El jurado de enjuiciamiento de magistrados decidió, con el voto unánime de sus integrantes, destituir al juez de familia de Olavarría Claudio García. En 2017 una trabajadora del juzgado había denunciado al magistrado por acoso sexual y violencia laboral. La Asociación Judicial Bonaerense impulsó el juicio político, acompañando la denuncia de la víctima.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) En 2017 una trabajadora judicial denunció al titular del juzgado de familia de Olavarría, Claudio García, por acoso sexual y violencia laboral. Según la denunciante, los hechos comenzaron desde el momento en que García fue nombrado como juez. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) acompañó a la mujer en su denuncia e impulsó el juicio político.

El jury estuvo presidido por el también presidente de la Corte bonaerense Eduardo de Lázzari e integrado por las diputadas Laura Aprile y María Elena Torresi, el senador Leandro Blanco y los conjueces Fulvio Santarelli, Adrián Murcho, Juan Pablo Cafiero, Carlos  Valdés y Héctor Mendoza Peña.

En la audiencia de veredicto que se realizó en el anexo de la Cámara de Senadores, el jurado de enjuiciamiento de magistrados decidió, con el voto unánime de sus integrantes, destituir de su cargo al juez Claudio García e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. Se trata de una sentencia histórica: es la primera vez que una denuncia de violencia contra las mujeres llega a esta instancia en la justicia.

La acusación estuvo a cargo de la AJB, representada por la abogada Marta Vedio, y la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. En la audiencia de alegatos que se realizó el martes de esta semana, la parte acusadora consideró que el juez Claudio García se valió de su posición de poder para cometer estos hechos de violencia contra la mujer.

Además del testimonio de la víctima, la denuncia también fue validada por una decena de testigos que declararon durante las audiencias del juicio político, entre ellos trabajadores y trabajadoras del juzgado.

Asimismo, desde la AJB señalaron que “los hechos denunciados son de suma gravedad, y doblemente aberrantes por ser el magistrado que tiene bajo su jurisdicción la responsabilidad de dirigir procesos y fallar en casos de violencia de género”.

Además de la denuncia realizada por la mujer, también se investigó irregularidades en el cumplimiento de la función de magistrado. En sus declaraciones, los y las instructoras de control de gestión de la Corte aseguró que el juez García delegaba en personal a su cargo funciones que le correspondían específicamente a él, por ejemplo denunciaron que ni siquiera redactaba las sentencias.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), acompañando el trabajo de la AJB, participó de las audiencias del jury. “Es un fallo importante que habilita una necesaria reflexión y que debería interpelar un cambio de paradigma hacia el interior de la justicia. Necesitamos que los miembros del poder judicial adopten una perspectiva de género tanto en lo que hace a su vida privada como a la administración de justicia”, valoró la directora de Litigio estratégico de la CPM, Margarita Jarque, que presenció las audiencias de alegatos y veredicto en representación del organismo.