La asamblea “lxs vecinxs autoconvocadxs contra Parex-Klaukol” venía denunciando amenazas y amedrentamiento. El último de esos episodios, el más brutal y temerario, fue perpetrado el jueves pasado contra Susana Aranda: mientras le apuntaban con una pistola, la obligaron a ingerir dos baterías de calculadora. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)–La Matanza y vecinos autoconvocados contra la CEAMSE y el CARE de Gonzalez Catán acompañan a la activista ambiental y convocaron a una conferencia para reclamar que se dé con los responsables del ataque y que se tomen medidas urgentes para acabar con la contaminación que produce la cementera. El gobierno municipal se comprometió a recibirlos.

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(Agencia) “Me dieron a elegir plomo o tragar baterías”, declaró Susana Aranda. Dos sujetos la abordaron en la vía pública y a plena luz del día; le apoyaron un arma en la cabeza y la obligaron a ingerir dos baterías altamente dañinas para el cuerpo humano. A una semana del hecho, Susana sigue en tratamiento para revertir los efectos que produjo en su estado de salud. Los compañeros de la activista denunciaron que, lamentablemente, este caso no es un ataque aislado. En el 2009 los vecinos del barrio Las Mercedes comenzaron a reclamar por un ambiente digno ante la manifiesta contaminación ambiental que producía —y sigue produciendo— la cementera Parex-Klaukol, desde entonces vienen sufriendo amenazas y agresiones.

“Hace un par de años, Susana ya había denunciado al mismo hombre que la atacó ahora y nadie hizo nada. El hecho es grave, estuvo en riesgo su vida, pero el hostigamiento por parte de personas vinculadas a la empresa es permanente”, relató Hugo Osores, integrante del grupo de autoconvocados contra la CEAMSE y el CARE. La causa, ahora, está en la Justicia: el abogado de la APDH-La Matanza, Pablo Pimentel, requirió que se considere el ataque como intento de homicidio y también pidió que se reconozcan la existencia de las 21 denuncias previas por hostigamientos y agresiones.

“Yo no tendría que estar acá. Si estamos haciendo esta conferencia es porque, en todos este tiempo, no obtuvimos respuesta ni políticas, ni judiciales, ni administrativas”, dijo Susana Aranda, durante la conferencia de prensa que se realizó ayer en San Justo y contó con la presencia de organizaciones sociales, políticas y culturales que dieron cuenta del amplio entramado de instituciones que acompañan la lucha de lxs vecinxs autoconvocadxs contra Parex-Klaukol.

Luego de la conferencia, los asambleístas fueron recibidos por el Secretario General de Gobierno de La Matanza, quien se comprometió a transmitir este reclamo ante la secretaria de producción, Débora Giorgi. “Tenemos un largo camino recorrido y las respuesta siempre fue a través de la movilización. Celebramos esta posibilidad pero, hasta no tener algo concreto, seguimos siendo bastante escépticos porque eso nos demuestran estos años de lucha, el poder político actuó en connivencia con la empresa”, sostuvo Hugo Osores.

Durante todo este tiempo, la amplia protesta de los asambleístas logró que se realicen estudios ambientales que permitieron comprobar los altos niveles de contaminación, su vinculación con la actividad de la fábrica y la relación de causalidad con las enfermedades que padecían los vecinos del barrio: deterioro de las vías respiratorias, enfermedades en la piel y en los ojos, y también se detectaron casos de cáncer.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable era, en principio, el órgano que debería controlar el funcionamiento de este tipo de industrias; sin embargo, adujo falta de competencia. Y las denuncias recayeron en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR); el análisis sobre el agua que consumen los vecinos de Las Mercedes  determinó la presencia de plomos pesados, mucho de los cuales están prohibidos en nuestro país. Al mismo tiempo, se realizaron estudios médicos a 74 niños y niñas del barrio, en todos ellos se constató la existencia de plomo en sangre y se constató que no tenían los parámetros adecuados de desarrollo intelectual y físico para su edad.

A pesar de los episodios de amenazas y agresiones que vienen sufriendo, la asamblea “lxs vecinxs autoconvocadxs contra Parex-Klaukol” mantiene desde marzo un acampe al costado de la planta para concientizar sobre la grave crisis ambiental y presionar a las autoridades judiciales y políticas para que tomen las medidas necesarias para revertir esta situación. En ese sentido, en el expediente que tramita en el Juzgado N 1 de Morón está asentados todos estos estudios, se reconoce incluso que la empresa no cuenta con las adecuadas medidas de seguridad ambiental y, sin embargo, no hay todavía una resolución que ponga fin al padecimiento de los vecinos del barrio Las Mercedes.

“Susana es querellante en esta causa penal y es perseguida por su lucha, por pedir que se respeten los derechos de todos los vecinos. Lamentablemente, el poder judicial —en connivencia con la empresa y ante el silencio de las autoridades municipales y provinciales— desestima este justo reclamo”, explicó Hugo Osores. Y agregó: “Nosotros exigimos que se investigue el ataque contra Susana para condenar a los responsables y seguiremos pidiendo la erradicación de Parex-Klaukol”.

Para Osores, la situación con la cementera transnacional se inscribe en un contexto más amplio: “la megaminería, la sojización que envenena a los pueblos agrícolas y, en los centros urbanos, la contaminación que producen los rellenos sanitarios. Estos reclamos forman parte de la lucha de los sectores populares por el respeto al medio ambiente y el derecho a vivir dignamente”, cerró Osores.