La Comisión por la Memoria (CPM) celebra el histórico fallo del Tribunal Federal N 1 de Córdoba en la Megacausa La Perla y alerta sobre la necesidad imperiosa de avanzar en el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Las más de 20 mil personas reunidas ayer afuera de los tribunales muestran que la bandera de verdad, justicia y memoria representa a todo el pueblo argentino. Sin embargo, las denuncias por demoras en los juicios y desidia en el desempeño de los jueces crecen en diferentes puntos del país. Sumado a esto, el reciente otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en La Plata completa un cuadro de preocupación.

ANDAR en los juicios

(CPM/Agencia) La lucha de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, los sobrevivientes ha sido larga, difícil y persistente. Pero finalmente tuvo sus frutos: la bandera de verdad, justicia y memoria representa para la mayoría de los argentinos un reaseguro de la democracia, un pilar fundamental, un emblema en la construcción de una sociedad más justa.

El fallo reciente en la denominada Megacausa La Perla es histórico. Fueron 28 condenas a cadena perpetua que incluyen, entre otras, al ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez (quien por primera vez fue condenado por robo de bebés) y a Ernesto Barreiro, que recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad.

Afuera de los tribunales hubo alrededor de 20 mil personas acompañando la lectura de la sentencia. Un escenario que prueba ese sentir mayoritario de rechazo a la última dictadura y los crímenes cometidos por el terrorismo de estado, y que constituye un piso incuestionable de nuestra democracia. Muestras de lo mismo han sido también los repudios generalizados a los múltiples intentos por cuestionar la emblemática cifra de 30 mil desaparecidos o las movilizaciones por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Echecolatz en La Plata.

En este misma línea, la CPM celebra también el inicio del juicio conocido como Megacausa III en Santiago del Estero, que vuelve a poner en debate las responsabilidades en crímenes de lesa humanidad del ex jefe de la policía provincial, Antonio Musa Azar, entre otros, y que juzgará por primera vez el desempeño de dos magistrados durante la última dictadura militar. Desde la CPM, se han aportado a la causa documentos probatorios claves pertenecientes al archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Para no frenar este proceso no solamente es necesario que el Estado promueva políticas activas que permitan crear las condiciones para el avance de los juicios aún pendientes de ejecución, sino que la justicia también asuma este compromiso y vele por el efectivo cumplimiento de las condenas enviando a los responsables del genocidio a cumplir sus condenas en cárceles comunes.

Las decisiones conocidas en los últimos días que otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz constituyen una afrenta al reclamo de verdad, justicia y memoria, pero además hieren en un profundo sentido las expectativas del conjunto de la sociedad argentina por sacar definitivamente del plano de la impunidad a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

En este mismo sentido, resulta imperioso que el Estado Nacional y la justicia atiendan los reclamos que en todas partes del país denuncian demoras y complicaciones en múltiples juicios.

En la provincia de Buenos Aires algunos casos puntuales dan cuenta de esta situación. En La Plata se aplazó ya dos veces el inicio del juicio por los crímenes cometidos por la Concertación Nacional Universitaria (CNU) y en San Nicolás el juicio por el asesinato del obispo Ponce de León, que iba a empezar en abril, se pospuso tres veces. En los tribunales de San Martín suman 16 los juicios orales en lista de espera y todavía no hay fecha para el inicio de las audiencias en La Plata por la causa Pozo de Quilmes, elevada a juicio en junio de 2015.

En este contexto, la sentencia de ayer por la Megacausa La Perla es un impulso, un hito que señala el camino que todos esperamos: verdad, justicia y memoria. El Estado y la justicia no pueden eludir la responsabilidad histórica que les toca en este sentido.

Desalentar, desde cualquier perspectiva, este proceso, sería desconocer las expectativas de la sociedad que comprendió que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fueron en contra de todo el pueblo argentino y que, por lo tanto, su reparación efectiva y absoluta mediante la administración de justicia es condición fundamental para la construcción de una patria realmente democrática e igualitaria.