El reciente decreto 1086/2024 que modifica la reglamentación de la ley 26.061 ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes. La reforma introduce un nuevo párrafo en los artículos 9, 15 y 19 de la Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes: establece que la “imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria” en el ámbito educativo “vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes”. Según Norberto Liwski, podría afectar gravemente los derechos fundamentales de niños/as y adolescentes.

ANDAR en los derechos

(CPM) En diversos comunicados, las organizaciones expresaron su preocupación por lo que consideran un retroceso en los derechos a la educación, participación, asociación y libertad de expresión. Norberto Liwski -médico, docente y presidente de la Asociación DNI (Defensa de niños y niñas Internacional Argentina)- fue consultado por ANDAR.

“En este decreto de Milei hay ausencia de párrafos esenciales dentro de los artículos 9, 15 y 19 de la ley 26.061, lo que modifica sustancialmente el sentido del propio articulado. A su vez, tiene que ser leído y analizado en el contexto global de los principios de la Convención de los derechos de infancias y adolescencias”, expresó. “Esta reforma va en contra de las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño a Argentina, que en 2024 instó al Estado a garantizar una participación significativa de los niños y adolescentes en la creación de políticas y programas relacionados con sus derechos. Este recorte, objeto ahora de una reforma en su reglamentación, es deliberado, le resta potencialidad y transforma los artículos en meras expresiones de deseo, y no son conducentes a la práctica educativa. Son mutilaciones que se le hicieron a la propia ley con el objetivo claro de eliminar el concepto de la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes”.

El principal cuestionamiento al decreto es la ambigüedad de los términos empleados, especialmente en lo referido a la “imposición de una manera de pensar y/o actuar político-partidaria”. Las organizaciones temen que esta definición vaga permita interpretaciones arbitrarias y afecte la libertad de las y los docentes para enseñar de manera crítica y contextualizada.

“El concepto de adoctrinamiento que está planteado en la reforma del llamado ‘decreto mordaza pedagógica’ es, lisa y llanamente, censura. El planteo es utilizado para limitar debates esenciales en el ámbito educativo que forman parte del desarrollo y una participación protagónica y activa de niños y niñas, de jóvenes que, de acuerdo a su etapa evolutiva, requieren de estimulación y estímulos para su desarrollo crítico. La prohibición o el miedo a abordar temas políticos en las escuelas por parte de los educadores puede efectivamente vulnerar el derecho a la educación integral reconocidos en la ley 26.061”, afirma Liwski.

En sus observaciones, el Comité de los Derechos del Niño había recomendado que se garantice la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes respecto al ejercicio de los derechos políticos, incluyendo la libertad de expresión. La reforma ignora este principio y crea un ambiente de censura dentro de las aulas. Además, podría poner en riesgo el trabajo de las y los docentes, quienes podrían ser perseguidos o incluso criminalizados si sus métodos de enseñanza son interpretados como una “imposición política”.

Para Liwski, “el concepto de adoctrinamiento político del decreto está utilizado de forma subjetiva y genérica. Sin elementos que puedan sustentar y argumentar en qué consistiría dicho adoctrinamiento. Esta vaguedad puede derivar con facilidad en acusaciones arbitrarias contra docentes o instituciones educativas, en la que los orientadores educativos promuevan el conocimiento de diversos campos del pensamiento político que nutre la vida democrática, generando censura o autocensura en el debate pedagógico”.

En este sentido, la enseñanza de temas como la democracia, los derechos humanos y la historia política del país podrían verse como un “adoctrinamiento”, según las nuevas regulaciones.

Las organizaciones subrayan que el decreto refleja una interpretación errónea de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de la infancia y adolescencia. “Implica una regresividad en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes; retrotrae las relaciones pedagógicas a los planos del silencio para el debate y desconoce los avances pedagógicos y técnicos que se han dado en esta materia. Un decreto de esta naturaleza no solamente actúa como mordaza para los y las docentes y educadores sino que además está promoviendo una generación que atraviese etapas educativas en una modalidad de pensamiento único. Esto es preciso impedirlo y abrir un debate público para frenar e impedir la destrucción la integralidad de los derechos humanos relacionados con las niñeces y adolescencias”.