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Home›Justicia›CENTRO CERRADO VIRREY DEL PINO Nueva denuncia por las condiciones de detención de los jóvenes

CENTRO CERRADO VIRREY DEL PINO Nueva denuncia por las condiciones de detención de los jóvenes

Por Rocío Suárez
13 noviembre, 2014
941
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ANDAR en La Matanza

(CPM/ Agencia) La Comisión por la Memoria presentó una denuncia en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Matanza por las pésimas condiciones en que se encuentran los jóvenes alojados en el Centro Cerrado de Virrey del Pino.

El Comité contra la Tortura de la CPM informó que  se encuentran sometidos a un régimen cada vez más gravoso ya que se han modificado algunas de las condiciones de detención. Entre lo que denuncian los jóvenes, está que a partir de una nueva disposición del Centro salen a recreación separados en dos grupos y en horarios distintos; un grupo sale de las 8 hasta las 14 y el otro de 14 a 20 hs. Luego son encerrados en su celdas sin ningún tipo de actividad hasta el otro día a las 14 horas en que sale nuevamente el primer grupo mientras el segundo lo hace en el otro horario, permaneciendo de este modo  14 horas un día y  24 horas al otro día.

De acuerdo a lo informado por los jóvenes, hace cinco días iniciaron una huelga de hambre en reclamo de la modificación del régimen de vida al que se encuentran sometidos, la falta de acceso a talleres, a la escuela y a espacios verdes.

Por otra parte  hace un tiempo se comenzó a construir un muro de separación que divide a la institución en dos (hecho que ya fue denunciado por ANDAR); con el objeto de   crear una Alcaldía de adultos en el predio, dejando al Centro Cerrado sin las áreas de talleres, Sanidad y del actual sector 3 que corresponde a la  fase de tratamiento 3, en el proceso de dinámica y tratamiento institucional. También afecta  parte del sector escuela y de espacios verdes, por lo tanto incide claramente en la fase tratamental del Centro.

El Centro Cerrado de Virrey del Pino es administrado en forma conjunta entre la Secretaría de Niñez y Adolescencia (SNyA) y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB); esto altera los principios fundantes ya que se ha materializado un profundo avance del SPB sobre la jurisdicción de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, sobre todo por la decisión del Servicio Penitenciario de construir una alcaidía de adultos y perjudicar de este modo el dictado de talleres y de educación.

De este modo se encuentran seriamente afectados el derecho a la educación, el derecho al esparcimiento y el derecho a la salud de los jóvenes, como así también el derecho a tener un tratamiento especializado como lo consagra la normativa provincial, nacional e internacional. El CCT de la CPM entiende que “con la construcción de la alcaldía aumentarían aún más la modalidad de gestión que el Servicio Penitenciario Bonaerense impone en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires, generando mayores situaciones de requisas, golpes y hechos de violencia, denunciados en numerosas presentaciones judiciales e informes anuales por esta Comisión Provincial por la Memoria a través de su Comité contra la Tortura. Perdiendo al mismo tiempo la especificidad de Centro Cerrado”.

Por todo esto, la CPM pide la intervención de la justicia para que cese la vulneración de los derechos de los chicos alojados en el Centro.

Vale recordar que el día 3 de noviembre de 2014 la Sala Primera del  Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires integrada por los doctores Carlos Ángel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón María Sal Llargués, dictaron sentencia en causa Nº 52.327 caratulada “NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LOS DEPARTAMENTOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ Habeas Corpus Colectivo”, interpuesto por el entonces Defensor Juvenil, Dr. Julián Axat en la cual estableció en “crisis” al sistema de ejecución penal de infancia, y condenó a la Provincia de Buenos Aires, a cumplir varias medidas en forma urgente, entre ellas, brindar asistencia médico odontológica, psicológica y tratamiento de adicciones de manera integral;  cesar inmediatamente toda forma de sanción o tratamiento de los jóvenes detenidos que impliquen un trato cruel, inhumano o degradante, como la práctica de restricción o encierro absoluto de los mismos en sus pabellones (“engome”) y la provisión de psicofármacos u otros medicamentos psiquiátricos sin prescripción y diagnóstico médico, entre muchas otras medidas.

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