Al cumplirse seis meses de la peor masacre ocurrida en comisarías bonaerenses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recusó al fiscal Fernando Semisa por las demoras e irregularidades en la investigación judicial. La fiscalía nunca avanzó en las responsabilidades políticas que hicieron posible la masacre de Esteban Echeverría. Todo lo contrario, desde el primer momento, buscó cargar la culpa de los hechos sobre las víctimas, desestimó el testimonio de los sobrevivientes e, incluso, pidió que se investigue a uno de ellos por falso testimonio. La CPM presentó un informe especial sobre la masacre.

ANDAR en Esteban Echeverría

(Agencia/CPM) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a nueve de las diez familias de las víctimas fatales de la masacre de Esteban Echeverría, recusó al fiscal Fernando Semisa por falta de imparcialidad, objetividad y equilibrio en la investigación de los hechos. Desde un comienzo la acción de la fiscalía se direccionó a poner a las propias víctimas como responsables de la masacre; seis meses después, poco avanzó en las responsabilidades funcionales y políticas que ocasionaron la peor masacre en comisarías de la provincia de Buenos Aires.

El 15 de noviembre de 2018, se produjo un incendio en el calabozo 1 de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría. Por la situación de hacinamiento, la cantidad de mantas y colchones no ignífugos, el fuego creció rápidamente; los detenidos intentaron apagarlo pero no había agua en el calabozo.

Los sobrevivientes recuerdan los gritos pidiendo auxilio. “Un grito desgarrador, después silencio”. En ningún momento ingresó algún agente policial con matafuegos para intentar sofocar el fuego ni tampoco a abrir las celdas. La comisaría no tenía red de prevención de incendio y los dos matafuegos que había en la dependencia tenían la carga vencida. Dos personas murieron en el lugar, ocho en los días siguientes en distintos centros de salud.

El expediente judicial por la masacre de Esteban Echeverría tramita en la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora. A pesar de ser una fiscalía especializada en violencia institucional, el fiscal no aplicó ninguno de los protocolos ni reglas internacionales que deben atenderse en este tipo de casos. Todo lo contrario, solo orientó la investigación sobre la responsabilidad de las propias víctimas.

A pesar de tener el deber de una investigación objetiva, que pueda comprender de manera integral el hecho, al momento de tomar las primeras declaraciones a los sobrevivientes,  el fiscal sólo se limitó a indagar sobre el inicio del fuego desconociendo el contexto de vulneraciones de derechos por parte del Estado.

Este mismo criterio del fiscal hace que, a seis meses de la masacre, no se haya profundizado con la diligencia necesaria la investigación sobre las responsabilidades funcionales de los policías de servicio esa madrugada ni sobres las responsabilidades de los funcionarios policiales y políticos, que tienen la obligación de velar por la integridad de las personas bajo custodia del Estado.

Al momento de la masacre pesaban sobre la comisaría 3ª de Esteban Echeverría siete clausuras, una por resolución ministerial y seis por orden judicial: la primera de 2011, la última de enero de 2018. Antes de la clausura el cupo fijado por la propia institución policial era de 10 personas. No obstante esto, el día del incendio había 26 detenidos. Todos los funcionarios estaban al tanto de esta situación, sin embargo las clausuras fueron todas desobedecidas.

A pesar de la profunda prueba documental sobre la situación de las comisarías en la Provincia y de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría en particular, recién el próximo 20 de mayo será citado a declarar el Comisario a cargo de la departamental. Ante la inacción fiscal para avanzar sobre esta línea de investigación, esta medida fue aceptada después de un reclamo insistente por parte de la CPM, como particular damnificado.

Otra prueba más de la parcialidad manifiesta en la instrucción de la causa fue el intento de imputar por falso testimonio a uno de los sobrevivientes que, a su vez, es parte del proceso como particular damnificado. Cuando prestó declaración testimonial dio detalles sobre lo ocurrido esa noche y sobre la actuación policial cotidiana sustentada en la violencia, los malos tratos y la indiferencia a los reclamos reiterados. El fiscal lejos de valorar su testimonio, adoptó una vez más una actitud criminalizadora de las víctimas y pidió que se lo investigue por falso testimonio.

La criminalización de las víctimas y la casi nula investigación de las acciones u omisiones de los funcionarios responsables atentan contra la búsqueda de la verdad sobre lo que pasó y el derecho a la justicia de las víctimas.

A seis meses de la masacre, la CPM presentó en el Palacio Municipal de Esteban Echeverría un informe especial que será remitido a las autoridades provinciales y municipales, a la legislatura y el poder judicial. “Gracias a los que están acompañándonos desde el primer momento. Extrañamos mucho a nuestros hijos, el dolor no se va, no para. Sólo queremos justicia”, señaló Matilde, la mamá de Elías Soto. “Diez personas murieron calcinadas. Una de ellas mi hijo. Nos levantamos y tenemos a nuestros hijos todo el tiempo en la cabeza y el corazón, todos los días imagino que va a llegar, lo espero. Seguimos porque no queremos más muertes”, agregó Celina, madre de Juan Carlos Fernández. Junto a ellas, estuvieron los familiares de Carlos Corvera y Martín Arguello. También Yamila Zavala Rodríguez, Susana Méndez y Roberto Cipriano García, integrantes de la CPM, Sandra Raggio, Directora General de Áreas y representantes del CELS, Suteba, CTA Esteban Echeverría, el Colectivo de Educación por la Memoria, Verdad y Justicia de Esteban Echeverría y el Movimiento Evita.

El avance y la calidad de la investigación penal es un camino necesario para que haya justicia por Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Martín Argüello. Pero es indispensable también para que el Estado no siga perpetrando una política de seguridad asentada en la vulneración sistemática de derechos humanos y haga realidad el principio de no repetición.

“Revertir las condiciones de deterioro de los lugares de encierro -y las graves violaciones de derechos humanos que afectan a las personas detenidas- requiere de un compromiso urgente y sostenido de todos los poderes públicos y del cumplimiento de las medidas cautelares de organismos internacionales y locales”, resume el informe de la CPM.