El acusado de un homicidio quedó absuelto luego de que el testigo central que lo señalaba como responsable del crimen admitiera que lo había acusado a partir de una golpiza que le dieron en la comisaría tercera. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Federico Wacker Schroder señalaron que a partir del cambio sustancial del testimonio no podía condenarse al acusado, y ordenaron que se investigue a los funcionarios por la posible comisión de delitos. La CPM participó como veedora en el juicio.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) Todo comenzó con el asesinato de Leonel Sebastián Bellini en diciembre de 2022, en uno de los tantos puntos de ingreso a la Villa Vértiz de Mar del Plata. Frente a los policías de la comisaría 3ª, un testigo señaló a Lucas Nahuel Pensa como el responsable del crimen; con esa prueba la Fiscalía N° 1, a cargo de María Florencia Salas, solicitó su detención. La instrucción no sumó más medidas de prueba y se centró en esa declaración tomada en la comisaría.

Cuando el proceso penal avanzaba camino al juicio, el testigo que había acusado a Lucas pidió ampliar la declaración y, desde la cárcel de Batán por video-llamada, aseguró que había incriminado a Pensa tras una feroz golpiza policial en la comisaría. Eso mismo ratificó durante el juicio.

Los jueces del Tribunal Oral Nº 3 entendieron que no había otros elementos en la investigación que acrediten que Pensa haya sido el homicida y decidieron absolverlo. Además, el Tribunal dispuso que la Fiscalía General investigue el accionar de los tres policías ​por la comisión de un delito contra la libertad, aunque al mismo tiempo hizo lugar a lo solicitado por la agente fiscal por el posible delito de falso testimonio.

La Comisión Provincial por la Memoria realizó la veeduría del juicio en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura a través del programa de Monitoreo de la Justicia. Este caso evidencia, una vez más, las graves falencias en las investigaciones judiciales: la falta de control sobre las diligencias delegadas en funcionarios policiales, la validación por parte de la justicia del relato policial, y el fraguado de pruebas y manipulación de testigos por parte de la policía para acusar falsamente a personas inocentes. En definitiva, una suma de prácticas judiciales que, con un bajo estándar en la etapa de instrucción, culminan elevando a juicio una causa sin pruebas y mantenido detenido a un inocente.