, lo habían dejado en una parada del colectivo de la línea 324. “Aún así, aunque estoy segura que fueron ellos quienes lo tiraron en la tosquera para que se muera, serían responsables por al abandono de persona. Ellos sabían el estado en el que estaba mi hermano y tenían la responsabilidad de llevarlo al hospital, a su casa o, incluso, a la comisaría. Pero no podían dejarlo ahí, en una parada rodeada de monte”, explica Esther Quijano.

A cinco meses de la muerte de Francisco, las hermanas aseguran que no se van a quedar quietas, que no van a parar hasta tener justicia y ver condenados a los responsables. “No necesitamos que el fiscal esté de nuestro lado, necesitamos la justicia que nos corresponde, la justicia que se merece mi hermano”, cierra Micaela.