El programa Justicia por crímenes de lesa humanidad de la CPM entregó, durante todo el año, documentación clave a tribunales de 9 provincias y de la Capital Federal. Sólo para la causa de las víctimas de 1977 que permanecieron secuestradas en la ex ESMA fueron aportados más de 300 fichas y documentos de la ex DIPPBA.

ANDAR en los juicios

(Agencia) “Lo que hace que tenga tanto valor y tanta fuerza este tipo de documentos es que proceden de un archivo que fue entregado a la Comisión Provincial por la Memoria para su custodia y que fue realizado y utilizado por la policía bonaerense. El origen del archivo es lo que le da mayor valor y nosotros somos los encargados de velar por la cadena de custodia de estos materiales”, destaca Claudia Bellingeri, directora del programa Justicia por crímenes de lesa humanidad.

Durante 2014 se presentaron ante tribunales federales de todo el país 23 informes con centenares de legajos, fichas, informes y fotografías que la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró y utilizó para la persecución y secuestro de personas durante la última dictadura, y cuyos casos están siendo ventilados en el fuero penal desde hace una década. Los tribunales que recibieron documentación durante 2014 son de las provincias de Formosa, Salta, Jujuy, La Rioja, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Corrientes, además de los de Comodoro Py en Capital Federal.

En la causa que se juzgó a los responsables por el asesinato de Monseñor Angelelli, y cuyo debate oral y público se llevó a cabo en La Rioja, la CPM aportó una ficha de la ex DIPPBA a nombre de Angelelli y 18 legajos sobre su persecución en los que se lo describe como un religioso “con una clara y desembozada política ultraprogresista dentro de las corrientes internas de la iglesia”.

El archivo de la ex DIPPBA contiene 12 tomos o volúmenes con centenares de fichas, legajos e informes de inteligencia, exclusivamente referidos a la persecución de sacerdotes del tercer mundo en Argentina. Esos registros no comenzaron en 1976 sino en 1968, cuando nació en Medellín el movimiento renovador dentro de la Iglesia Católica y del cual Angelelli fue una de las principales expresiones en el país.

Con respecto al juicio por los crímenes cometidos en la jurisdicción de la Armada en Bahía Blanca, fueron aportados 164 documentos de DIPPBA y Prefectura Naval Argentina que prueban las tareas de seguimiento y persecución de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas sobre las víctimas de la represión en la ciudad del sur bonaerense.

Asimismo, 25 documentos policiales fueron entregados como pruebas contra los miembros de la VII Brigada Aérea de Morón, en el marco de la causa por el centro clandestino conocido como Mansión Seré.

Cabe destacar el valor documental de las 2.000 fojas que integran el dossier elaborado para la Comisión por la Verdad de Brasil en torno al espionaje policial sobre ciudadanos del país vecino realizado por la Policía Bonaerense y su agencia de inteligencia. La información da cuenta de la persecución policial, en el marco del Plan Cóndor, a militantes y políticos brasileros exiliados en argentina y tiene un apartado especial con información que la DIPPBA recogía sobre el ex presidente de Brasil, João Goulart, exiliado luego del golpe de Estado de 1964 y fallecido en el noreste argentino en 1976.

Entre otros aportes a tribunales federales, hubo 60 legajos sobre los trabajadores desaparecidos de las fábricas Lozadur, De Carlo y Cattaneo, que muestran la lucha por el salario en plena dictadura; además, fichas y legajos con firmas de puño y letra que confirman la existencia del centro clandestino de la localidad de Morse y que fueron integrados a la causa que investiga los delitos cometidos en Junín durante la última dictadura. A la causa de Junín también se entregaron 13 fotografías de personas que se encontraban privadas de su libertad; estos registros constituyen la prueba más contundente de la permanencia de las víctimas en un centro clandestino.

Por otra parte, se remitieron 78 registros documentales bajo el sello de “confidencial y secreto” sobre las organizaciones de asistencia a exiliados, comités de solidaridad y organismos de derechos humanos, en el marco del juicio por el denominado Plan Cóndor.

Datos sobre el archivo documental

El archivo de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) es un extenso y pormenorizado registro de espionaje político–ideológico sobre hombres y mujeres a lo largo de medio siglo y cuenta con aproximadamente 4 millones de fojas. La DIPPBA fue creada en agosto de 1956 y funcionó hasta que, en el contexto de una reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el año 1998, fue disuelta y cerrado su archivo. En diciembre del año 2000, el gobierno provincial transfirió el Archivo a la Comisión Provincial por la Memoria para que hiciera de éste un “centro de información con acceso público tanto para los afectados directos como para todo interesado en desarrollar tareas de investigación y difusión” (Ley 12.642).

Por la misma ley el Archivo fue desclasificado y está bajo custodia y gestión de la Comisión por la Memoria. En octubre de 2003 se abrió al público, y desde entonces los documentos del archivo sirven de aporte para las causas judiciales contra los responsables de delitos de lesa humanidad, la averiguación de datos referentes a las personas y la investigación histórica y periodística.