El juez de Garantías del Joven de Mercedes, Marcelo Giacoia, designó a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para controlar la ejecución de una sentencia que exige a la policía abstenerse de continuar con las detenciones arbitrarias a menores de edad. El organismo se entrevistó ayer con el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, y le expresó su preocupación por los casos de violencia denunciados.

ANDAR en Chivilcoy

(CPM/Agencia) Ante la designación como organismo de control de ejecución de la sentencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió con el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, para expresar su preocupación por los casos de violencia denunciados, y transmitirle que la CPM hará un abordaje completo de la situación policial y de los jóvenes en el municipio para presentar luego un informe al Concejo Deliberante, el Ejecutivo municipal y las organizaciones sociales.

La resolución, firmada por el juez de Garantías del Joven de Mercedes, Marcelo Giacoia, solicita el aporte de la CPM para controlar el accionar de las fuerzas policiales en el territorio e inspeccionar las comisarías. En el mismo escrito, el juez dispuso la participación del organismo para traducir el fallo en un lenguaje claro y accesible para ser difundido en las escuelas y organizaciones sociales. Para la CPM, esta decisión de la justicia es un reconocimiento al trabajo sostenido en el control de las políticas de seguridad y monitoreo de los lugares de encierro e implicará diferentes acciones de promoción y protección de derechos, intervenciones en casos de violencia policial y control de comisarías.

Durante la jornada de ayer, la CPM también participó de una charla convocada por distintos actores sociales, sindicales y políticos de la localidad, entre ellos la CTA y SUTEBA. Asimismo, estuvo presente el CELS y el magistrado que dictó la resolución. En ese espacio, Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, volvió a señalar la preocupación por la situación crítica en materia de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires: “Lo que se está viendo en Chivilcoy es una muestra de lo que pasa con la política de seguridad, relacionado con un dispositivo de disciplinamiento y control que no tiene nada que ver con la prevención del delito, y que viola los derechos y garantías constitucionales”.

La profundización en los últimos meses de situaciones de hostigamiento policial, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas en los municipios de Chivilcoy, Marcos Paz y Luján motivaron la presentación de un habeas corpus colectivo por parte de las defensoras oficiales del departamento judicial de Mercedes, María Celeste Vila y Eleonora Sampol, ante el juzgado de Garantías del Joven.

A fines de abril, el juez Giacoia dio curso a esta presentación y convocó a la CPM para garantizar que se respete la ejecución de la sentencia. El fallo en favor de todos los jóvenes de estos tres municipios exige que la policía se abstenga de continuar con las detenciones arbitrarias a menores de edad, el alojamiento en comisarías sin notificación a autoridades judiciales y la omisión de registros en libros de entrada.

En la resolución, el juez afirma que “los jóvenes en su conjunto, y de manera especial aquéllos pertenecientes a las clases populares, son víctimas del hostigamiento policial que se materializa en la estigmatización continua que deriva en detenciones arbitrarias sustentadas en el eufemismo inconstitucional de averiguación de antecedentes, lo que implica una violación a los principios constitucionales de libertad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley y judicialidad”. El fallo no fue apelado y, por lo tanto, se encuentra firme y debe ser cumplido.

En ese sentido, desde la Comisión Provincial por la Memoria se vuelve a remarcar que existe un problema estructural de violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la implementación de políticas de seguridad que se focalizan en la saturación territorial y en un sistema penal selectivo que persigue a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero que no persigue el delito organizado donde las fuerzas de seguridad están implicadas. Estas políticas se vienen sosteniendo desde la gestión del gobernador Ruckauf sin que se implementen medidas estructurales tendientes a revertir la situación.