El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) La Plata y Asociación Civil de Abogados, Abogado/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande una acción preventiva para impedir que dos empresas extranjeras avancen con una explotación petrolera de gran escala sobre la plataforma continental argentina, en la zona de Malvinas. Un planteo que deja clara la integración dos dimensiones centrales: la cuestión ambiental y la soberanía sobre ese territorio.

ANDAR en Río Grande

(CECIM) Los ex combatientes y la organización ambientalista buscan frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion (León Marino) en la Cuenca Malvinas Norte impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que pretende comenzar a extraer petróleo en 2028 y avanzar durante décadas sobre aguas cuya soberanía reclama Argentina. En la acción judicial observan que las empresas no iniciaron ante la República Argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, por lo tanto, tampoco cuentan con certificado argentino de aptitud ambiental.

El proyecto se ubica, aproximadamente, a 220 kilómetros del norte de las Islas Malvinas, sobre un área que Argentina considera parte de su plataforma continental y que se encuentra alcanzada por la disputa de soberanía con el Reino Unido. “En concreto, le hemos pedido a la Jueza que aplique legislación argentina a dos personas jurídicas privadas (disposición transitoria primera de la Constitución Nacional). Para hacerlo, la demanda sostiene que basta comprobar que se trata de plataforma continental argentina, que la legislación exige evaluación y autorización previas y que esas habilitaciones argentinas no existen”, explican desde las organizaciones.

El escrito pide suspender “las obras, instalaciones, perforaciones, movimientos del lecho marino, tendido de cañerías, pruebas, ensayos, actividades preparatorias, financiamiento de obras y cualquier otra intervención relevante vinculada con el emprendimiento” y solicita impedir el inicio de la extracción y explotación de hidrocarburos. “El escrito trabaja prevención y precaución. La lógica es elemental: cuando el daño puede ser grave e irreversible, el derecho debe llegar antes que el daño. No después”, dicen los demandantes.

Los demandantes ponen de manifiesto una cuestión central que aparece detrás de la explotación: quién tiene derecho a decidir sobre los bienes comunes existentes en el Atlántico Sur. “León Marino equivale a un Vaca Muerta 2. Es petróleo de los argentinos para los argentinos”, señalan y añaden otra dimensión a la demanda: seguir el dinero. Se pide impedir nuevos contratos de financiación, nuevos desembolsos, pagos, transferencias, aportes, garantías u otros actos destinados a hacer posible la continuidad del proyecto.