Se trata de un recurso de queja que acercaron organizaciones de derechos humanos, nucleadas en la Mesa Todos por el Banco

ANDAR en la justicia

(RNMA) El recurso, presentado el pasado lunes 23 de febrero, tiene el objetivo de revertir la decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de no hacer lugar a la cautelar presentada por la mesa para frenar el traslado del BNDG desde su sede histórica del Hospital Durand a las oficinas del Ministerio de Ciencia de la Nación.
La Cámara había rechazado en junio del 2014 la medida cautelar planteada por la Mesa al ponderar un proyecto de convenio de colaboración entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad, convenio que al día de la fecha no se encuentra firmado por las partes. Para las organizaciones, esto pone de manifiesto la arbitrariedad de la Cámara al considerar como prueba categórica a este instrumento.
A través de un comunicado, la Mesa explicó que la documentación que acompañó su presentación ante la Corte Suprema de Justicia revela las intenciones de crear una plataforma para el desarrollo del negocio de la medicina genómica con los recursos del BNDG, algo completamente fuera de su objeto histórico: la restitución de la identidad de los niños apropiados tanto bajo la dictadura como bajo la democracia. Una de las pruebas de esta alianza con el sector privado, según señalaron desde la Mesa, es la reciente elección de la nueva directora del BNDG la Dra. Herrera Piñero, titular accionaria de los laboratorios privados Genda S.A. y Mygen S.A.: “Herrera Piñero participó, junto a otros lobistas del sector, en la reglamentación de la ley 26.548, ley regresiva en materia de DDHH ya que limita el acceso al Banco solo a casos de lesa humanidad, excluyendo a aquellos conflictos de identidad originados en democracia”.
Consideraron además que la sentencia de la Cámara convalida una decisión del Estado susceptible de ocasionar un perjuicio irreparable por no encontrarse garantizada la indemnidad de las muestras por el desvío en el objeto del banco: “La pérdida de una sola de las muestras constituiría un hecho irreparable, considerando que muchos titulares del material genético han fallecido. La falta de consentimiento de los titulares de las muestras para el traslado y manipulación de las mismas, también fue puesta de relieve. En ese sentido, se destacó que, atento el carácter de orden público del derecho a la identidad biológica, la comunidad también debía ser puesta en conocimiento de los actos de disposición que afectan las muestras y de las modificaciones realizadas en torno a las competencias de un organismo destinado a colaborar con el ejercicio del derecho universal a la identidad”.
La Mesa Todos por el Banco quedó a la espera de un pronunciamiento por parte del máximo tribunal de la Nación.