Comenzó el juicio oral y público de la denominada causa Junín, que juzga a siete ex represores por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar contra 24 víctimas de la zona. Oscar Farías, activista por los derechos humanos y promotor de la denuncia penal, remarcó a ANDAR la importancia de que el juicio se realice en la ciudad para que se conozcan las historias de las víctimas y  para que se profundice el carácter democrático y el sentido de justicia en ese distrito del noroeste bonaerense.

ANDAR en Junín

(Agencia) En la causa “Junín” – que se estima concluirá a fin de año- hay siete imputados: los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio Chiacchietta, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Las imputaciones son por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos en perjuicio de 24 víctimas, tres de las cuales permanecen desaparecidas.

El pasado miércoles 26 en el salón de la democracia de la UNNOBA, el presidente del TOF 1 de La Plata Carlos Rozanski, junto a los vocales Jantus y Álvarez, dio inicio al debate oral y público con una amplia participación de público y periodistas.

“El inicio del juicio fue muy importante, con mucha gente mayor, vecinos de Junín, el rector de la Universidad y actores sindicales, políticos, sociales y de derechos humanos”, dijo Oscar Farías, impulsor de la causa, referente de la comunidad mapuche Nahuel Payun de Junín y coordinador de la cátedra libre sobre Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA). “Hubo aplausos en acompañamiento de las víctimas que declararon. El ámbito del salón de la democracia es más que significativo para estas audiencias”, afirmó Oscar Farías, que remarcó además que hubo personal médico que asistió a los imputados “respetando los derechos que ellos no reconocieron a sus víctimas”.

-¿Cuáles fueron los primeros pasos de la “causa Junín”, que hoy finalmente se ventila ante un tribunal oral?

-En el año 2006 el gobierno local me convocó a trabajar en la creación de una Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, tarea que acepté con el objeto de incorporar nuestras luchas a la agenda del Estado nacional. Lo primero que hicimos fue contactarnos con abogados y antropólogos de la Secretaría de DDHH de la Provincia y luego, de a poco, nos fuimos encontrando con las 20 personas que habían sido víctimas de vejaciones y tormentos.

Gozamos enseguida de la absoluta confianza mutua, y esto no es un detalle si se considera que Junín es una ciudad muy conservadora, muy acartonada, y estos temas siempre se intentaron ocultar debajo de la alfombra. De allí que produjimos un camino que les trajo a las víctimas la posibilidad de contar sus historias y que el Estado y la sociedad les garanticen esa posibilidad.

-¿Cuándo se presentó la denuncia penal?

-En marzo de 2007, una semana antes del aniversario del golpe, presentamos la denuncia ante el juzgado federal de Junín a cargo de Héctor Plou. En aquellos días también hicimos la presentación pública de la denuncia en la Universidad Nacional del Noroeste junto a las víctimas, familiares y militantes. Rápidamente nos vimos sorprendidos con los inicios de las declaraciones indagatorias y el dictado de la orden de prisión preventiva, lo que fue un hecho inédito, histórico en Junín.

Además de la causa penal durante aquellos años realizamos distintos actos de señalización, y especialmente nos involucramos con el Programa Iniciativa latinoamericana para la Identificación de restos, desde la cual pudimos lograr la identificación de compañeros de ciudades de la región. En Junín encontramos el cuerpo de Walter Prieto, que es el hijo de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en Junín.

El circuito represivo de la ciudad del noroeste bonaerense perteneció a la llamada subzona militar 13 con un grado de influencia regional muy significativa y, por cuestiones de territorialidad judicial, la causa pasó al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, quien volvió a tomar declaraciones indagatorias y confirmó las medidas de prisión preventiva sobre los imputados.

Según Farías, la existencia de los cuatro centros clandestinos de detención se conoció a partir del testimonio de las víctimas. Así se supo que la unidad penitenciaria 13 de Junín -que estaba en construcción- fue utilizada como centro clandestino de detención; también se utilizó como centro clandestino la comisaría 1 de Junín, la unidad regional de la ex DIPPBA, que funcionó en el primer piso de la comisaría, y el destacamento policial de la localidad de Morse, partido de Junín.

-¿Cuáles fueron las características de la represión policial y militar en Junín?

-En principio aquí se cumplió en términos políticos lo de dictadura cívico militar: el intendente era del Ejército pero todo su gabinete estuvo integrado por personal civil. En cuanto a las víctimas, hubo compañeros que militaban en organizaciones de izquierda y en la JP, pero la mayoría de las víctimas pertenecían al ámbito de la cultura local, sin militancia político partidaria. Esto hace muy particular la situación en Junín. Las víctimas eran en su mayoría pintores, actores, escritores, es decir, el ataque fue contra la cultura.

-Además de los testimonios fueron importantes para la instrucción de la causa los legajos e informes de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) relativos a las persecuciones previas de las víctimas…

-Fue muy importante para la instrucción de la causa el material encontrado en el archivo de la DIPPBA que conserva y administra la Comisión Provincial por la Memoria. Hay que considerar que en Junín operó fundamentalmente la Policía bonaerense. Los registros de DIPPBA son de un valor muy significativo y lo destacamos porque fue un antes y un después con respecto al material probatorio. En esos registros figuran órdenes firmadas sobre operativos de persecuciones y secuestros por parte de las personas que hoy están siendo juzgadas. Entre otras cosas, había fotos de las víctimas de cuando eran ingresadas a algún centro clandestino y de cuando eran sacadas después de las torturas.

Cada uno de los secuestros de personas y allanamientos fue realizado principalmente por la Policía. El Ejército, en general, rodeaba la manzana de las víctimas, la policía actuaba en los secuestros y allanamientos, y había participación de civiles que cooperaban con las fuerzas.

-En 2012, con la elevación a juicio de la “causa Junín”, comenzó otro desafío para los impulsores de la denuncia…

-Si, queríamos que el juicio se hiciera en esta misma ciudad y no en el asiento del TOF 1, en La Plata, no sólo para lograr quitar el manto de impunidad que había reinado durante tantos años, sino también para que las futuras generaciones pudieran ver que la impunidad no permanecería en este país. Ahora esperamos que el juicio termine con el esclarecimiento de las responsabilidades de cada uno y la condena que corresponde.

Cabe agregar que el juicio continúa con dos audiencias esta semana y luego pasa a cuarto intermedio hasta los días 9 y 10 de diciembre. Se estima que la última audiencia sería el 29 de este mes. El lugar de las audiencias es en el Salón de la Democracia, de la UNNOBA, y se desarrollan desde las 9 hasta las 18 horas.