Por Alcira Daroqui*

En el año 2002 publicaba en la Revista Argumentos del Instituto de Investigaciones Gino Germani un breve artículo al que titulé “Las seguridades perdidas” y como encabezado de esta columna me interesa transcribir unos párrafos, insisto escritos hace exactamente 10 años: “En la última década el aspecto más convocante sobre “la seguridad” ha remitido casi exclusivamente a aquel que la vincula y circunscribe a la cuestión de la criminalidad. Política criminal ha sido casi sinónimo de política de seguridad. La cuestión “seguridad” en estos términos ha recorrido al mundo globalizado, “globalizando” por tanto diagnósticos, respuestas, estrategias y fundamentalmente la construcción de un discurso hegemonizante que si no excluye, al menos deposita en los márgenes otras lecturas conceptuales y fácticas de la cuestión “seguridad” en sentido más amplio.

El tratamiento de este tipo de seguridad o de inseguridades se ha instalado en la agenda pública, desde hace al menos 20 años, como cuestión social indiscutible en sus distintas versiones, seguridad ciudadana y seguridad comunitaria, reforzando en una u otra, su orientación, siempre en clave de defensa social. Las diferentes políticas públicas de seguridad incorporan esta dimensión como estructurante en cuanto al abordaje del problema de la seguridad en su conjunto. Y más allá de una producción discursiva sobre los desafíos de diseñar una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos, con propuestas de reformas en planes de formación policial entre otras, en estos últimos tiempos  hemos visto la puesta en marcha de una serie de medidas que incluso nos remontan a un tiempo en el que la seguridad era el estandarte que se esgrimía para justificar el crecimiento del sistema penal exponencialmente y con ello avanzar en el despliegue de control, represión y criminalización de amplios sectores sociales.

[pullquote]la seguridad o inseguridades se ha instalado en la agenda pública, desde hace al menos 20 años, como cuestión social indiscutible [/pullquote]

Me refiero a la política de des-información sobre la cuestión penal y criminal por parte del estado, a la expansión de los organismos de la justicia penal, a la construcción de nuevas cárceles, a proyectos legislativos para la baja de edad de imputabilidad de los menores, al aumento de la población privada de libertad, vigencia y en algunos endurecimiento de los códigos contravencionales en todas las provincias del país, nuevos cuerpos de control y seguridad municipales como guardias urbanas, control urbano etc., nuevos cuerpos policiales, control territorial por fuerzas de seguridad nacionales de carácter militar como gendarmería y prefectura con funciones en seguridad interior, etc.

Si estas presencias en términos de seguridad deben plantearnos algunos interrogantes, más aún las ausencias a la hora de ampliar los alcances de este concepto y de las prioridades en cuanto al diseño de políticas. Ausencias vinculadas a categorizar a la violencia estatal como estructurante en cuanto a la producción de inseguridad, o mejor aún, como, violatoria del derecho a la seguridad de las personas que ingresan a las mallas de las distintas agencias del sistema penal y que, vale señalar, también son ciudadanos.

[pullquote]plantearnos algunos interrogantes, más aún las ausencias a la hora de ampliar los alcances de este concepto y de las prioridades en cuanto al diseño de políticas[/pullquote]

Incorporar las violencias desplegadas a través de las detenciones arbitrarias y de las otras, los malos tratos físicos y torturas durante las mismas y en comisarías, en los traslados constantes, malos tratos físicos  y torturas en cárceles e institutos, la arbitrariedad, selectividad, discrecionalidad policial, judicial y custodial, las prisiones preventivas prolongadas, las ficciones tratamentales devaluando derechos fundamentales como el de la educación, el trabajo y la salud, los tratos humillantes y degradantes, las requisas vejatorias en el encierro dentro del encierro, la política de segregación espacial y el aislamiento, las pésimas condiciones materiales de vida en comisarías, cárceles e institutos, la ausencia de controles judiciales sobre las fuerzas de seguridad y de custodia, la impunidad para todos aquellos agentes de seguridad que cometen delitos contra las personas detenidas (robos, lesiones, torturas, amenazas, etcétera). A estos actos se los denomina de otras formas, a veces se los considera delitos, tras, excesos, otras ni se los considera, pero también deberían integrar la agenda  que se ocupa de la seguridad porque son actos que vulneran derechos y atentan  contra la integridad de las personas.

[pullquote]el modelo de seguridad democrática se direcciona a complejizar el abordaje de la inseguridad[/pullquote]

En los últimos años se ha diseñado una propuesta programática que se orienta hacia un modelo de seguridad democrática cuyos objetivos se direccionan a complejizar el abordaje de la inseguridad. Creo que ello plantea importantes desafíos, el primero y fundamental, es el de restituir la cuestión de la seguridad al campo estructurante del que el orden neoliberal la desplazó a fines de los años 70. Es decir, las garantías de acceso de todas las personas a los derechos fundamentales de la seguridad social, económica, laboral, civil y política y en esta misma dirección, redefinir, entonces, el “lugar” político de las dimensiones y las prioridades de la seguridad en relación a la criminalidad y a la democratización de las fuerzas de seguridad y también, de la justicia. Desafío que representa nada más ni nada menos, una interpelación al “sentido” del sistema penal en el marco del orden social capitalista en estas latitudes  latinoamericanas.

*Socióloga. Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Coordinadora del Grupos sobre sistema penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani- FCS-UBA.

Este texto se publicó en el Informe Anual 2012 de la Comisión Provincial por la Memoria, que se puede descargar al final de esta nota