ATE denunció en conferencia de prensa el despido de 14 empleados que preservaban archivos desclasificados de la ex SIDE sobre el atentado a la mutual judía. El Secretario General Hugo Godoy advirtió que la medida no sólo arremete contra la estabilidad laboral, sino que alienta la impunidad del crimen terrorista. Estuvo acompañado de Laura Ginsberg de APEMIA y de organizaciones de derechos humanos. La CPM emitió un comunicado de apoyo.

ANDAR en la justicia

(ATE/Agencia) “Desde junio comenzamos con nuestra labor, como trabajadoras contratadas, en un convenio con el Ente Cooperador Acara. El 14 de diciembre vencieron nuestros contratos. El 22 la Procuradora Gils Carbó resolvió extender el período de funcionamiento del GERAD por seis meses, pero sin la renovación de los empleados. Luego recibimos el telegrama”, asegura Laura Matiauda como representante del equipo de trabajadores.

El GERAD nació a partir del decreto del Poder Ejecutivo 395/15, que desclasifica los archivos en poder de los servicios de inteligencia, y la posterior resolución 1872 de la Procuraduría, que crea el equipo de profesionales para desarrollar la tarea. Coordinado por Juan Murray, la creación del grupo respondió a un plan de trabajo presentado en 2015 por los titulares de UFI-AMIA, Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini en función de un esquema de distribución de funciones, tareas, que diera la posibilidad de intervenir en las diferentes causas que componen la causa AMIA en cualquier instancia.

Godoy: no sólo se afecta la estabilidad laboral de los trabajadores, sino el desarrollo de la investigación de la causa AMIA

“El equipo preservaba los documentos de condiciones deplorables, los digitalizaba al servicio de las querellas y la fiscalía, y analizaba esos archivos, realizando inventarios. En seis meses sólo pudimos tratar una parte de la documentación, por lo que no entendemos el despido”, añadió Matiauda.

“En este caso concreto del GERAD”, precisó el Secretario General Hugo Godoy, “no sólo se afecta la estabilidad laboral de los trabajadores, sino el desarrollo de la investigación de la causa AMIA. En la práctica, los despidos implican impunidad en el esclarecimiento de memoria, verdad y justicia”.

El respaldo de organizaciones

La Comisión Provincial por la Memoria se solidarizó con los trabajadores del GERAD y manifestó su preocupación frente al  proceso de disolución. En un comunicado aseguró que “la

experiencia de la CPM como organismo a cargo de la gestión y preservación del acervo documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2001, ha consolidado una vasta experiencia que da cuenta de la importancia de trabajar de manera sistemática en la desclasificación de todos los archivos de las agencias de inteligencia”. Desde el organismo consideraron imprescindible “una reforma estructural de todo el sistema de inteligencia nacional y de las provincias, y el compromiso y la voluntad política con la desclasificación de sus archivos es una de las tareas a emprender para profundizar el proceso de democratización del estado”.

[pullquote]La CPM subrayó desde su experiencia la importancia de trabajar de manera sistemática en la desclasificación de todos los archivos de las agencias de inteligencia[/pullquote]

Laura Ginsberg también llevó la solidaridad de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) con los trabajadores, distinguió como un avance la creación del GERAD y valorizó la labor del equipo profesional, en medio de “las condiciones terribles en la que estaban trabajando”, al tiempo que se preguntó “porqué el gobierno que se fue y el que acaba de llegar no tienen interés en que se esclarezca la responsabilidad del Estado argentino en el crimen contra nuestros familiares”.

Entre los presentes se encontraban Carlos Díaz, Secretario Adjunto de ATE Provincia Buenos Aires; Pepe Peralta, Secretario General de la CTA Capital; y Víctor de Gennaro, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y ex diputado nacional, entre otros dirigentes. El CELS y la Asociación Civil Memoria Activa enviaron su adhesión al reclamo de ATE.

Quique Furman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos llevó el abrazo de todas las organizaciones de Derechos Humanos que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y opinó que “desarmar el GERAD significa que el pueblo argentino no sepa cuál es la información que tienen los servicios de inteligencia sobre el atentado a la AMIA. Significa que la impunidad sigue vigente en nuestro país”.

A su vez, calificó de “desprecio” a la relación que tejen los gobiernos con sus trabajadores. “Porque el Estado necesita de un grupo de profesionales que trabaje en documentación sobre una causa importante como la AMIA. Y en vez de incorporarlos a su planta, un gobierno los contrata precariamente y otro gobierno haciendo uso de esa precariedad los despide”, asimiló.