Fabián Gorosito de 22 años apareció muerto en un descampado de Mariano Acosta, municipio de Merlo en 2010. El 29 de agosto de 2013 los jueces del TOF Nro. 5 de Morón, Carlos Thompson, Susana De Carlo y Angélica Parera, absolvieron a 11 policías y una particular acusados de tortura y tortura seguida de muerte.

Los agentes fiscales del Departamento Judicial de Morón y los Dres. Alfonzo, abogados de los Damnificados presentaron recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Criminal nº 5 de Morón.

Tanto el recurso de la Fiscalía como el de los particulares damnificados manifiestan que el Tribunal realizó una “absurda valoración de la prueba que fuera utilizada para arribar al pronunciamiento” cuestionado, configurándose  así la infracción jurídica.

En la apelación también hacen mención a la falta de publicidad que tuvo el debate, al haber estado prohibido el registro y la toma de imágenes, incurriendo así en la violación del principio de publicidad de las audiencias, aspecto fundamental del juicio oral.

Los fiscales y abogados plantean la falta de imparcialidad que hubo en el desarrollo del debate. Entre otras irregularidades, quedó registrado que el juez Carlos Thompson intentó introducir pruebas a favor de los imputados. Este hecho fue rápidamente impedido por la Fiscalía y los abogados de los particulares damnificados, interponiendo los recursos correspondientes. También denuncian que los testigos debieron responder a interrogatorios incisivos, recurrentes, con preguntas inconducentes y sin conexión con lo investigado, al igual que el uso indiscriminado de las reservas como mecanismo de desgaste.

En los argumentos de la sentencia, los jueces utilizaron permanentemente eufemismos para interpretar  las situaciones manifiestamente delictivas de los imputados, y la pretendida justificación y comprensión por los procedimientos llevados a cabo.

Otra de las irregularidades señaladas por los abogados fue la participación del perito de parte Juan José Fenoglio. Se trata de un médico que se presentó como “trabajador del Ministerio de Seguridad en tareas administrativas”, sin anunciar que desde el año 2006 es comisario inspector y que habría estado a cargo de la Dirección de Sanidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su condición de agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en actividad lo hace totalmente incompatible para realizar peritajes en defensa de policías procesados, tal como lo establece la ley 13.982 que regula al personal de la policía de la provincia de Buenos Aires y que en su artículo 12 inciso “c”,  establece las prohibiciones, entre otras, la de “patrocinar trámites y gestiones administrativas o judiciales referentes a asuntos de terceros que se encuentren o no oficialmente a su cargo, vinculados con la Institución”.

Respecto de Fenoglio, el Tribunal llegó a cambiar en el acta de debate la figura de “perito de parte” a la de “testigo calificado”, para no poder imputarlo ni procesarlo por falso testimonio. Fenoglio ya había actuado como perito de parte en el juicio que absolvió a los policías implicados en el asesinato de Gastón Duffau.

El recurso de casación fue acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que solicitó una audiencia a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para “manifestar preocupación por las diversas irregularidades que advertimos durante el desarrollo de las audiencias”. El pedido se realizó mediante una nota firmada por Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, copresidentes de la CPM.

La Dirección de Litigio Estratégico de la CPM concurrió en carácter de veedor a las audiencias de debate desarrolladas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de Morón, en la causa Nro. 2661, caratulada “Nieva Juan Pablo s/ tortura seguida de muerte”. En la misma se encontraban imputados once policías pertenecientes a la Comisaría 6ta. de Merlo por privación ilegítima de la libertad y torturas que afectaron a tres víctimas y por los mismos delitos seguidos de muerte en el caso del joven Fabián Gorosito, ocurridos en Agosto de 2010.