ANDAR en Malvinas Argentinas

(Agencia Andar) Las alarmas, reclamos y presentaciones se iniciaron en 2008; sin embargo el estado provincial, a través del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia, dejó pasar 14 años sin hacer ninguna modificación significativa que cambie las condiciones en que se alojaba a los jóvenes en centro Pablo Nogués. Se trata de uno de los dispositivos del sistema de responsabilidad penal juvenil al que se deriva a los adolescentes menores de edad acusados o condenados por delitos.

Tras la primera acción judicial colectiva iniciada en 2009 por el entonces defensor general departamental Andrés Harfuch, se fueron anexando múltiples presentaciones de otros defensores y de organismos como la CPM que en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura monitorea e inspecciona instituciones cerradas. En ese camino y conforme fuera pedido por la CPM, se clausuraron dos módulos y se fueron tomando diferentes medidas, pero las condiciones de alojamiento y la violencia sistemática persistieron.

La gravedad de la situación en ese centro derivó en suicidios o intentos de suicidio, conflictos y reiterados reclamos de los jóvenes alojados para que mejoraran sus condiciones y alguien escuchara sus padecimientos. Los chicos, de entre 16 y 18 años, pedían cuestiones de resolución accesible como respetar el horario completo de las visitas, pintura para las celdas, menos encierro y más talleres, artículos de limpieza e higiene personal suficientes, mejorar la atención de salud y cuestiones que podrían parecer superficiales como poder usar visera.

Desde 2020 las autoridades del OPNyA prometieron establecer mecanismos de participación para la resolución de problemas, hacer reformas de infraestructura urgentes: reparaciones eléctricas y de las puertas de las celdas, y que se incorporarían talleres de recreación a contra-turno para reducir el tiempo de encierro. Pero esos avances nunca llegaban o sólo eran temporales y volvían los reclamos.

En inspecciones periódicas la CPM fue relevando y accionando contra ese incumplimiento y denunció situaciones como la modificación constante de las normas, los discursos institucionales ambiguos, y el cambio recurrente de las pautas de convivencia que generaba malestar e incertidumbre en los jóvenes y la consiguiente vulneración de sus derechos. En cada instancia judicial, desde el organismo se advirtió que ese tipo de alojamiento es insostenible y causa efectos graves en la subjetividad de los jóvenes, aumentado además la tensión y conflictividad.

A lo largo del proceso judicial cambiaron las autoridades provinciales y hubo al menos cuatro cambios de autoridades del dispositivo. En cada caso se propuso un supuesto plan de acción que luego no se llevó a cabo y en ningún momento se cumplió con la sentencia judicial ni las medidas ordenadas durante el proceso de ejecución. No se modificaron nunca prácticas y regulaciones informales de larga data que carecían incluso de un fundamento lógico como la prohibición de usar viseras o el corte de visita si una persona solicita ir al sanitario.

Y hubo suicidios evitables. Y más reclamos. Y más audiencias ante la justicia y solicitudes de informes, y evaluaciones profesionales y de cuerpos técnicos que coincidían en la necesidad de escuchar a los chicos y ofrecerles respuestas integrales. Mientras tanto, el proceso de carcelización se agudizaba y en el dispositivo primaron siempre el aislamiento y la violencia; un lugar librado completamente a la arbitrariedad de los operadores, sin respuesta a los requerimientos siquiera de la autoridad judicial.

Nunca hubo avances ni se hizo un uso provechoso de las alertas obtenidas en el diálogo con los jóvenes y la puesta en común durante las audiencias. Persistía el aburrimiento por falta de actividades, el aislamiento prolongado y la falta de participación. A los suicidios se sumó una muerte tras un incendio.

Quedó en evidencia que, pese a las reiteradas indicaciones, las órdenes del juzgado y las múltiples instancias de diálogo no se revertía ningún agravamiento en las condiciones de detención. Los jóvenes, a principio de este año y en pleno enero, pedían mejoras en la comida (como acceso a heladera y a agua fría), la posibilidad de que los familiares puedan ir al baño durante la visita y compartan comida, tener visitas íntimas, artículos de higiene suficientes y atención a la salud, entre otras cosas. En cada conflicto los jóvenes manifestaron que gran parte del problema se debía a la falta de escucha.

Finalmente, con dos módulos clausurados y pocos jóvenes alojados, ante la persistencia de los conflictos las actuales autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia decidieron disponer el cierre temporal del centro de recepción de Malvinas Argentinas, este mes de abril.

En todo este tiempo el accionar persistente de la CPM fue fundamental para resguardar los derechos de los jóvenes y visibilizar las vulneraciones permanentes. “Dado el nivel de violencia alcanzado en el dispositivo, la dificultad de adecuar el accionar de los operadores, las consecuencias palpables en la pérdida de la vida de tres jóvenes y la obstaculización de derechos de otros, sumado al agotamiento de las instancias judiciales incumplidas a repetición, entendemos que la decisión de esta gestión de cerrar temporalmente el dispositivo es acertada”, señalaron desde el organismo.