La consolidación del proceso democrático implica plenas garantías en la expresión de la protesta social. En este sentido, es inadmisible que la policía de Tucumán haya desplegado una acción represiva violatoria de todos los protocolos de actuación frente a las manifestaciones públicas. El objetivo central de las fuerzas de seguridad debe ser velar por la integridad de las personas, entre ellos y sobre todo, la de los manifestantes.

Este no es un episodio aislado. Se inscribe en prácticas policiales reiteradas de violación a los derechos humanos, que reclaman una vez más la imperiosa necesidad de democratizar las fuerzas de seguridad. En este debate resultan ineludibles además las responsabilidades políticas de los gobiernos que conducen estas fuerzas. Vale recordar que en mayo de 2014 la policía tucumana reprimió brutalmente a los trabajadores bancarios cuando estaban reclamando por el despedido de compañeros.

La reiteración de episodios como estos en distintos lugares de nuestro país -como el ocurrido hace pocas semanas en la Panamericana en relación al conflicto de la línea 60 de colectivos y otros tantos que se vienen denunciando- pone de relieve la sistematicidad de la represión a la protesta socia. En una democracia, los conflictos cuentan con mecanismos institucionales para canalizarse y resolverse. La represión no es el camino.

En un contexto de disputa electoral debe prevalecer, en todos los sectores, madurez política para defender la democracia y los derechos que hemos conquistado en todos estos años.