Gastón Ayala Aquino estaba detenido sin condena en la Unidad Penal Nº 1 de Olmos y a la espera del llamado del juzgado donde tramitaba su causa. Padecía un cuadro epiléptico que no era tratado adecuadamente en la cárcel. El 1º de agosto, tras un nuevo ataque de epilepsia, sus compañeros de pabellón intentaron llevarlo al sector de sanidad cuando un grupo de agentes los interceptaron y llevó a Gastón hacia el despacho del Jefe de la Unidad: fue brutalmente golpeado y le aplicaron una “llave” sobre su cuello que habría provocado su muerte. Tenía 36 años, doce hermanos, cuatro hijos. Ricardo y Norma, sus papás, siguen luchando por justicia. La Comisión Provincial por la Memoria patrocina a la familia como particular damnificada.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) “Tengo una mala noticia: su hijo murió”, le dijeron por teléfono a Norma. Ese llamado fue a las 5 de la tarde, Gastón había muerto nueve horas antes. Esa fue la primera de una larga serie de irregularidades. “A nosotros nos dijeron que había muerto por epilepsia, pero era una gran mentira. Cuando mi hijo lo vio en la morgue, Gastón no tenía un solo lugar del cuerpo sin golpes”.

La autopsia reveló la existencia de múltiples lesiones que no guardaban relación con ese informe preliminar. Las declaraciones testimoniales de los compañeros de pabellón de Gastón y los peritajes de la Policía Científica terminan por desacreditar la versión de los agentes penitenciarios.

A pesar del dolor, Ricardo y Norma buscan reconstruir la muerte de su hijo porque necesitan justicia, necesitan que los responsables vayan presos. “Sabemos que Gastón no murió en Sanidad como decían; murió en el despacho del Jefe de la Unidad. Esposado, con la muñeca rota, el tipo se ensañó con él. Cuando lo veo en la morgue, estaba desfigurado”, cuenta Ricardo.

Gastón estuvo menos de dos meses en la cárcel de Olmos; en todo ese tiempo, no recibió la medicación ni la atención sanitaria que requería su enfermedad. Los ataques de epilepsia se hicieron más habituales y los agentes penitenciarios respondían con golpes. Ahora, sus padres pueden asegurarlo: “Cinco días antes de su muerte, para que nosotros no nos preocupemos, nos llamó y nos pidió que no vayamos a visitarlo porque tuvo un ataque y estaba todo golpeado. Era mentira, eran los mismos milicos que lo golpearon”.

Tras conocerse los detalles de la muerte de Gastón, el fiscal Fernando Cartasegna decidió la detención de nueve agentes penitenciarios por imposición de tortura agravada, entre ellos el jefe del Penal. Sin embargo, Ricardo mantiene reservas sobre su accionar; “cuando habló conmigo, me dijo ‘Estamos haciendo lo que podemos pero ya te digo que todos no quedan presos, tres seguirán detenidos pero el resto no’, y, ahora, no dejan que los abogados de la Comisión vean el expediente”.

Como sucede en estos casos, las dilaciones judiciales tienden a desgastar la lucha de los familiares y garantizar la impunidad de los torturadores. “Seré pobre pero no soy tonto. En seguida supe que, por arriba, se jugaba un intento para limitar la responsabilidad de los culpables. Se están creyendo poderosos, pero seguiremos luchando para que no haya impunidad y el apoyo de la Comisión nos da mayor fortaleza”, dice Ricardo. Y Norma agrega: “Seguimos luchando a pesar de todo el dolor que tenemos, porque mi hijo no se merecía morir así”.