El lunes 2 de septiembre, al cumplirse dos años y seis meses de la masacre de Pergamino, comienza el juicio oral y público contra seis policías imputados por la muerte de 7 jóvenes en la comisaría 1ª. Para el Ministerio Público Fiscal y las querellas, los agentes que estaban de servicio la tarde noche del 2 de marzo de 2017 desoyeron los pedidos de auxilio, no hicieron nada para detener el fuego a pesar de tener la capacidad para hacerlo y luego entorpecieron la labor de rescate de los bomberos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a cinco de las siete familias de las víctimas. Al finalizar la audiencia, familiares brindarán una conferencia de prensa junto a Adolfo Pérez Esquivel y Víctor de Gennaro, integrantes de la CPM que estarán en la primera jornada.

ANDAR en Pergamino

(Agencia Andar) El 2 de marzo de 2017, siete jóvenes de entre 18 y 27 años murieron asfixiados y quemados en la comisaría 1ª de Pergamino. Sólo dos días después, cuando las víctimas todavía estaban siendo veladas, vecinos y vecinas movilizaron por primera vez por las calles de la ciudad. A la semana, familiares, amigos y amigas de los jóvenes también marcharon; desde entonces no se detuvieron, y ninguno lleva la cuenta de cuántas marchas y actos fueron. Dos años y medio después, la causa por la masacre de Pergamino llega a los tribunales: ¿Y si la justicia escucha el reclamo de las calles?

“Salir a la calle siempre fue muy importante. Esa movilización nos mantuvo en pie, a pesar del dolor. No pudimos dejar de salir cada vez que había una marcha, salí cada 2 de mes, a veces incluso estando enferma. Si no salía sentía que le estaba fallando a mi hijo”, dice Silvia Rosito, mamá de Fernando Latorre. “Cuando vemos que muchas otras víctimas de la violencia estatal no llegan a juicio o esos procesos se demoran muchos años o hay problemas en la instrucción, nos convencemos que fue la lucha en la calle lo que hizo posible llegar a este juicio”, agrega Andy Filiberto, hermana de Sergio, otra de las siete víctimas.

Silvia recuerda un comentario que le hizo una de esas personas que estuvo en la primera marcha sin familiares: “Sin ustedes no hubiésemos seguido”; ella asegura: “Para nosotros es lo mismo, sin ellos no hubiésemos llegado hasta acá. Esa solidaridad nos ayudó a mantener este camino”.

Ese camino no fue fácil: en las primeras movilizaciones, las familias tuvieron que soportar la indiferencia de una parte de la sociedad, incluso fueron señaladas con crueldad, tuvieron que habituarse a un discurso social que, a fuerza de años de políticas punitivistas, se fue arraigando en la sociedad: “Se lo merecían por chorros”. Llevó mucho tiempo quebrar esos prejuicios. “Sentimos que en estos años logramos algunas conquistas: logramos revertir la versión policial, que nuestros hijos estaban al cuidado del Estado y que no tenían que morir de esta manera”, dice Silvia.

También fue difícil atravesar el proceso judicial: recién un mes después de los hechos se ordenó la detención de los policías, cuando las pruebas ya se amontonaban en el expediente. Pero eso no fue todo, el comisario Donza, máxima autoridad de la dependencia policial, estuvo prófugo 14 meses. “Los hemos visto en varias audiencias, ninguno mostró nunca algún signo de arrepentimiento o compasión”, precisa la mamá de Fernando.

El próximo lunes 2 de septiembre, cuando se cumplan dos años y seis meses de la masacre de Pergamino, comenzará el juicio oral y público; los policías que estaban de servicio aquel 2 de marzo de 2017 Brian Carrizo, Alexis Eva, Matías Giulietti, Carolina Guevara, Sergio Rodas y el entonces comisario Alberto Donza están imputados por abandono de persona seguido de muerte. Los seis fueron desafectados de la fuerza y están con prisión preventiva; sólo Eva y Donza esperan el juicio en prisión, el resto está con arresto domiciliario.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino, integrado por Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, deberá determinar la responsabilidad penal de los ex policías por las muertes de Sergio Filiberto, Fernando Latorre, John Claros, Alan Córdoba, Federico Perrota, Juan José Cabrera y Franco Pizarro. Todos detenidos con prisión preventiva, algunos llevaban varios meses en la dependencia.

El 2 de marzo de 2017 había 20 personas detenidas en la comisaría 1ª de Pergamino, alojadas en una dependencia policial que no reunía las condiciones indispensables para albergarlas de manera digna y mucho menos por un lapso prolongado. En esas circunstancia se inicia una discusión entre dos detenidos que terminó rápidamente; sin embargo, los policías que estaban de servicio decidieron encerrar a todos en las celdas.

Los internos comenzaron a pedir que les abran las rejas, que no había razón para tal castigo; al no ser escuchados en sus reclamos, prendieron fuego un pedazo de colchón y lo tiraron al pasillo, los policías vieron cómo el fuego iba creciendo y abandonaron el lugar: desoyeron los gritos de auxilio, no hicieron nada por controlar el incendio y, finalmente, entorpecieron la labor de rescate de los bomberos.

Ese es el relato que surge de las declaraciones de los sobrevivientes y los bomberos que constan en la instrucción judicial. “Hay muchas pruebas para llegar a una condena. Creemos que no sólo está comprobado el abandono sino que todo lo que los policías hicieron y lo que no hicieron ese día demuestra que tuvieron la voluntad de producir el daño que hicieron”, remarca Andy Filiberto.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a cinco de las sietes familias de las víctimas. “Este juicio es importante porque estamos cerca la posibilidad de hacer justicia por las 7 víctimas de la comisaría 1ª de Pergamino, pero también para que algo empiece a cambiar respecto de las condiciones y los trataos inhumanos y crueles que sufren las personas detenidas en comisarías y cárceles”, señala Margarita Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.

El lunes al finalizar la primera audiencia, el colectivo “Justicia por los 7” junto al presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel y el integrante del organismo Víctor de Gennaro brindarán una conferencia de prensa frente a los tribunales de Pergamino, calle Pinto 1251, para renovar ese reclamo que, desde el primer momento, estuvo en la calle.

“Ningún juicio va a reparar mi vida porque Fernando no va a volver, pero la justicia puede ser reparadora para la sociedad, para que haya un antes y un después de esta masacre en la ciudad”, expresa Silvia Rosito. “Necesitamos que este juicio marque un precedente por esos otros pibes que están detenidos en permanentemente en peligro”, agrega Andy.