Organizaciones sociales y políticas se concentraron sobre el Puente Pueyrredón para recordar un nuevo aniversario de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los militantes de la Coordinadora Aníbal Verón fueron víctimas de la represión policial, ejecutada por la bonaerense y dirigida por los ejecutivos nacional y provincial, durante la jornada del 26 de junio de 2002.

ANDAR en Avellaneda

(Agencia) Hace 13 años, en un contexto de crisis política, social y económica, la Coordinadora Aníbal Verón y otras organizaciones de base se movilizaban hacia el Puente Pueyrredón cuando la Policía Bonaerense, cumpliendo órdenes políticas, les impidió el avance y desató una brutal represión. Durante el despliegue policial, y haciendo un uso ilegal y desproporcionado de la fuerza, efectivos de la bonaerense ejecutaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación Avellaneda, y dejaron otros 33 heridos de arma de fuego.

FOTO: Pepe Mateos

El comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua por los asesinatos; en la actualidad, cumplen sus sentencias en penales con un régimen abierto. En diálogo con ANDAR, en ocasión de otro aniversario, Alberto Santillán, padre de Darío, había mostrado indignación por esta decisión: “La justicia los benefició con este sistema de encierro. Para nosotros es una tomadura de pelo. Ahí se ve a las claras el círculo de impunidad entre la policía, la justicia y la política. Como papá de Darío sostengo que el régimen que se les otrogó a Franchiotti y a Acosta es un gracias por lo que hicieron”.

En ese momento, Alberto también había advertido sobre la discriminación del sistema penal y judicial: “Creo que la justicia tiene dos caras, una para los que más tienen y otra para los que menos. Los que menos tienen, palo y a la cárcel y a los que más tienen los protegen. Algo tan cruento que hemos sufrido todos como sociedad como los asesinatos de Darío, de Maxi, los 33 heridos de plomo, tuvo una autoría material y por supuesto una autoría intelectual”.

Al momento de hoy, si bien se observaron progresos en la causa que investiga las responsabilidades políticas en el último tiempo, los autores intelectuales siguen sin castigo. Por ese motivo, y mediante un comunicado, el Frente Popular Darío Santillán exigió juicio y castigo a los responsables políticos y celebró, al mismo tiempo, que “el expediente que se encontraba archivado desde el 2010 por pedido de la fiscalía, en aquel momento a cargo de Miguel Angel Osorio, no sólo fuese reabierto sino que también presentó contundentes avances”.

Por otra parte, es necesario remarcar que la represión desatada aquel 26 de junio de 2002 contra agrupaciones sociales y políticas, que reclamaban por planes sociales, es la materialización de los procesos de criminalización de la protesta. Esta acción delictiva de la fuerza policial se constituye como un método estatal de control social.

En ese sentido, los avances en materia de derechos y el respeto a las manifestaciones, que se consagraron durante los últimos años, no pueden pasar desapercibidos pero, al mismo tiempo, deben ser reafirmados permanentemente. Como sostiene el Informe Anual 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria: “Los límites al uso de la fuerza en la regulación de la protesta social –otro aspecto que fuera destacado como un avance- también han sido desvirtuados en los últimos años. Estas graves regresiones no pueden minimizarse, y es indispensable insistir en la necesidad de realizar un uso mínimo de los dispositivos penales del Estado y reponer la centralidad de la lucha contra la desigualdad económica, socia