El próximo miércoles 13 de diciembre a las 10:30 hs, en el marco del día internacional de los derechos humanos, la Comisión por la Memoria presentará un informe especial sobre el estado actual de la Unidad Penitenciaria Nº 28 de Magdalena. Hoy la situación es más grave que cuando ocurrió la masacre. Es evidente que este hecho gravísimo no conmovió a los poderes del Estado para encarar reformas profundas; todo lo contrario, las medidas adoptadas profundizaron la crisis del SPB y de esta Unidad en particular.

ANDAR en la cárceles

(CPM) Cuando ocurrió la masacre de Magdalena en octubre de 2005, la Comisión por la Memoria (CPM) ya había alertado, en reiteradas oportunidades, sobre la grave crisis que atravesaba el sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires. Pero ninguno de los poderes del Estado quiso oír. La masacre de Magdalena no fue un hecho azaroso, hubo condiciones objetivas y responsabilidades individuales y políticas que lo hicieron posible.

Pasaron 12 años y la situación de la UP N° 28 es más grave de lo que era en 2005. Hacinamiento, sobrepoblación y torturas son la clave de un deterioro que se ha agravado con los años. Los indicadores que dan cuenta de esta grave situación serán presentados por la CPM el próximo miércoles 13 de diciembre un informe especial que intenta, en el marco de la última etapa del juicio por la masacre, alertar a todos los poderes del estado sobre la necesidad de encarar reformas urgentes.

Un primer dato alarmante indica que hoy la UP N° 28 de Magdalena es la más superpoblada de todo el sistema penitenciario bonaerense. En 2005 había 592 detenidos en la UP 28, un lugar con capacidad para 358 personas. Desde ese año a la actualidad, la cantidad de personas detenidas pasó de 592 a 1.199. Sin embargo, no se amplió la capacidad de alojamiento; es decir que se profundizó el hacinamiento y se agravaron las condiciones detención.
A esto se agrega la práctica sistemática de la tortura. En los últimos tres años, se realizaron 777 entrevistas con personas detenidas en la UP 28 o sus familiares. A partir de ellas se denunciaron 2.015 hechos que implicaron agravamientos en las condiciones de detención, todas ellas torturas o malos tratos: agresiones físicas, requisas vejatorias, desatención de la salud, deficiente alimentación, robo/daño de pertenencias, malas condiciones materiales y aislamiento.

La semana pasada el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel y el secretario Roberto Cipriano García encabezaron, junto a Sandra Raggio, directora general de áreas, y el equipo técnico, una nueva inspección en la UP 28 que duró alrededor de 10 horas. Allí se recorrieron los diferentes pabellones, SAC (separación de área de convivencia), admisión y sanidad. Una vez más se constataron las graves condiciones de detención en que se encuentran las personas allí detenidas y numerosos casos de torturas y malos tratos.

El resultado de esta inspección y el informe especial, que contiene parte del Informe elaborado en 2005, serán presentados públicamente el próximo miércoles 13 a las 10:30, en el Museo de Arte y Memoria de la CPM, calle 9 nº 984 de La Plata. Estarán presentes los presidentes, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, el secretario Roberto Cipriano García, junto a otros integrantes de la CPM, organizaciones sociales y familiares víctimas de violencia institucional.

Bajo la consigna “12 años después el fuego sigue ardiendo”, se expondrá el contenido de este nuevo informe en comparación con el estado de la UP N° 28 en el 2005. También se exigirá a la justicia una condena ejemplar por el juicio que está llegando a su fin no sólo como reparación para las víctimas de familiares, sino también como llamado de atención a los tres poderes del Estado para modificar las condiciones actuales del sistema de encierro que sigue vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Este sistema de la crueldad ocasiona cientos de muertes evitables y pone permanentemente en peligro la vida de los detenidos.

En esta oportunidad, la CPM también hará público su pedido para que el pabellón 16 de la UP 28, donde sucedió la masacre, sea declarado sitio de memoria, que no se vuelva a habilitar para alojar personas detenidas y sea reconvertido en un espacio educativo.