Este miércoles 3 de junio, el Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, a cargo de Mari Castillo, dictó la prisión preventiva para nueve agentes de la Policía Bonaerense que están acusados de ser coautores o partícipes secundarios de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual contra más de 20 mujeres detenidas en la comisaría 3ª de La Tablada, entre septiembre del 2019 y enero de este año. La jueza valoró las declaraciones testimoniales de las víctimas y sostuvo que “las situaciones de abuso, humillación y discriminación les provocaron consecuencias nefastas y traumáticas”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había denunciado estos hechos tras una inspección sorpresiva y patrocina a todas las víctimas.

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(Agencia) Desde septiembre de 2019, a partir de la asunción del subcomisario Lionel Gómez, hasta enero de este año, las mujeres detenidas en la comisaría 3ª de La Tablada, partido de La Matanza, fueron sometidas sistemáticamente y mediante diversos métodos a prácticas violentas, humillantes y degradantes que configuran hechos de torturas. La violencia combinaba el sufrimiento físico con un particular sometimiento por la condición de mujeres de las víctimas.

La situación fue comunicada por el defensor de Casación Bonaerense Mario Coriolano a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que denunció penalmente los hechos luego de realizar en enero pasado una inspección sorpresiva. La causa tiene 20 funcionarios policiales imputados y nueve de ellos detenidos.

Este miércoles, el Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, a cargo de Mari Castillo, confirmó la prisión preventiva de los nueve imputados que están acusados de ser coautores o partícipes secundarios de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal.

En su decisión, la jueza señaló la gravedad de los delitos que se investigan y valoró las declaraciones testimoniales de las más de 20 mujeres víctimas. “Resultan más que notorias las consecuencias nefastas y traumáticas que los hechos denunciados provocaron en ellas”, sostuvo. Y agregó: “Las situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias generaron, en mayor o menor medida, sentimientos de indefensión, temor y angustia”.

La titular del Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza también destacó las declaraciones realizadas por integrantes de los equipos del Comité Contra la Tortura y Salud Mental de la CPM, que fueron los primeros en escuchar el testimonio de las víctimas durante la inspección realizada en enero. Sobre esas declaraciones, la jueza remarca los comentarios vertidos sobre “la magnitud del hecho y la continuidad en el tiempo de las vejaciones”.

Al momento de justificar las prisiones preventivas, la jueza Mari Castillo consideró que la gravedad de los hechos que se imputan, la pluralidad de víctimas, la calidad de funcionarios policiales y la expectativa alta de pena que esos delitos conllevan. Además, sostuvo que existe la posibilidad de que los imputados en libertad influyan para que otros coimputados o testigos declaren falsamente o se comporten de manera desleal en el proceso para garantizarse la impunidad.

Además del entonces subcomisario Lionel Gómez, la prisión preventiva alcanza también a los policías de la comisaría 3ª Javier González, Cristian Aliaga, Ángel Reales, Ariel Pasquale y Leandro Maidan, a las agentes Maida Celeste Ruiz y Silvina Suárez, y a la integrante del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Johana Romero.

La causa tiene, además, otros nueve funcionarios y funcionarias de esa dependencia policial acusados por encubrimiento.

Cabe recordar que, de acuerdo a la instrucción judicial que realizó la fiscalía de gravedad institucional de La Matanza, a cargo de Julia Panzoni y Fernando López, la causa se desglosa en tres hechos. El primero de ellos, ocurre entre el 22 de septiembre del año pasado y el 21 de enero, agentes de la comisaría 3ra ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas. Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, las sometían a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremos hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.

El segundo de los hechos ocurrió el 19 de diciembre, entre las 17 y 20 horas, seis policías —dos mujeres y cuatro varones— perpetraron abuso sexual con acceso carnal contra al menos ocho mujeres. De a una a la vez, las hicieron pasar a un calabozo donde las sometieron a vejaciones, las obligaron a desnudarse y realizar infames posturas, para luego abusarlas sexualmente.

El último de los hechos ocurrió el 5 de enero de este año, durante una requisa policial por parte de la agente del GAD y dos efectivos de la comisaría 3ra. Los funcionarios obligaron a diez detenidas a ingresar en un baño de ínfimas dimensiones y, una vez allí, las obligaron a desnudarse, mientras las hostigaban y amenazaban con los palos que portaban.