Durante una conferencia de prensa realizada esta tarde, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expuso públicamente su preocupación y rechazo al proyecto de ley del Ejecutivo provincial que busca reformar el fuero de responsabilidad penal juvenil. La reforma, sin consulta a referentes del tema y basada en datos desactualizados y parciales, representa intereses corporativos de jueces y fiscales y constituye un grave retroceso en los derechos y garantías procesales de los jóvenes. El acto de la CPM fue acompañado por organizaciones sociales que trabajan en el ámbito del foro provincial de niñez, por miembros de la justicia, académicos, representantes de la Asociación Judicial Bonaerense y público en general.

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(CPM) Bajo los principios de la ley de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA), en 2007 se creó el sistema de responsabilidad penal juvenil con el objeto de garantizar un marco legal respetuoso de los derechos durante el proceso y adecuar la legislación a la Convención Internacional de derechos del niño. Todos los órganos judiciales quedaron organizados bajo el principio de la especialidad del fuero, garantizando el interés superior de los NNyA de rango constitucional, la excepcionalidad de la pena de prisión y la implementación de medidas alternativas al castigo y el encierro.

En los hechos, la implementación efectiva de este sistema penal juvenil tuvo serios problemas: los tiempos para librar las órdenes de detención y la prisión preventiva no se cumplen, faltan juzgados de ejecución y de instancias de apelación respetuosas del principio de especialidad. También se ha producido una paulatina asimilación al sistema penal penitenciario de adultos, ampliando la aplicación de la prisión preventiva y el juicio abreviado. En los lugares de encierro juvenil se producen graves violaciones de derechos humanos: la práctica sistemática de torturas, el aislamiento extremo, la violencia, la falta de atención médica, psicológica y de adicciones, el deficiente acceso a la educación primaria, secundaria y la formación laboral.

En ese marco, la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil que promueve el gobierno de la provincia de Buenos Aires no soluciona nada y significa una profundización del sesgo represivo. “Los niños y jóvenes nunca son escuchados, son perseguidos y castigados. Para este sistema, esos pibes son delincuentes, mientras tanto no se respetan los pactos ni convenciones que garantizan sus derechos”, señaló la madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora e integrante de la CPM, Nora Cortiñas, durante la conferencia de prensa que realizo esta tarde la Comisión para expresar públicamente su rechazo al proyecto de ley.

Junto a Nora Cortiñas, estuvieron por la CPM el padre Pepe di Paola, Roberto Cipriano García y Sandra Raggio. El defensor penal juvenil e integrante del foro provincial de la niñez, Ricardo Berenguer, también formo parte de la mesa. Acompañaron la conferencia una extensa y plural lista de referentes en la temática y organizaciones que trabajan con NNyA en los barrios populares. Entre ellos, estuvieron la coordinadora de niñez de La Plata, Berisso y Ensenada, la Red de consejos locales de la Provincia, el Foro por los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, el Servicio de Paz y Justicia, la Garganta Poderosa, el Observatorio de adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani—UBA, del programa de niñez y políticas públicas de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Asociación Judicial Bonaerense y parte del equipo de trabajo de la legisladora María Teresa García, del diputado Jose Ignacio “Cote” Rossi y la senadora provincial María Elena Defunchio

Al abrir el debate, Sandra Raggio, directora general de áreas de la CPM, manifestó que “nos parecía importante trabajar con el conjunto de las organizaciones con las que articulamos para generar un espacio de debate en torno a esta propuesta de reforma que en su espíritu viene a contradecir lo que el sistema debe garantizar: que los niños, niñas y adolescentes de la provincia sean sujetos de derechos.”

Luego, el secretario de la CPM Roberto Cipriano García señaló los puntos centrales de la reforma que atentan contra los derechos y garantías de niños, niñas y jóvenes, y que consolidan la perspectiva punitivista de este proyecto de ley: el uso desmedido de los juicios abreviados que se han convertido en un mecanismo extorsivo, el uso desmedido de la prisión preventiva y la extensión de los plazos de reclusión sin orden judicial al extender los plazos de libramiento de la orden detención de 12 a 18 horas y la falta de control sobre la ejecución de la sentencia, desconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que padecen los jóvenes durante su encierro.

“Es una reforma regresiva que no viene a traer ninguna solución. Viene a vulnerar más a los niños y jóvenes que ya están en situación de riesgo. Al mismo tiempo, el sistema de promoción y protección de derechos que debe crecer para proteger a esos jóvenes vulnerables se desfinancia. Si esos derechos se garantizaran, el sistema de responsabilidad juvenil estaría mucho menos presente”, resumió Cipriano García.

El trabajo de las organizaciones sociales en las villas y barrios populares viene a saldar, en lo que puede, esa ausencia notoria del Estado. “Tenemos que generar, desde la organización, todos esos ámbitos de derechos que el Estado no le da a nuestros pibes”, señaló el padre Pepe di Paola. Y agregó: “En las villas, cuando los jóvenes salen de los circuitos de contención, la justicia aparece para caer con todo el rigor penal”. Como viene denunciando sistemáticamente la CPM, muchas veces, la primera relación que tienen los niños y jóvenes vulnerables con el Estado es la persecución por parte de las fuerzas de seguridad y el castigo judicial.

“Es un círculo, la falta de posibilidades de los pibes, la ausencia del Estado para garantizarle sus derechos, termina en una respuesta punitiva, se los piensa como culpables”, explicó Manuela Mendy de la Coordinadora de niñeces, juventudes y territorios de La Plata, Berisso y Ensenada. Y agregó: “Vemos que, en el último tiempo, la situación se agravó y están mucho más expuestos. A esto se suma, el abandono por parte del Estado de estas organizaciones que trabajan con los pibes para pensar alternativas y poder construir otra posibilidad de vida”.

En esa línea, el defensor penal juvenil e integrante del foro de niñez de la Provincia, Ricardo Berenguer señaló que la “reforma es parte de una política punitivista que ya se viene realizando en los barrios populares, donde la policía está para perseguir y detener”. Advirtió tambien que esas violencias en el territorio tienen su correlato en la justicia: “En los hechos, hay condiciones que ya vienen menguando las garantías de los jóvenes. De hecho, los mismos tiempos que están previstos por ley, y que ahora quieren extenderse, no se cumplen. Y por último en el sistema de encierro también se vulneran sus derechos; avanza la lógica de las rejas por sobre las actividades de reinserción”.

Ante la inminente discusión parlamentaria para tratar este proyecto de ley, tanto los legisladores como el ejecutivo provincial deben tener en cuenta la cantidad y pluralidad de organizaciones y referentes sobre niñez y juventud que estuvieron presentes en la conferencia y que desde el trabajo cotidiano pueden hacer aportes valiosos para pensar la situación de los NNyA. Una discusión que requiere abandonar la mirada punitivista, las reformas rápidas y los discursos efectitas que nada hacen para solucionar el problema de fondo, sino todo lo contrario. El punitivismo y la represión sólo generan más violaciones a los derechos humanos.

Esta reforma se fundamenta en datos estadísticos imparciales y desactualizados del año 2015. Las cifras actuales muestran otro panorama que no puede ignorar ya que muestran la falacia de los argumentos que sustentan este proyecto. Además la situación del sistema penal juvenil no puede entenderse ni pensarse sin discutir la crisis del sistema de promoción y protección de los derechos de los niños. El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires no ha cumplido hasta la fecha con su responsabilidad de poner en funcionamiento todos los dispositivos previstos en la ley e impulsar políticas y programas específicos orientados a la promoción y protección de derechos. La solución para un problema social es más derechos y no más punitivismo.