ANDAR en los derechos

(Agencia) Una resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó tramitar la acción de hábeas corpus interpuesta por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN) frente a la situación de las centenares de personas condenadas y detenidas que carecen de documentación personal en las cárceles federales. En el mismo sentido se pronunció el Fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler con relación a los detenidos en las cárceles provinciales de la zona. La resolución 20/2014 del funcionario sugiere a los magistrados y funcionarios del Ministerio público Fiscal que al momento de recibir a una persona privada de libertad o en el marco de una entrevista en el ámbito de encierro, procuren verificar si poseen DNI y en caso de que así no sea, se arbitren los medios necesarios para garantizar su confección.

En todo el país existen miles de personas -tanto en cárceles federales como provinciales- condenadas y privadas de su libertad sin DNI como consecuencia del engorroso procedimiento que deben atravesar para documentarse. En los hechos, esto determina que aun habiendo pasado tiempo en prisión las personas que egresan lo hacen sin estar debidamente registradas, lo que ocasiona incontables inconvenientes y vulnera una exigencia elemental de que puedan incorporarse de la mejor forma posible a la vida en libertad.

De acuerdo a estimaciones de la Procuración Penitenciaria Nacional, 2.758 personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal carecían de documento a octubre de 2014. Es decir alrededor del 25% del total de personas presas en el ámbito federal. Mil novecientas de ellas, el 69%, eran procesadas, mientras que las demás 858, el 31 %, condenadas. El 50% del total de quienes no contaban con DNI eran argentinos. En consecuencia, el universo de ciudadanas y ciudadanos argentinos condenados y detenidos en el SPF sin DNI alcanzaba a las 372 personas. Por vía de una estimación simple para una población penal total del país de entre 60 y 70 mil personas, se puede afirmar que alrededor de 2 mil ciudadanos argentinos cumplen condena en prisión, pero no tienen DNI, en lo que configura un auténtico despropósito si se consideran la enorme cantidad de recursos que se destina a lograr una condena de cumplimiento efectivo.

La PPN plantea entre los fundamentos que “el derecho a la identidad es el conjunto de atributos y cualidades, tanto de carácter biológico como referidos a la propia personalidad que permiten la individualización de cada uno en sociedad y se expresa, entre otras formas, a través de la documentación estatal. Las personas privadas de libertad, sin embargo, están en posición de desigualdad con relación al resto de la sociedad frente a las tramitaciones y requisitos exigidos para la emisión de sus respectivos documentos, sin que aún exista, a pesar de ello, un mecanismo que facilite las tramitaciones”

En Mar del Plata

La resolución 20/2014 del Fiscal General de Mar del Plata, Daniel Adler, recomienda a los funcionarios y magistrados de la jurisdicción que al momento de recibir a una persona privada de la libertad o en el marco de una entrevista en el ámbito de encierro procuren verificar si posee DNI  y que, en casi que así no sea, se arbitren los medios necesarios para garantizar su confección.

En este marco, la mesa contra la violencia institucional que funciona en esa ciudad realizó una campaña de documentación en las unidades carcelarias de la zona. Realizaron 45 trámites en la Unidad Penitenciaria 50 y 695 trámites en la Unidad Penitenciaria XV, que incluye varones detenidos en la UP 44 trasladados al efecto de iniciar el trámite por disposición del Servicio penitenciario bonaerense.