El fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, acompañó la recusación solicitada por los fiscales de la causa y solicitó el apartamiento de la jueza María Gabriela Marrón por obstaculizar la instrucción, entorpecer la búsqueda de la verdad y asumir facultades propias del Ministerio Público Fiscal. Tal como habían sostenido los fiscales Heim y Azzolín y la fiscala Silvestre, para De Luca la actuación de la jueza denota parcialidad e impidió avanzar en líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia Andar) “No practicó ninguna medida conducente, denegó las propuestas por la fiscalía, hizo perder un tiempo precioso a la pesquisa e incorporó elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”, sostuvo el fiscal general de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, en el dictamen que respalda el pedido de recusación de la jueza federal María Gabriela Marrón formulado por los fiscales que investigan la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

Por vía de recurso de queja, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin y la fiscala Iara Silvestre habían solicitado el apartamiento de la jueza federal por temor de parcialidad. Denunciaron que la magistrada ya adelantó su posición, avasalló facultades que corresponden al Ministerio Público Fiscal y, con sus decisiones procesales, entorpeció la investigación

Desde octubre del 2020, luego de conocerse los resultados de la autopsia y a partir de una interpretación sesgada de los resultados del informe pericial, todas las decisiones procesales de la jueza federal María Gabriela Marrón se dirigen hacia una única dirección: cerrar la investigación en la hipótesis de la muerte accidental. Según la jueza, Facundo Astudillo Castro murió ahogado cuando quiso cruzar el estuario de Bahía Blanca.

“La descripción de las circunstancias del caso en estudio no deja lugar a dudas respecto de que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen”, reconoció el Fiscal de la Casación Javier De Luca.

Sobre los motivos de recusación de Marrón, el más grave es la intromisión en facultades delegadas al MPF en tanto la jueza incluyó como elemento de prueba, un informe del Instituto Argentino de Oceonografía (IADO), que no había sido solicitado por los fiscales y que, además, resultaba improcedente por falta de experticia.

El informe firmado por el entonces Director del IADO, Eduardo Alberto Gómez, se realizó a partir de tareas de campo no encomendadas y concluye en un análisis sobre el modo en que Facundo podría haber muerto de manera accidental en el estuario.

“La medida más demostrativa de su parcial proceder fue la de suplir la actividad de los titulares de la acción penal pública al requerir unilateralmente un informe al IADO. Ello, con el único objetivo de reforzar su propia visión de los hechos”, agregó De Luca.  Y recuerda que la Casación todavía tiene que resolver el pedido de nulidad formulado por la fiscalía sobre esta medida de prueba.

Sobre este cuestionamiento, en el rechazo del pedido de recusación, primero Marrón y luego el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca Pablo Larriera, sostuvieron que la delegación de la instrucción en los fiscales no implica que el juez pierda la dirección del proceso. Casualmente, la orden para incorporar este informe fue la única ocasión en que la jueza ordenó diligencias probatorias en la causa.

El Fiscal de la Casación remarcó que la dirección de la investigación en esta causa está asignada al Ministerio Público Fiscal; por lo tanto, es este órgano quien debe elegir la dirección hacia dónde va a orientar su investigación y que deben recurrir al juez para ordenar ciertas medidas que pudiesen afectar garantías constitucionales. Sin embargo, aclara De Luca, “una cosa es el control de garantías, y otra el direccionamiento de la investigación delegada”.

Para De Luca esta intromisión de la jueza en las facultades delegadas exclusivamente a la fiscalía, no es más que la forma mediante la cual se viene produciendo algo mucho más grave: sus decisiones terminaron produciendo obstáculos y desvíos de la investigación hacia un único rumbo, el de su hipótesis. Y señala: “No puede dejar de observarse que ello ocurrió cuando se intentó avanzar en líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos”.

En ese sentido, el Fiscal de la Casación destaca que, a partir de la labor de la fiscalía, fueron verificadas una serie de circunstancias sobre la posible participación de la Policía de la provincia de Buenos Aires que merecían ser investigadas. Sin embargo, la jueza tuvo una actitud refractaria hacia las medidas de prueba solicitadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En octubre de 2020, los fiscales Heim y Azzolin habían solicitado nueve medidas, todas fueron rechazadas. Y agrega De Luca: “no sólo fueron rechazadas por la jueza, sino que además fueron calificadas como una “auténtica excursión de pesca” porque consideró que éstas conducirían el curso de la investigación hacía un “mundo de conjeturas”, según sus propias palabras”. En febrero de este año, solicitaron otras tres medidas de pruebas que también fueron rechazadas.

Sobre la evidente actitud de parcialidad de la jueza Marrón, el Fiscal ante la Cámara de Casación Federal recordó otro cuestionamiento que había sido advertido en su momento por los fiscales. Luego de solicitar el allanamiento a los domicilios de dos agentes policiales, y puesto que los efectivos ya contaban con abogados defensores en la causa, la fiscalía requirió la implementación del secreto de sumario: el pedido fue autorizado y el Juzgado de Marrón lo notificó digitalmente, pero no ocultó esa notificación en el sistema. A su vez, desde la solicitud efectiva del allanamiento la jueza dejó pasar doce días hábiles sin emitir ningún tipo de respuesta al respecto.

“En resumidas cuentas, dejó vencer el secreto de sumario y notificó a las defensas al momento de rechazar las medidas de coerción. Es decir, adoptó una actitud totalmente incompatible con la debida en la etapa de investigación, con grave perjuicio a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva”, explicó De Luca.

En el dictamen ante la Cámara Federal de Casación, el fiscal también remarcó que el hecho que se investiga en esta causa implica una gravedad institucional debido a que se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino por la posible grave violación a los derechos humanos.

Antes de conocerse el dictamen del fiscal De Luca, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querellante institucional, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, también habían acompañado el pedido de recusación formulado por la fiscalía por vía de queja ante la Casación.

“Este dictamen, que esperamos sea tenido en cuenta por los miembros de la sala de Casación, representa un contundente aval y reconocimiento al trabajo de la fiscalía y las querellas, que da por tierra cualquier intento, mediático y judicial, por intentar clausurar la investigación y que, al mismo tiempo, vuelve a dejar en evidencia que hay pruebas en el expediente para avanzar en la investigación sobre la intervención estatal en la circunstancia en que Facundo desapareció y murió”, destacaron desde la CPM.