El organismo internacional respondió a la solicitud de la Comisión por la Memoria (CPM) que, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó una medida cautelar urgente. Francisca es una mujer indígena, migrante del Estado Plurinacional de Bolivia, que puede perder el vínculo con sus hijos. Fue separada compulsivamente de sus cuatro niños en 2018 sin que la justicia argentina tuviera en cuenta su contexto de pobreza y violencia de género.

ANDAR en la justicia

(Agencia Andar) A Francisca Herrera Cusi la separaron de sus hijos e hijas en 2018 por decisión del Tribunal de Familia 1 de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. María Marta Nieto. Ahora se encuentran en proceso de adoptabilidad a pesr de que ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para volver a verlos y revincularse con ellos. En su carácter de Mecanismo local de prevención contra la tortura, la CPM presentó ante la CIDH una medida cautelar por encontrar que en este caso el Estado y la Justicia argentina están vulnerando los derechos de la mujer indígena y de los niños y niñas a partir de una intervención discriminatoria, patriarcal y clasista.

Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió enviando al Estado Argentino una solicitud de información en relación a la situación de Francisca que debe cumplir en un plazo de 15 días. El organismo internacional se encuentra evaluando el posible otorgamiento de las medidas cautelares y también pidió a la CPM la ampliación de algunos datos.

Contra Francisca y quien era su esposo, Sacarías Rengifo Perales, pesa una sentencia basada en la presunción de maltrato y cuidado negligente de las y los niños que fueron inmediatamente institucionalizados. El problema surgió cuando la jueza Nieto impidió el acercamiento y contacto con su madre que concurrió en varias oportunidades a la “Casa del Niño”, llevando comida y frutas que tuvo que dejar en la puerta del hogar porque no la dejaron entrar. Francisca insistió y hasta fue acompañada por el Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia con asiento en Comodoro, sin encontrar respuesta.

El contexto cultural, económico y de vida de Francisca nunca fue tenido en cuenta por la jueza Nieto ni por ninguna de las instituciones estatales que acompañaron el proceso. Existen en la causa pruebas y testimonios que demuestran que la mujer y sus niñes se encontraban en una situación de violencia física, simbólica, económica que se traducía en un entorno de extrema pobreza.

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