La Comunidad Aborigen Cueva del Inca resiste mediante la permanencia en su territorio tras un intento de desalojo a principio de esta semana a pesar de que tiene su registro en regla frente al Estado. Una integrante de la comunidad con discapacidad está en riesgo de quedarse sin vivienda a raíz de una sentencia judicial dictada en contra de su pareja, que ya no vive en el lugar. Actualmente la ley 26.160 que permitía el relevamiento de las tierras ancestrales de las comunidades y suspendía sus desalojos está derogada y las comunidades quedan expuestas a nuevos conflictos. El Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) solicitó a la justicia que deje sin efecto la medida.

ANDAR en Tilcara

(Agencia Andar) “Estábamos apoyando a un hermano, Javier Mamani, que lo querían desalojar, pero él no está viviendo actualmente en el territorio. Está su concubina Miriam que es discapacitada; ella nos pidió ayuda y como comunidad estuvimos, estábamos pacíficamente cuando empezaron a reprimir, centralmente la Brigada y también la policía, éramos tres o cuatro mujeres y terminamos todas golpeadas. También avanzaron sobre otra casa a la que no se le presentó orden de desalojo sin embargo le tiraron la casa”, contó Beatriz, integrante de la comunidad, a FM La voz del cerro.

Aunque Miriam Alfaro nunca fue demandada la justicia termina aplicándole una sentencia, extendiendo sus efectos de forma arbitraria, explicaron desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) que se pronunció por el caso y exigió a las autoridades ejecutivas y judiciales de la provincia de Jujuy y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que tomen las medidas pertinentes para garantizarle una vivienda dentro de la comunidad a la que pertenece, “para evitar causarle daños emocionales por su condición”.

“A todo esto, la comunidad tampoco fue parte del juicio, ni tuvo oportunidad de defenderse ni de hacer valer sus derechos como sujeto colectivo y también se pretende aplicar la sentencia de desalojo lo que ha producido daños muy graves, como la demolición de la casa del miembro Manuel Valerio que también se expuso en el juzgado quien tampoco tiene nada que ver en este proceso. Esto es una clara violación del derecho de defensa, del debido proceso y del reconocimiento que tiene la comunidad como pueblo originario, protegido por la Constitución” agregó el abogado de la comunidad.

En medio de la represión y el intento de desalojo, la comunidad realizó una presentación ante la justicia federal: lograron frenar la medida de la justicia provincial por 48 horas. Pero la sentencia de desalojo sigue vigente y la policía en el territorio. La comunidad está en estado de alerta, permanencia y vigilia.

El territorio fue declarado patrimonio de la humanidad, la comunidad cuenta con personería jurídica y sus tierras quedaron relevadas de acuerdo a las previsiones de la ley 26.160 que declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. Esto generó una carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconocía la ocupación ancestral. En el RETECI (relevamiento territorial de comunidades indígenas) no hay títulos individuales sino comunitarios de forma tal que los territorios son inembargables, intransferibles y no están sujetos a comercio.

Pero la ley que suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias ya no está en vigor. Fue derogada por el gobierno de Javier Milei el último 10 de diciembre, Día internacional de los derechos humanos.