La Coordinadora por la Libertad de lxs Presxs Políticxs convocó para el próximo sábado 18 de julio a las 11 a un plenario abierto en el ex centro clandestino de detención El Infierno –ubicado en 12 de Octubre 234, Avellaneda– para reunir “al más amplio arco político posible” con el objetivo de fortalecer la campaña por la liberación de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, detenidos con prisión preventiva a disposición de la justicia federal tras participar de las movilizaciones contra las políticas de ajuste y la reforma laboral impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

ANDAR en la protesta

(Agencia) “Milton y Eneas llevan en Marcos Paz 3 y 4 meses, respectivamente, y Milton estuvo un mes antes en la tortuosa Sigpplar (Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo) de la cárcel de Ezeiza”, dijo a ANDAR Eva Laura del Rosario, pareja de Tolomeo. “Esa prisión preventiva que les dictaron no tiene ni pies ni cabeza porque ellos no pueden organizar una fuga ni pueden entorpecer el proceso, y encima el juicio no tiene fecha”, agregó.

Para Del Rosario, “en un país en donde muere una mujer cada 31 horas en manos de personas que sí tenían antecedentes y que sí habían tenido denuncias por violencia de género, en un país donde hay gente de los distintos gobiernos que está procesada o que tiene delitos en su haber que están comprobados, es totalmente injusto que a estos dos compañeros trabajadores precarizados les hagan cumplir una prisión preventiva hace tanto tiempo y sin razones”. Por esa razón, y ahora de manera organizada, dijo que exigen su inmediata libertad. “Organizamos este plenario para sumar fuerzas y convocar en el mes de agosto a una gran manifestación por la libertad de ellos dos. Milton Tolomeo y Aneas Gallo tienen que estar libres y sus causas tienen que cerrarse de inmediato”.

Desde la aplicación del protocolo antipiquetes, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria viene denunciando la sistematicidad de la represión a las manifestaciones públicas y la criminalización de la protesta. En las tres jornadas en que se debatió la reforma laboral, la CPM registró al menos 754 personas heridas y 51 detenciones arbitrarias, entre ellas las de Gallo y Tolomeo.

Según pudo saber esta agencia, Tolomeo está entero y conviviendo bien con el resto de detenidos de su pabellón, pero extrañando mucho la vida con su pareja en libertad. Extraña mucho a su gatito y a su hija de 12 años. Gallo también se encuentra en buenas condiciones.

Tras la detención de Tolomeo, el 26 de febrero la abogada María del Carmen Verdú presentó un recurso de habeas corpus para denunciar “las inauditas condiciones de detención en el Complejo Penitenciario Federal 1 (Ezeiza) ya que, por exclusiva, discrecional y arbitraria decisión del Ministerio de Seguridad, se lo alojó en el Módulo 6 destinado a personas privadas de libertad de ‘alto riesgo’, como si se tratara de un peligroso terrorista internacional, cuando el propio juzgado, al decretar la prisión preventiva, descartó de plano la pretensión fiscal de aplicar el agravante por ‘acto terrorista’ previsto en el art. 41 quinquies del Código Penal y se limitó a imputar delitos comunes”. Tolomeo estuvo incomunicado, sin visitas y aislado con sólo cuatro horas de patio. “No podemos permitir presos ‘a la Bukele’ o en condiciones como Guantánamo en nuestro país”, había denunciado Verdú, una de las fundadoras de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

Recién el 19 de marzo Tolomeo fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz, ya como un preso común. Masajista, socorrista y fundador de la Asamblea de Vecinos de Lanús, había sido detenido en la madrugada del 15 de febrero. Participaba de las movilizaciones de los jubilados, los miércoles frente al Congreso. En tanto, Gallo, trabajador precarizado de reparto, fue detenido el 18 de marzo “como consecuencia de un rastrillaje ideológico en redes sociales (ciberpatrullaje)”, en un operativo que buscaba identificar “personas con calvicie”, por lo que su detención habría sido producto de un señalamiento arbitrario. Ambos están imputados por haber arrojado material incendiario contra el vallado policial que rodeaba el Congreso, durante la represión a la protesta contra la sanción de la Reforma Laboral, el 11 de febrero.

Amenaza existencial contra la República

En diálogo con ANDAR, el abogado Siro Soto, defensor de Gallo, expresó que “el fiscal federal Carlos Stornelli ha decidido que no hay artículo del Código Penal que le venga mal a los manifestantes del 11 de febrero, porque busca procesar a quienes protestaban contra la ‘ley de servidumbre laboral’ bajo una catarata de figuras: atentado contra la autoridad, resistencia, intimidación pública e incitación a la violencia”. Soto apuntó que “como si esto fuera poco, suma el daño agravado y las lesiones, asegurándose de que el expediente pese más que el propio Congreso”. El letrado agregó que “eso no es todo” porque “lo más creativo de la fiscalía es el intento de encuadrar a dos precarizados sin un peso partido a fin de mes como una amenaza existencial para la República”.

Soto hizo un paralelismo con la defensa que ejerce La Gremial de Abogados y Abogadas, organización que integra, del referente mapuche Facundo Jones Huala. “Para no quedarse atrás de los fiscales federales de la Patagonia, la misma forma de castigar a Jones Huala y toda la mentira que hemos expuesto en los comunicados de La Gremial ahora se aplica en Buenos Aires, y lo será como moneda corriente”.

El defensor de Gallo sostuvo que “Stornelli habla con total soltura de una ‘posible forma organizada’ y de asociación ilícita, sugiriendo que el objetivo era nada menos que un alzamiento contra el orden constitucional. Según este relato, el ejercicio de la protesta social, derecho garantizado constitucionalmente, es en realidad un plan maestro para impedir el libre ejercicio de las facultades del Congreso. Una locura”.

A criterio de Soto, “para coronar este mamarracho constitucional, Stornelli insiste en aplicar el famoso agravante por finalidad terrorista, a pesar de que el propio juez de garantías Gonzalo Rua calificó esta pretensión como ‘aventurada’ y señaló que no hay pruebas de tal finalidad, la fiscalía la mantuvo para ‘blindar’ vaya a saber qué interés, pero estamos seguros que no protege ni siquiera la propia Constitución nacional, que señala que no puede aplicarse este agravante a la protesta social”. Y apuntó: “Es irónico que se use una figura destinada a proteger a la población para perseguir a trabajadores precarizados”.

En definitiva, Soto concluyó que “el sistema parece ignorar que quienes realmente tienen el poder de imponer ideas por la fuerza no suelen estar en las plazas con carteles”, y destacó que “arrojar una piedra se eleva a la categoría de ‘terrorismo’, mientras que el desguace de derechos laborales se presenta como el ‘normal desarrollo legislativo’ que el ejército de Stornelli debe proteger a toda costa”.