En agosto del año pasado, más de 30 familias se instalaron en un terreno abandonado en Lobos y levantaron unas viviendas precarias para vivir; a más de un año del comienzo de la toma, la justicia ordenó el desalojo para el 11 ó 12 de noviembre. Durante todos estos meses, no recibieron por parte del Ejecutivo municipal ni provincial ninguna solución alternativa. “Las familias que quedan están situación de enorme vulnerabilidad, no tienen otra opción. Si no hay ninguna respuesta, van a quedar en la calle”, dice Marta Gálvez, una referente territorial que acompaña a las personas de la toma desde el primer momento. Mañana, se reúnen con la subsecretaría de hábitat bonaerense.

FOTO: Matías B. – Enfoque Rojo

ANDAR en Lobos

(Agencia Andar) “Nosotros trabajamos, no queremos que nos regalen nada, queremos lo justo para las nueve familias que somos, un terreno para vivir y que podamos pagar mes a mes”, dijeron las familias de la toma durante la marcha al Palacio Municipal de Lobos, luego de conocerse la orden judicial de desalojo.

El 23 de agosto del año pasado, unas 30 familias ocuparon el predio ubicado en calle Belgrano entre Jorge Newbery y calle Antártida; en la actualidad, permanecen viviendo en el lugar nueve familias, entre quienes se encuentran niños, niñas y personas mayores. “Están situación de enorme vulnerabilidad, no tienen otra opción. Si no hay ninguna respuesta, van a quedar en la calle”, dice Marta Gálvez en diálogo con ANDAR.

A 14 meses del comienzo de la toma, la justicia ordenó el desalojo del predio y dispuso antes de cumplir con esa medida un plazo de 15 días para que se busquen trámites de conciliación que pudieran lograr una solución alternativa. Si no se llega a ninguna solución, la orden de lanzamiento se realizará el 11 ó 12 de noviembre.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 7 de La Plata, con sede en Saladillo, a instancias de la Cámara de Apelaciones. La jueza Patricia Altamiranda había rechazado anteriormente el pedido de desalojo pedido por el particular damnificado y el fiscal Lisandro Damonte; sin embargo, la última resolución fue apelada en segunda instancia y la Cámara ordenó entonces a la jueza cumplir con las previsiones del protocolo para desalojo de la Corte bonaerense y disponer el desalojo.

El Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad prevé distintas instancias de mediación para que el poder ejecutivo y judicial evalúen y realicen medidas alternativas y de solución del conflicto, con el fin de minimizar las consecuencias de un posible desalojo.

Las familias que persisten en la toma aseguran que, en todos estos meses, no recibieron de parte del Municipio ni los organismos del Ejecutivo bonaerense ninguna medida alternativa que permita una solución al problema habitacional. Durante meses, la única propuesta que tuvieron fue la ayuda mediante un subsidio temporal y complementario para cubrir los gastos de un alquiler.

A pesar de los reiterados pedidos de audiencia, nunca fueron atendidos por el intendente Jorge Etcheverry. Incluso desmintieron haber recibido asistencia alimentaria como funcionarios del Municipio afirmaron en el marco del trámite judicial.

Tras la movilización del martes por la noche al Palacio Municipal, los y las habitantes de la toma le entregaron una nueva nota al Intendente para que se les asignen algunas de las casas sin terminar de un plan de vivienda que está paralizado desde hace varios años. Este jueves fueron recibidos por funcionarios municipales que rechazaron el pedido de las familias y sólo se comprometieron a alcanzarles materiales para construir a las familias que puedan instalarse en el terreno de algún familiar; para quienes no tienen ni siquiera esa posibilidad, no les dieron ninguna respuesta.

Ante la falta de una respuesta del Municipio que solucione el reclamo de fondo, un terreno para vivir, y con la fecha de lanzamiento cada vez más cerca, las familias viajarán el viernes a La Plata para reunirse en la Subsecretaría de hábitat del Ministerio de desarrollo de la comunidad del gobierno bonaerense.

Desde el primer momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvo en contacto con referentes de la toma y realizó distintas presentaciones para que se garantice el cumplimiento de lo pautado por el protocolo de la Corte bonaerense con el objetivo de promover y garantizar el acceso a la vivienda.