La Comisión Provincial por la Memoria advierte que en el último mes el Gobierno nacional avanzó en distintas medidas de gestión que pretenden cerrar el proceso de memoria, verdad y justicia que la República Argentina ha desarrollado desde la recuperación democrática.

(CPM) El desmantelamiento de los espacios de memoria dependientes del Estado nacional, del Archivo Nacional de la Memoria y el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti fueron los primeros pasos al inicio de la gestión.

Ahora se suman las permanentes amenazas de decisiones administrativas que tornan incierta la debida preservación de los distintos archivos públicos que documentan las acciones del terrorismo de Estado; la designación de un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa y la continuidad de los programas de capacitación en esa área que difunden versiones históricas que reivindican lo que denominan “lucha contra la subversión” –interpretaciones reñidas con los hechos verdaderos acreditados en más de tres centenares de sentencias dictadas en todo el país-. Estos son pasos concretos en pos de negar el genocidio ocurrido, minimizando y banalizando la gravedad de los crímenes contra la humanidad perpetrados desde noviembre de 1974 hasta la finalización de la dictadura cívico militar.

A ello se le ha sumado el pronunciamiento de inauditos veredictos judiciales que han generado una marcada impunidad, como las aberrantes absoluciones dispuestas en las causas conocidas como La Huerta y El Villazo.

Contemporáneamente con esas decisiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Castillo modificó en favor de los imputados el criterio de evaluación del tiempo de permanencia en prisión preventiva de las personas en juzgamiento por crímenes contra la humanidad, provocando una avalancha de pedidos de libertad. Esta resolución, que ordena un escrutinio rigurosísimo para mantener por más de tres años a un detenido en prisión preventiva, fue tomada por el mismo órgano de justicia que se ha desentendido de los recurrentes pedidos de agilización de los juicios e integración de los tribunales que deben juzgar, existiendo actualmente más de 50 expedientes que desde hace mucho tiempo aguardan el inicio del debate oral.

En mérito a lo expuesto, la Comisión Provincial por la Memoria expresa su rechazo a todas las medidas gubernamentales, políticas públicas y decisiones judiciales que contradigan el acuerdo democrático argentino en orden a lograr el efectivo cumplimiento del mandato constitucional que obliga al Estado a investigar los crímenes contra la humanidad, juzgar y sancionar a sus responsables, reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición al conjunto de la sociedad.