La Cámara Federal de Casación dictó una acordada en donde recomienda otorgar prisiones domiciliarias a personas detenidas por delitos no violentos para prevenir la propagación del Covid-19 en las cárceles, mientras continúe la emergencia sanitaria. Semanas atrás, el máximo tribunal penal ya había emitido resoluciones para que, frente al  riesgo de contagio y en la búsqueda de descomprimir la sobreboplación carcelaria, se adopten medidas alternativas al encierro para las personas en grupo de riesgo. La acordada votada ayer ratifica estas resoluciones.

ANDAR en cárceles

(Agencia) En consonancia con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Cámara de Casación Federal volvió a recomendar que los tribunales inferiores adopten, con carácter excepcional, medidas morigeratorias de la prisión para aquellas personas detenidas que forman parte de los grupos de riesgo ante el Covid-19.

Frente al riesgo de contagios de coronavirus en las cárceles y en la búsqueda de descomprimir la sobrepoblación, los jueces del máximo tribunal penal sugirieron otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del Coronavirus entre la población carcelaria. También señalaron que, superada la emergencia sanitaria, estas medidas excepcionales podían revisarse.

La acordada firmada en la noche del lunes, con 11 votos a favor y dos en disidencia, viene a ratificar resoluciones que la misma Cámara había emitido en las últimas semanas. A pesar de esos fallos anteriores, gran parte de los pedidos de morigeración que se presentaron ante los tribunales fueron rechazados.

Tal como se expresa en la acordada, Casación recomienda que se “adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder” para personas personas detenidas por delitos no violentos o con penas en su etapa de finalización, además de quienes estén próximos a las salidas transitorias o libertad condicional. Estas medidas también deben alcanzar a mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas.

Con respecto a las personas que integran el grupo de riesgo por el Covid-19, adultos mayores, personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, pulmonares o diabetes, la acordada del máximo tribunal penal  reclama que los tribunales evalúen en cada caso “si  es  posible  proteger  su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo  de  pena  cumplido  y  la  gravedad  del  delito  o  la existencia  de  riesgos procesales  y  el  plazo  de  la detención, para los procesados”.

En ese sentido, una de las primeras medidas dictadas por la Cámara de Casación Penal había sido el pedido de un informe al Ministerio de Justicia y al Servicio Penitenciario Federal (SPF) respecto a las y los detenidas que pertenecieran a grupos de riesgo (embarazadas, afecciones de salud preexistentes, personas de más de 60 años, entre otros factores): 1.280 personas de un poco más de 14.000 integran esa nómina.