Más allá de la reciente aprobación de la ley de emergencia en discapacidad –y a la que el Gobierno nacional ya anunció que vetará y, eventualmente, judicializará-, desde el año pasado avanza un proceso de auditoría de pensiones por invalidez laboral en Argentina que, lejos de su objetivo declarado, apunta a reducir el universo total de beneficiarios en más de 200.000 casos. Para lograrlo se llevan a cabo citaciones imprecisas con domicilios inexistentes o erróneos, se solicita excesiva documentación ya consignada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se exige a los pensionados acciones que no pueden cumplir (como firmar registros cuando no saben escribir). El caso de una madre de Magdalena y el maltrato a su hija por quienes debían constatar la discapacidad.

ANDAR en Magdalena

(Agencia) En vez orientar la auditoría a la cobertura económica eficaz y apropiada para aquellas personas que la necesitan, con su mentada auditoría de pensiones por invalidez laboral, el Gobierno nacional sigue haciendo gala de una serie de prácticas burocráticas y administrativas que sólo refuerzan estereotipos estigmatizantes, afectan la dignidad de las personas y atentan contra el derecho a recibir asistencia psicológica, terapias apropiadas y acompañamiento profesional para mejorar la calidad de vida.

Desde el año pasado abundan los testimonios de familiares de personas con discapacidad que relatan los agravios a los que han sido expuestos, empezando por la citación a domicilios inexistentes o erróneos –comercios, organismos públicos sin vinculación con la auditoría o casas de particulares-, y es una realidad que se replica en todas las provincias del país.

Así ocurrió, por ejemplo, en marzo pasado en la ciudad de Viedma donde fueron enviadas decenas de convocatorias a personas beneficiarias de la pensión por invalidez laboral pero con un domicilio que llevaba, no al Hospital Italiano Regional Sur como debía ser, sino a un local abandonado en el que antiguamente había funcionado un local de Aerolíneas Argentinas.

En la ciudad bonaerense de Bolívar fue el propio municipio el que tuvo que salir a aclarar “la insólita, dolorosa y alarmante” situación por la cual la ANDIS había enviado más de 2000 citaciones con domicilio para la revisión médica en una casa particular. En la puerta del frente colgaban dos carteles: “No se tramitan pensiones” y “No tocar timbre”.

“La auditoría de discapacidad está pensada para que quede sin asistencia un montón de personas”, afirmó a ANDAR Cristina Altamirano, madre de Amparo, una joven que hasta hoy recibe la pensión por invalidez laboral pero que en la tramitación para su renovación fue maltratada y denigrada por parte de los “auditores” –cuatro personas que nunca se identificaron en su rol ni formación para la realización de la tarea-.

La cita de Amparo había sido fijada para el 30 de junio pasado pero, una vez más, la dirección fijada ni siquiera coincidía con la de algún inmueble del distrito, por lo que se dirigieron a la oficina local de ANSES en búsqueda de asesoramiento más allá de que el trámite no dependía de esa repartición.

Tras los reclamos insistentes de decenas de familias que atravesaban por el mismo problema, intercedió el municipio y la sede para la auditoría pasó a ser la del PAMI. En ese camino, la oficina municipal de discapacidad realizó por redes sociales una convocatoria a todos los pensionados: “¿Publicar un flyer es una forma segura de convocatoria? ¿Qué sucede con aquellos que por razones económicas, sociales, culturales o simplemente de horarios no logran ver esa publicidad? (…) No olviden que son abuelos, personas mayores o personas con discapacidad”, cuestionó en sus redes sociales Cristina Altamirano.

Finalmente llegó el 30 de junio, día fijado para la revisión médica de Amparo. Un rato antes, a la madre la había llamado un funcionario local recordándole lo de la auditoría y asegurándole que fuera tranquila porque habían estado constatando que todo estuviera bien. Pero no fue así.

“Eran cuatro personas, designadas por un gobierno que pregona la reducción del empleo público. Había dos jóvenes, una de ellas con su ‘visión de rayos X’ tomaba el documento y le dictaba el número a la otra, quien tecleaba en una notebook verificando que estuviéramos en la lista. Un tercer caballero supongo que era el encargado de llevar la notebook hasta el auto. Finalmente pasamos a la cuarta persona, que estaba en una oficina”, describió la madre de Amparo respecto a la insólita secuencia que tuvo que atravesar desde el comienzo de la revisión.

Pero sería peor: la persona en la oficina tenía otra notebook delante suyo y, en el escritorio, el teléfono celular abierto en un chat porque estaba comunicándose con alguien de su confianza.  Mientras conversaba con su teléfono, de reojo miró los papeles de Amparo y soltó con naturalidad: “Ah, está todo más que bien…”, y señaló a la joven con la cabeza: “Es retrasada”.

Tras la interrupción de la madre, el auditor no atinó a corregir ni disculparse por lo dicho sino que reforzó su postura en consonancia con el sinfín de adjetivos peyorativos y agraviantes que contenía una resolución de la ANDIS difundida en febrero último para determinar los criterios de acceso y mantenimiento de las pensiones por invalidez laboral.