En marzo de este año, la jueza de garantías del joven de Mar del Plata María Fernanda di Clemente hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por detenciones ilegales y arbitrarias de niños, niñas y adolescentes (NNA). En la presentación original se denunciaba la permanencia por tiempo prolongado de NNA en patrulleros y la falta de aviso a las autoridades del servicio local de niñez. Seis meses después de la sentencia, se realizó la primera audiencia de ejecución del fallo y se constató la continuidad de esta práctica policial.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) En marzo de 2017, dos adolescentes que circulaban en una moto fueron embestidos por un móvil del Comando de Patrullas; los esposaron y golpearon, y los mantuvieron detenidos en el patrullero hasta que llegaron los padres. Nunca dieron aviso a los órganos del sistema de promoción y protección integral de los derechos de NNA, y les iniciaron una causa por resistencia a la autoridad.

Ese hecho motivó la presentación de un habeas corpus colectivo por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que reclamaba el fin de las intervenciones arbitrarias e ilegales desplegadas por miembros de las fuerzas de seguridad. En ese mismo escrito, se denunciaba que luego de la aprehensión los NNA permanecían durante varias horas privados de su libertad en los patrulleros o eran trasladados a comisarías inhabilitadas para alojarlos.

En 15 de marzo pasado, justo dos años después del hecho que originó la intervención de la CPM, la titular del Juzgado de Garantías del Joven 2 de Mar del Plata, María Fernanda di Clemente, hizo lugar al habeas corpus y ordenó una serie de medidas: que los NNA permanezcan el plazo más breve posible en patrulleros y que sea en los vehículos oficiales con cámara de 360º, para ello también reclamó la puesta en funcionamiento al centro de atención y derivación (CAD). Además señaló que los funcionarios policiales tenían la obligación de llamar a las autoridades judiciales competentes antes de subir NNA a los móviles. Por último, la jueza requirió a la municipalidad de General Pueyrredón arbitrar las medidas necesarias para que los operadores del Equipo de atención a la niñez en riesgo se constituyan de manera inmediata tras una aprehensión.

Seis meses después de esta resolución, se realizó la primera audiencia de control de la sentencia y se constató el incumplimiento de lo que mandaba el fallo judicial. La jueza Di Clemente advirtió que, en este tiempo, se siguieron acreditando algunas de las prácticas denunciadas en el habeas corpus: falta de comunicación inmediata con los órganos judiciales, la permanencia prolongada e innecesaria de NNA en los patrulleros y detenciones por averiguación de identidad.

En ese sentido, durante la primera audiencia de ejecución realizada esta semana, la CPM insistió en la necesidad de protocolizar la intervención policial al momento de aprehender a un NNA, no solo respecto de las obligaciones de los oficiales de policía, sino también de los órganos administrativos.

Entre las primeras medidas favorables de la sentencia está la puesta del funcionamiento del CAD, que está abierto en todo momento con un médico y un equipo interdisciplinario para la atención de los y las jóvenes. Este centro debe ser el lugar inmediato de derivación de NNA tras la aprehensión y significa un gran avance; sin embargo, el CAD no había recibido aún un solo caso.

En esta línea, recién durante la audiencia las jefaturas policiales señalaron que se iba a realizar una experiencia piloto de ingreso de jóvenes al CAD sólo para aquellas aprehensiones que ocurran en las jurisdicciones de las comisarías 1ª y 2ª. La medida resulta insuficiente y poco razonable, ya que cuando el centro tiene capacidad operativa para atender todos los casos que ocurran en el departamento judicial.

Si bien el fallo del Juzgado de Garantías del Joven 2 reconoció la ilegalidad de la privación de la libertad de NNA por tiempo prolongado en patrulleros, no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de las detenciones por averiguación de identidad por entender que no se habían acreditado situaciones de esta índole. Sin embargo, un nuevo caso expuesto en la audiencia por la fiscalía y la defensoría del joven y constatado por la misma jueza confirman la existencia del problema; ante la evidencia, la CPM pidió rever lo resuelto en el habeas corpus de origen.

La audiencia que se celebró en el Juzgado de Ejecución 2 contó con la presencia de todas las partes involucradas: además de la CPM y la jueza Di Clemente, estuvieron todas las autoridades policiales, el servicio zonal, el consejo local de niñez, las autoridades municipales del área de niñez, las autoridades judiciales del fuero de responsabilidad penal juvenil, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La violencia policial en los barrios

Durante los dos años de trámite del habeas corpus, la CPM inspeccionó las comisarías departamentales, registró los libros de detenciones en las dependencias y relevó nuevos hechos de violencia policial que ponían de manifiesto la continuidad y naturalización de prácticas como detenciones por resistencia a la autoridad o averiguación de identidad, verdugueo, amenazas y golpes. La sentencia aún no logró revertir esa situación.

Mientras se realizaba la audiencia de ejecución, la CPM se entrevistó con jóvenes del barrio Pueyrredón en el local de la organización territorial Juventud Rebelde. Desde hace un tiempo, en consonancia con las políticas de seguridad de saturación territorial, el barrio tiene presencia de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, Gendarmería y Policía Federal.

El correlato de la saturación policial es el aumento del hostigamiento que sufren los y las jóvenes del barrio: entre las prácticas más habituales, denunciaron que la policía los frena en la calle para pedirles identificación o que hacen requisas en el transporte público.

La CPM también mantuvo entrevistas personales en la sede de la AJB de Mar del Plata para poner a los familiares en conocimiento del habeas corpus y la importancia de incorporar sus relatos a las siguientes audiencias de ejecución de la sentencia; cada uno de esos hechos deja en evidencia que, a pesar del fallo judicial, las detenciones ilegales y arbitrarias continúan.