Desde la implementación del protocolo antipiquetes, una de cada tres manifestaciones fue reprimida; una política represiva planificada, que además tuvo rasgos de selectividad y se empleó con mayor frecuencia en movilizaciones de organizaciones piqueteras y partidos de izquierda. “Esta violencia represiva estatal afecta derechos constitucionales y tiene una implicancia negativa y regresiva sobre principios democráticos esenciales, construidos mayoritariamente por el pueblo argentino en las últimas cuatro décadas”, señala la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el informe especial sobre el monitoreo a la represión de la protesta social que realiza en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura.

ANDAR en la movilización

(Agencia) Durante el último año, la aplicación del protocolo antipiquete estuvo marcada por enormes operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes en todas las movilizaciones para disputar el espacio público, vigilar, intimidar y reprimir la protesta social. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de las movilizaciones tuvieron episodios represivos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad; es decir, una de cada tres manifestaciones fue reprimida. Además, 1.216 personas fueron heridas por la represión, dos de ellas perdieron la visión de un ojo, y 93 fueron detenidas arbitrariamente.

Estos datos forman parte del informe especial Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas que presentó la Comisión Provincial por la Memoria, y documenta lo relevado en el monitoreo durante 60 movilizaciones que tuvieron lugar en CABA y la provincia de Buenos Aires. Esa labor de monitoreo se realizó de manera conjunta con el Comité nacional para la prevención de la tortura y el Mecanismo local de CABA.

La búsqueda de aplicación de este protocolo produjo el resultado paradójico de que sean las mismas fuerzas policiales las que en muchos casos produjeron el corte de las vías de circulación. Esto se dio por ejemplo al tratar de desviar el ingreso de columnas de manifestantes o al vallar el acceso a las inmediaciones del Congreso de la Nación, que fue el epicentro de gran parte de las manifestaciones, en particular aquéllas en que se reprimió.

Este dato se complementa con otro aspecto relevante: la desproporción y falta de razonabilidad de la intervención estatal en manifestaciones que se realizaban de manera pacífica o que incluso no eran grandes en cantidad de personas.

El informe remarca que en 27 manifestaciones actuaron de manera conjunta entre 3 y 5 fuerzas, y señala también la militarización del espacio público con el uso de fuerzas intermedias como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que forman parte del sistema de defensa nacional, cuyo objetivo principal es la defensa del territorio nacional. Si se lo cruza con el dato de las represiones: Gendarmería estuvo en 10 de los 17 hechos represivos y Prefectura en 9. Además, la CPM advirtió que en 42 de las 60 movilizaciones monitoreados se registró la presencia de personal policial y de las fuerzas de seguridad portando armas de fuego, a pesar de estar expresamente prohibido usarlas en el contexto de movilizaciones.

Del total de 1.216 heridos en las 17 manifestaciones reprimidas, 98 (8%) son trabajadores y trabajadoras de diferentes medios de comunicación, y 24 son defensores de derechos humanos que cumplían la tarea de monitoreo en las movilizaciones. Por otro lado, se registraron personas heridas que conforman los grupos especialmente vulnerables como adultos mayores, al menos 42 casos, y cuatro niños, niñas y jóvenes de entre 9 y 17 años.

Entre esas víctimas, está una nena de 10 años que fue gaseada en la cara cuando estaba arrodillada junto a su mamá sobre el pavimento. Un hecho que, durante las primeras horas posteriores, fue utilizado por el Ministerio de Seguridad de Nación para lanzar una campaña mediática en donde, con imágenes falsas, acusaban de la agresión a integrantes de la CPM y del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios.

En el desarrollo de las movilizaciones en las que hubo episodios represivos, las fuerzas de seguridad detuvieron a 93 personas, la mayoría bajo la figura de atentado y resistencia a la autoridad. Sin embargo la represión del 12 de junio, durante la marcha contra el tratamiento de la Ley Bases, marcó una nueva modalidad político-judicial agravada de penalización de la protesta social; ese día, 33 personas fueron detenidas e imputadas en la justicia federal por los delitos de terrorismo, sedición y golpe de Estado.

Dos de ellas permanecieron más de tres meses detenidas en la cárcel de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal; cinco continúan aún hoy procesadas. La mayoría denunciaron sufrir torturas y/o malos tratos durante la detención y fueron interrogados para qué digan a qué organización política pertenecían.

Sobre lo registrado aquel día, el informe describe: “Las detenciones fueron arbitrarias y muy violentas, a personas de distinta procedencia y ocupación que por diversas razones estaban allí o bien circulaban por lugares alejados a la manifestación. Vendedores ambulantes de empanadas y choripanes, una profesora de historia, investigadores, estudiantes universitarios, personas en situación de calle, una persona con padecimiento mental, un fotógrafo y algunos militantes que se retiraban del lugar integraron el grupo de detenidos”.

A la política de represión y criminalización de la protesta que habilitó la aplicación del protocolo antipiquetes, se suma el intento de reformas regresivas en materia penal como el agravamiento de la pena del delito de atentado y resistencia a la autoridad, que dejaría ser de un delito excarcelable. O la incorporación del artículo 194 bis, en relación al delito de impedir, entorpecer o estorbar las vías de comunicación, que hace sujeto de sanción a cualquiera que preste algún tipo de colaboración para la realización de las manifestaciones.

También en materia de inteligencia ilegal hubo un grave retroceso; la resolución 943/23 habilitó la identificación mediante filmaciones de los manifestantes y los artículos 8 y 12 permiten la construcción de registros de las organizaciones y manifestantes. Todo esto representa la habilitación de tareas de inteligencia y la construcción de bases de datos ilegales. De acuerdo al informe de la CPM, en 34 de las 60 movilizaciones monitoreadas se registraron prácticas asociadas a tareas de inteligencia como video-filmación de las y los manifestantes, personal de civil y sin identificación, o infiltrado en las movilizaciones.

Tanto por las expresiones y definiciones emitidas por las autoridades del poder ejecutivo como las modificaciones normativas evidencia la planificación de esta política represiva. Como señala la CPM en el informe, una política para el control del espacio público que busca desalentar la protesta. Los organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH, ya alertaron al Estado argentino por el evidente incumplimiento del deber de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas.

“La decisión política del gobierno nacional de apelar a la violencia represiva estatal para imponer políticas que han profundizado la pobreza, la indigencia, la desigualdad y la afectación de derechos elementales para una vida digna debe alertarnos sobre la implicancia negativa y regresiva que impacta sobre principios democráticos esenciales, construidos mayoritariamente por el pueblo argentino en las últimas cuatro décadas”, concluye el informe de la CPM. Y cierra: “En estas violencias anida el ‘huevo de la serpiente’ del autoritarismo que debilita a la democracia hasta dejarla sin vida. De continuar este camino será mera retórica, vacía de lo sustantivo que es garantizar el derecho a tener derechos”.