La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció el agravamiento de la vulneración de derechos que atraviesan los niños, niñas y adolescentes en La Plata, Berisso y Ensenada. La situación se extiende a toda la provincia. El año pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había solicitado que se declare la emergencia del sistema de niñez en La Plata, sin embargo el expediente ni siquiera fue tratado por el Concejo Deliberante. El Estado provincial tampoco hizo nada para revertir esta crisis. En paralelo, se alienta la reforma regresiva del sistema penal juvenil ratificando que la única política pública para la niñez es el punitivismo.

ANDAR en La Plata

(Agencia/CPM) En febrero de 2018, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el Concejo Deliberante de La Plata la emergencia del sistema de promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). En ese momento, ya se advertía que el desfinanciamiento y vaciamiento del sistema de niñez (ley 13.298) y la ausencia de políticas sociales integrales habían dejado a NNyA en un estado de total desprotección y peligro. Más de un año después, una resolución de la Corte bonaerense confirma este diagnóstico.

En respuesta a una presentación realizada por todos los juzgados de familia del departamento judicial de La Plata, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció el “agravamiento de la situación de riesgo y/o vulneración de derechos por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes” que son destinatarios de las medidas, políticas y servicios del sistema de niñez.

En su resolución, la Corte Bonaerense menciona distintas cuestiones que impiden un adecuado funcionamiento del sistema de promoción y protección de los derechos de NNyA, particularmente la inestabilidad e insuficiencia del personal dependiente de los Servicios locales —en especial de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada— y, como consecuencia, el ínfimo despliegue y mínima efectividad de las estrategias de restitución de derechos.

Esta situación, que se agrava permanentemente ante la pasividad o desinterés del Estado provincial y los municipios, era bien conocida por todos. En la solicitud de declaración de emergencia, la CPM ya había advertido la deficiente aplicación del sistema de promoción y protección de derechos, por la escasez de servicios locales, poco personal y precarizado, la falta de programas específicos y la inexistente articulación entre las distintas áreas municipales y las organizaciones que trabajan con la niñez.

Es evidente la similitud que existe entre los argumentos expresados por la CPM en la declaración de emergencia, expuestos por los jueces de Familia, y reconocidos ahora por la Suprema Corte.

La ley 13.298 determina que el Estado debe ser representante y garante de los derechos y debe gestionar políticas integrales que protejan a la niñez. Desde la vigencia de la ley se deberían haber contemplado dispositivos y organismos que trabajen para la aplicación de políticas conjuntas entre el ejecutivo provincial, los municipios y las diversas instituciones y organizaciones que trabajan con la niñez. Para ello se necesita de financiamiento que el Estado provincial ni los municipios garantizan.

Sólo en el último año, la CPM relevó el cierre de programas y hogares en toda la provincia, entre ellos el Arrullo, único hogar para madres adolescentes en situación de calle. Los hogares convivenciales que existen están, en su mayoría, en malas condiciones materiales y se denunciaron también situaciones de violencia y malos tratos. A esto debe sumarse la crisis del sistema de salud en cuanto a la atención de la salud mental de NNyA. Todo esto se combina con la carencia de recursos humanos y materiales (móviles, edificios propios, entre otros) y la falta de capacitaciones para el personal. En el caso de La Plata, además, debe remarcarse los despidos de trabajadores de la Dirección de Niñez municipal.

La falta de recursos se complementa, a su vez, con el desinterés de los ejecutivos comunales que no promueven ni convocan a las organizaciones e instituciones de la sociedad que trabajan con la niñez. La declaración de emergencia solicitada por la CPM es otra prueba de ese desinterés: el expediente 65409/18 lleva más de un año en la comisión de Seguridad, derechos humanos y niñez, sin la intervención de los concejales.

Ante la grave crisis del sistema de promoción y protección de los derechos de NNyA, reconocida ahora por el tribunal superior de la Provincia, la CPM reitera la solicitud de declaración de emergencia de la niñez en La Plata y reclama para ello que el Municipio y el Estado provincial asignen recursos para el funcionamiento de los dispositivos, órganos y programas tendientes a garantizar los derechos de NNyA.

La resolución de la Suprema Corte apunta también en esa dirección y reclama medidas activas por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Social, los intendentes y direcciones de Niñez de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada. Esa misma decisión política debe repetirse en cada localidad de la Provincia, porque el desfinancimiento del sistema de niñez y el agravamiento de la vulneración de derechos que atraviesan NNyA no es un evento aislado o que ocurra en pocos lugares sino un problema presente en todos los municipios.

Mientras el Estado nada hace por garantizar el funcionamiento de los dispositivos de atención y contención que deben ser creados a partir de la ley, se fortalece la impronta represiva y el discurso punitivista que justifica prácticas arbitrarias e ilegales sistemáticas de las fuerzas de seguridad. Los NNyA con derechos vulnerados son uno de los principales eslabones de esa cadena punitiva.

En ese marco se inscribe también los intentos de reforma regresiva del sistema penal juvenil en la legislatura provincial, que no soluciona ninguno de los problemas que dice solucionar. Por lo contrario confirma el sesgo punitivista, la persecución y el encierro como única política pública para la niñez. La posición de la CPM fue siempre la misma: los problemas sociales requieren de políticas públicas integrales tendientes a garantizar el acceso a los derechos de toda la población.

El Estado provincial tiene ahora la obligación de responder por los niños, niñas y adolescentes que están en riesgo, y debe garantizarles dispositivos y programas para el ejercicio pleno de sus derechos.