Hasta el momento casi todos los que prestaron declaración testimonial en el caso Anacona –uno de los hechos que se ventilan en este juicio- quedaron envueltos en una red de contradicciones y silencio. Ya sea por amenazas recibidas o por intereses personales para fingir el olvido de datos cruciales para el esclarecimiento de la causa, lejos de mejorar eventualmente la situación de los imputados agrega más dudas al enorme cúmulo de pruebas que constan en la investigación y que demuestran la participación de policías, abogados y testigos truchos en una amplia organización criminal para el tráfico y comercialización de drogas. En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, la CPM participa como veedora del juicio que se lleva adelante todos los miércoles a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín desde fines de octubre pasado.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) El juicio a la banda narco-policial-judicial bonaerense lleva ya cinco jornadas; las cuatro últimas fueron de recepción de declaraciones testimoniales que lejos de aportar claridad al objeto de la causa sólo han evidenciado un profundo interés en deslindar y quitar de escena al ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan destituido de su cargo por un juicio político el año pasado, pero beneficiado con la falta de mérito a pesar de las evidencias que lo sitúan como líder de la asociación ilícita, y eludir el tema de los cargamentos de droga.

Cabe recordar que este debate oral y público tiene a 34 imputados –entre abogados, testigos falsos y 24 agentes de la Policía bonaerense, entre ellos el ex comisario de la DDI de Quilmes Marcelo Roberto Di Rosa y el subcomisario Juan Magraner- que habrían “formado parte de una organización destinada, en apariencia, a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada”, según se desprende del requerimiento fiscal de elevación a juicio.

“Leones blancos” o “Anacona” son los nombres con los que se conoce coloquialmente el hecho principal que se ventila en este juicio: el robo de la mitad de un enorme cargamento de cocaína mediante un simulacro de operativo judicial-policial realizado en un peaje del camino del Buen Ayre, en Moreno, para luego ser reintroducido ilegalmente en el mercado.

Como coartada para montar el operativo, la banda policial alegó un supuesto llamado anónimo a la DDI de Quilmes sobre el traslado del cargamento desde Moreno a la zona norte. Pero el llamado nunca existió.

En realidad, el dato había surgido del financista, informante de los organismos de inteligencia y de seguridad y testigo arrepentido Javier Guastini, que luego fuera asesinado por un sicario el 28 de octubre de 2019. Guastini había informado al personal de drogas ilícitas el traslado del cargamento de cocaína perteneciente al clan Loza, que rápidamente y en articulación con el entonces fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, dispuso un procedimiento ilegal para mejicanear la droga.

Sobre este caso declararon más de una decena de testigos, entre ellos el propio Anacona, chofer de la camioneta Sprinter interceptada por la DDI de Quilmes y de la que fueron robados 500 kilos de droga, y Hurtado, que conducía un Ford Fiesta y se trasladaba en apoyo al traslado del cargamento ilícito.

Ambos alegaron no recordar nada a pesar de que en declaraciones realizadas durante la instrucción de la causa ante el fiscal federal Domínguez habían aportado valiosa información. Por ejemplo, Anacona había dicho que en el peaje donde se produjo el operativo policial el que impartía las órdenes era una persona de traje (en relación al entonces fiscal de San Isidro).

Algo similar ocurrió con Hurtado: había declarado anteriormente que era una persona de traje la que mandaba durante el operativo y que había sido con la llegada de esa persona al peaje cuando comenzaron a trasladar los bolsos de una camioneta a la otra. También había dicho ante el fiscal federal Domínguez que durante el allanamiento en la quinta Leones Blancos esa misma persona de traje era quien daba las órdenes a los policías.

Frente a las flagrantes contradicciones y presuntos olvidos de ambos testigos, el fiscal de juicio García Berro y la querella pidieron la aprehensión de ambos por falso testimonio, lo que fue concedido por el TOF 1 de San Martín.

Muchos otros testigos -entre familiares de Anacona y personas que trabajaban en la quinta donde se produjo el violento allanamiento simultáneamente con el operativo en el peaje de Moreno- replicaron el silencio, las dudas y contradicciones con un denominador común: aportar poca o ninguna información valiosa para este juicio, especialmente en lo relativo a la droga y máquinas de sellado, así como la presencia en el lugar de los hechos del ahora ex fiscal Claudio Scapolan.

En la última jornada del juicio, llevada a cabo el miércoles pasado, declararon otros cuatro testigos. El primero, Eduardo Marcelo Ruarte, negó haber participado como testigo de actuación en el procedimiento realizado en la autopista cuando la DDI interceptó la camioneta con una tonelada de cocaína. De hecho, Duarte no reconoció la firma obrante en el acta original del caso.

Otro de los testigos, de apellido Juárez, intervino como testigo de actuación en el allanamiento realizado en la quinta y declaró que aquel procedimiento le había parecido normal, sin maltrato hacia los imputados, y que hallaron mucha cocaína y máquinas para envasarla al vacío. La ex pareja de Juárez, de apellido Villarubia, también fue testigo del operativo y declaró el miércoles pasado, pero se descompensó en medio de su testimonio.