La titular del Juzgado Federal N 2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, aceptó el habeas corpus restringido y preventivo impuesto por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y dispuso que la Policía de la Provincia de Buenos Aires cese todo acto que atente contra la vida e integridad de Marcelo González, el ex cuñado de Facundo Astudillo Castro. Tal como sostuvo la CPM, la jueza reconoció la existencia de amenazas y hostigamiento policial que, presume, serían consecuencia de su actuación como testigo en la causa donde se investiga la supuesta desaparición forzada de Facundo. El fallo también dispuso la custodia de Marcelo y su familia, a cargo de Prefectura Naval, como ya había sido ordenada de manera preventiva.

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(Agencia) Este jueves, mientras se trataba en audiencia el habeas corpus preventivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Policía de la Provincia de Buenos Aires volvía a merodear como era costumbre desde hace varias semanas la vivienda de Marcelo González, hermano de la ex novia de Facundo Astudillo Castro. En ese momento, Marcelo estaba terminando de cargar sus pertenencias en un flete; preocupado y con miedo ante los sucesivos actos de hostigamiento policial, había decidido abandonar su casa  en Mayor Buratovich y mudarse a Bahía Blanca.

Durante la audiencia, los abogados y abogadas de la CPM le advirtieron a la jueza sobre este nuevo hecho y el intento por parte de los agentes policiales de impedir la mudanza. Por el hecho, la jueza Gabriela Marrón dispuso que Prefectura Naval se presente en el domicilio y se designe una custodia para proteger a la familia. El informe de la Prefectura enviado a la jueza corroboró todo esto e, incluso, reconoció la situación de preocupación a atravesaba González.

En la tarde del viernes, luego de constatar todos los informes pedidos y de escuchar la presentación de la CPM, la titular del Juzgado Federal N 2 de Bahía Blanca hizo lugar al habeas y dispuso que la Policía de la Provincia de Buenos Aires “cese en la realización de todo acto lesivo, contra la libertad, integridad psíquica, física y emocional; e inclusive, la intimidad de Marcelo González”.

La jueza reconoció la gravedad de los hechos y que el temor exteriorizado por González es fundado. En ese sentido, el fallo sostiene que se encuentra acreditada la existencia de hostigamientos y/o amenazas, por parte de personal –no individualizado- de la Estación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich, “que es dable presumir se han producido a consecuencia de su actuación como testigo en la causa donde se investiga la supuesta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro”.

Tal como informó la CPM en las audiencias, desde el momento que se hizo pública la desaparición de Facundo, Marcelo González viene sufriendo diferentes episodios de hostigamiento por parte de policías bonaerenses, sugiriéndole la existencia de hipótesis inculpatorias en su contra para amedrentarlo. Desde entonces, agentes policiales lo siguen en móviles oficiales con las luces apagadas o bien merodean y se estacionan en la puerta de su casa sin ningún motivo. “Se advierte que no existe orden judicial alguna para que personal de la fuerza de seguridad denunciada realice actividades de la índole mencionada”, explica el fallo.

Además de estos episodios, en su resolución, la jueza federal destacó la causa penal por apremios ilegales que tramita en la UFIJ 12 de Bahía Blanca. La denuncia fue realizada por González luego de haber sido sometido a un interrogatorio ilegal.

Como ya señaló la CPM, al momento de presentar el habeas, el 26 de junio pasado sin citación ni notificación de ningún tipo, dos agentes de la policía bonaerense fueron a buscarlo a su casa, requiriendo su presencia en la estación policial. Una vez allí, lo hicieron ingresar a una habitación junto a cuatro policías: tres estaban vestidos de civil y el cuarto, que ocupa el rol de jefe durante el interrogatorio, estaba con el uniforme pero sin la insignia del cargo. Los cuatro agentes le pedían que declare que Facundo estaba en Bahía Blanca, que ellos ya sabían que era así, pero que él tenía que “cantar”, mientras amenazaban con golpearlo e inculparlo.

Junto al pedido de cese del hostigamiento policial, la jueza federal Gabriela Marrón también confirmó la custodia de Prefectura Naval dispuesta para la protección personal de Marcelo González y su núcleo familiar, radicado desde ayer en Bahía Blanca.