En la CPM, hace años que trabajamos en contextos donde estas realidades emergen cotidianamente. En el sistema de encierro, en el ámbito judicial, en los espacios educativos y de salud las prácticas violentas se conjugan con una producción discursiva que desde lo simbólico contribuye a profundizar y legitimar esa desigualdad.

Es preciso promover políticas públicas integrales, transversales y articuladas que tiendan a la asistencia integral de las víctimas. Asumiendo y haciendo valer, además, la responsabilidad de aplicar la jurisprudencia correspondiente en función de su adhesión a los tratados y protocolos internacionales vinculados a la protección de los derechos humanos.

En la provincia de Buenos Aires no se ven reflejadas las decisiones de políticas para hacer frente a una problemática que afecta a gran parte de la población. A nivel nacional, la Ley de Protección Integral de la Mujer y la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas son algunas de las grandes deudas de nuestra democracia.

Desde la CPM consideramos que sin políticas públicas reales y en ejercicio, sin un accionar de la Justicia efectivo y ágil, y sin control efectivo del cumplimiento de todas y cada una de las leyes que protegen los derechos de las mujeres las acciones y reproducciones culturales no van a modificarse, y persistirá un modelo patriarcal, de opresión, de violencia y marginación.

Cuando en las cárceles las mujeres dan a luz en condiciones denigrantes,

cuando la justicia no escucha y ni reconoce la desigualdad de que son víctimas las mujeres,

cuando las instituciones del Estado no contienen debidamente a las mujeres víctimas,

cuando la escuela promueve discursos y prácticas discriminatorias por la condición de género,

cuando el sistema de salud impone conductas y valores en las decisiones personales sobre el cuerpo,

la violencia de género también es violencia institucional.

Por la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones la CPM dice NI UNA MENOS.