Realizado entre abril y mayo del año pasado, el relevamiento de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD) examinó la frecuencia, calidad y los niveles de atención de la salud en contextos de encierro penal para conocer “los riesgos reales ante el COVID 19. Las conclusiones nos preocupan enormemente ya que la vulneración del derecho a la salud no sólo afecta a las personas privadas de libertad, sino también a todas sus familias”. En una época marcada por la distancia física se identificaron, en muchas de las unidades penales examinadas, celdas con 15 personas y 3 colchones, lo que implica un promedio de 2 personas habitando un mismo metro cuadrado.

ANDAR en las cárceles

(Agencia) Con hallazgos y conclusiones similares respecto a los denunciados en el último Informe Anual de la CPM, la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD) publicó en los últimos días su estudio sobre la Post Salud Carcelaria, nombre que alude al vocablo de la post-verdad como “distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública”. De allí que el informe de ACiFaD enfatiza que, en el plano de la realidad, en el 96 por ciento de los casos no se recibe atención de la salud.

“La post-salud carcelaria es la puesta en escena necesaria para buscar hacer pasar inadvertido el incumplimiento de la constitución nacional y de todas las normativas internacionales sobre derechos de las personas detenidas, de los deberes de funcionarios públicos y de los profesionales médicos”, afirma el estudio que fue realizado con el testimonio de 515 personas detenidas, en mayor medida, en el Servicio Penitenciario Bonaerense (87 por ciento). El resto de los testimonios corresponden a personas alojadas en otras jurisdicciones provinciales y el 9 por ciento en el Servicio Penitenciario Federal.

En concreto, uno de los ítems evaluados es el del espacio físico disponible para cada persona encarcelada. Conocer la cantidad de personas que ocupan una celda y pabellón, así como la cantidad de colchones, camas y almohadas resulta fundamental en un contexto en que la distancia entre las personas se impone como factor principal para evitar los contagios del COVID 19.

El hacinamiento extremo, una vez más, se ha verificado a través del estudio de ACiFaD, con niveles alarmantes que multiplican varias veces la cantidad máxima de personas admitida por metro cuadrado de espacio de encierro.

“En estas condiciones, cuando se multiplica por 2, por 3 o hasta por 10 veces la cantidad mínima de personas por metro cuadrado, se hace necesario revisar el concepto de hacinamiento y ensayar uno propio de la situación carcelaria argentina: el encimamiento. Se trata, por ejemplo, de situaciones en las que las personas detenidas son forzadas a vivir en menos de 1m2 por persona y a dormir compartiendo un colchón entre 2 o más personas”, detalla el informe.

“La atención médica es nominal, no real. Cerca de 9 de cada 10 personas tuvieron un problema de salud el último año y más de 9 de cada 10 personas no fueron atendidas o curadas por el sistema de post salud carcelaria. El sistema no falla, el sistema funciona así: funciona para negar el derecho a la salud de las personas detenidas”, agrega.

De acuerdo a los testimonios relevados por ACiFaD, los sitios destinados a “sanidad carcelaria” –espacios de atención y de internación de pacientes- son espacios fríos, sucios, sin agua caliente, sin camas ni colchones, y con mucha humedad. Asimismo, 7 de cada 10 personas encuestadas definieron el trato de los médicos carcelarios como “pésimo, discriminatorio o con desprecio”.

El informe plantea la muerte como horizonte de la cárcel: “Entre quienes  respondieron, 7 de cada 10 tiene allegados (detenidos) que padecieron enfermedades graves y en su mayoría no fueron atendidos, y 6 de cada 10 conoce a otros detenidos que murieron por la cárcel. La principal causa de muerte por cárcel en la Argentina es la post salud carcelaria”.

El VIH y la tuberculosis, dos enfermedades que fuera de la cárcel son tratables, constituyen en el encierro penal las más extendidas afecciones: aproximadamente 8000 personas detenidas contraerán tuberculosis el presente año, de acuerdo a proyecciones estadísticas.

“En las cárceles argentinas antes de la llegada del COVID19 el derecho a la salud (como el resto de los derechos) no estaba garantizado, y la vida de las personas detenidas estaba en riesgo. Las características del COVID19 exigen condiciones de higiene aumentadas, necesidad de distancia entre las personas, sistemas de salud con cuidados extremados. Es todo lo contrario de lo que sucede en las cárceles argentinas, que hoy encierran a más de 100.000 ciudadanos hacinados, en condiciones de extrema precariedad y sin acceso a la salud. Son más de 100.000 vidas amenazadas cuando el Estado NO asume a la salud como un derecho, sino que la niega. Se trata de una descripción que debe llamar a la acción inmediata, a la denuncia e identificación de responsables y a la urgente reacción para salvar las 100.000 vidas amenazadas”, concluye el informe.