En 2018 se abrieron 4.872 causas por hechos de violencia institucional; en más de la mitad de esos casos ni siquiera se identificó al responsable y sólo hay 80 imputados. Las víctimas son en su gran mayoría jóvenes y en la justicia las torturas siempre se caratulan como apremios ilegales o vejaciones, delitos con penas de expectativa bajas. La impunidad ampara la violencia. Los datos surgen del primer informe del Registro de investigaciones penales por hechos de violencia institucional, que fue creado en 2017 por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó aportes, en el marco de una mesa de diálogo, para su mejora.

Foto: SADO colectivo

ANDAR en la provincia

(Agencia Andar) No es ninguna novedad: la violencia que despliegan las fuerzas de seguridad en la calle y en los lugares de encierro descansa sobre otra violencia que se trama en la justicia, la impunidad que garantiza la continuidad de estas prácticas. Al mismo tiempo, el recrudecimiento constante de las políticas de seguridad promueve y legitima la violencia como modo de resolución de los conflictos.

El primer informe del Registro de investigaciones penales por hechos de violencia institucional (RVI) confirma la crisis del sistema penal en sus dos extremos: las violaciones a los derechos humanos y la falta de justicia para sus víctimas. Durante el 2018 en la provincia de Buenos Aires se abrieron 4.872 causas penales; es decir, más de 13 causas por día. A pesar de la magnitud de ese número, sin lugar a dudas, se trata de un subregistro: hay muchas otras prácticas violentas de las fuerzas de seguridad que no llegan a denunciarse.

Más de la mitad de los hechos denunciados, el 52% para ser precisos, ocurrieron en lugares de encierro: cárceles, comisarías, centros de detenciones para jóvenes y hospitales monovalentes. Sólo para tener una idea de la dimensión de este dato: en promedio se denunciaron 4 hechos por día en cárceles y 2 en comisarías. Otro más: en 57 de los 64 establecimientos carcelarios se denunció, por lo menos, un hecho de violencia institucional.

La ley 14.687 sancionada en 2014 promovía la creación de Unidades funcionales de instrucción y juicio especializadas en violencia institucional y de un registro de las actuaciones judiciales en estos hechos. A cinco años de su sanción, las fiscalías especializadas no se crearon, apenas se pusieron en marcha algunas ayudantías. El Estado sólo cumplió con la implementación del registro: el RVI fue creado en 2017 por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. En el marco de la mesa de diálogo con la Procuración, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó aportes para mejorar este instrumento.

Este registro es una herramienta pública esencial porque permite conocer cómo y con qué resultados la justicia investiga la violencia institucional. Una mirada de la justicia sobre sí misma que, a partir de los datos del primer informe, demuestran la poca, casi nula, capacidad de intervención.

En las 4.872 causas iniciadas en 2018 fueron registrados 6.334 delitos: solamente 6 fueron tipificados como tortura y 21 como homicidio agravado por ser miembro de fuerza de seguridad. Como contraparte, más del 60% de las investigaciones penales fueron tipificadas como vejaciones, apremios ilegales o abuso de autoridad; es decir, delitos con penas de expectativa bajas y excarcelables.

Peor aún, sólo en 1.978 casos la investigación penal tiene identificado al presunto autor de estos hechos y sólo 80 fueron imputados, de ellos 24 están detenidos, el resto continúa en libertad.

Mientras tanto en más de la mitad de las causas ni siquiera se llegó a individualizar al o los/las responsables de los delitos denunciados. El destino habitual de estas investigaciones será el archivo de la causa y la impunidad.

En ese sentido, las tendencias son bastante elocuentes. Al 1º de febrero de este año, 1.553 de las 4.872 investigaciones penales habían finalizado, sólo 40 fueron elevadas a juicio. El resto fueron archivadas, se desestimó la denuncia o se declararon incompetencias. Estos resultados generan que los casos que se denuncian, son muchos menos de los que efectivamente ocurren. Ante la falta de investigación y sanción, las víctimas no denuncian por no encontrar sentido a esta actividad y el temor a las represalias de los victimarios.

Muchas veces, aún en su brutalidad, los números poco sirven para graficar la crueldad porque detrás de los números hay víctimas y muchas de ellas ni siquiera recibirán un acto reparatorio de la justicia. Las 4.872 causas iniciadas que registran 6.334 delitos fueron denunciados por 4.320 víctimas, la mayoría son jóvenes. De ese total, 318 son niños, niñas y adolescentes.

El Servicio Penitenciario Bonaerense despliega la violencia en las cárceles y la policía lo hace en comisarías, en la vía pública y en domicilios particulares. En la justicia esas violencias se silencian y olvidan. Violencia e impunidad amparadas por las políticas públicas en materia de seguridad que, casi sin reparos, promueven la arbitrariedad, ilegalidad e incluso letalidad en el accionar de las fuerzas de seguridad.

El RVI registró 118 muertes ocurridas en cárceles y comisarías y 48 muertes producidas por fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Una vez más, estos datos son sólo un subregistro. Sólo como una muestra, en su último informe anual, la CPM denunció 12.421 hechos de torturas y 120 casos de uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Sin condena no hay reparación para las víctimas y perpetúa institucionalmente un sistema de la crueldad que viola sistemáticamente los derechos humanos.