La Policía Bonaerense reprimió ayer por la tarde, en Martínez, a trabajadores de Industrias RB para forzar el desalojo de la fábrica ubicada en Panamá 1726. Hay más de 30 heridos y 15 personas fueron trasladadas a diferentes comisarías. Anoche, Adolfo Pérez Esquivel se hizo presente en la comisaría primera de San Isidro y logró entrevistarse con los detenidos. La Comisión por la Memoria presentó además un habeas corpus en el Juzgado de Garantías de turno.

ANDAR en San Isidro

(CPM) El desalojo y la violenta represión se iniciaron alrededor de las 19 hs. en la fábrica de Industrias RB, ubicada en la calle Panamá 1726 de Martínez, San Isidro. A los palazos, usando gas lacrimógeno y disparando balas de goma, agentes de la Policía Bonaerense desalojaron a los trabajadores que habían tomado las instalaciones para defender los puestos de trabajo.

Hay más de 30 heridos y 15 detenidos en diferentes comisarías, entre ellos el concejal de San Martín del Movimiento Evita Julián Ríos. Organizaciones sociales denuncian además desconocer el paradero de tres trabajadores que estaban en la fábrica durante la represión.

La acción respondió a una orden del Juzgado de Garantías 2 de San Isidro, a cargo del Juez Orlando Abel Díaz, que a principios de este mes mandó a realizar el desalojo que se concretó ayer. Los trabajadores de la empresa junto a diversas organizaciones sociales y políticas cuestionaron esta decisión y la consideraron ilegal ya que desconoce una ley de la Legislatura de la Provincia que en el año 2007 expropió la empresa para los trabajadores. En 2012 esta ley fue prorrogada.

La CPM intervino presentando un habeas corpus en el Juzgado de Garantías N 1 de San Isidro a cargo del Dr. Ricardo José Costa. Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, se hizo presente anoche en la Comisaría Primera del distrito y se entrevistó con las personas que estaban allí detenidas. Las autoridades policiales y judiciales informaron que los detenidos estaban a disposición del fiscal y serían liberados en algunas horas.

Dada la gravedad de los hechos y el marco de ilegalidad en que fue ordenado el desalojo, desde la cooperativa de trabajo evalúan iniciar acciones penales contra el juez Díaz por incumplimiento de los deberes de funcionario público.