Siete policías bonaerenses serán juzgados por un jurado popular a partir del lunes 13 de abril por los graves delitos cometidos entre agosto de 2015 y marzo de 2016 sobre cinco mujeres y dos varones en la subcomisaría de Domselaar. El juicio, que será ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de La Plata, había sido suspendido hace un año atrás por un error técnico del tribunal y se retomará ahora a 10 años de lo ocurrido. La Comisión Provincial por la Memoria asumió el patrocinio de las víctimas en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la tortura y fue la que denunció penalmente los hechos después de una inspección en el lugar.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Los agentes Cecilia Ballerini, Juan Fernández, Rodolfo Morales, Emilce Ponce, Carlos Remuzzi, Jorge Rodríguez y Lucas Vizgarra serán juzgados a partir de este lunes 6 de abril por un jurado popular al que llegan imputados por distintos delitos, que incluyen sometimiento a torturas, severidades, vejaciones agravadas por violencia, amenazas, apremios ilegales agravados, abuso sexual agravado y hurto agravado. La Dra Cecilia Sanucci a cargo del TOC N°1 de La Plata será la jueza técnica.

El inicio del debate estaba previsto para marzo del año pasado, pero el tribunal no había consultado previamente a los acusados si optaban por un debate oral con jueces técnicos o uno por jurados, derecho que les asiste porque la expectativa de pena es alta. Las defensas aprovecharon ese error procesal, pidieron que sus asistidos fueran sometidos a un juicio por jurado y lograron así posponer el comienzo del juicio un año más. Se estima que el debate se extenderá durante cinco jornadas del 13 al 17 de abril.

Las víctimas son cinco mujeres que estaban alojadas todas juntas en una celda de 3 x 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. No tenían acceso a cuidados médico ni recibían alimentos, y permanecían encerradas las 24 horas en aislamiento extremo. En esas condiciones además fueron sometidas entre agosto de 2015 y el 3 de marzo de 2016 a diversas torturas, maltratos y vejámenes, sanciones degradantes como obligar a una mujer a limpiar el inodoro con una tapita, tocamientos y acoso sexual, además de robarles las pertenencias y coaccionarlas para que no denuncien estos hechos. Además se juzgan las torturas a las que fueron sometidos dos varones alojados en la dependencia: uno de ellos sufrió lesiones por golpes y agua hirviendo, el otro fue golpeado con el fin de obligarlo a dar una determinada información.

La causa se inició a raíz de una denuncia de la CPM luego de una jornada de monitoreo llevada a cabo en la dependencia y las torturas sistemáticas que sufrieron las víctimas quedaron documentadas en la investigación penal, no sólo con sus testimonio sino también con los exámenes médicos e informes psicológicos que dan cuenta de los padecimientos traumáticos sufridos. Esta información se constató, a su vez, con las ruedas de reconocimientos positivos y el secuestro de los libros de guardia. En 2019 la fiscalía 7 de La Plata a cargo de Virginia Bravo pidió la elevación a juicio.