El jueves 11 de abril se realizó, a instancias del Concejo Deliberante de San Nicolás, una asamblea de mayores contribuyentes –la integran ciudadanos que tratan, junto a los ediles, cuestiones presupuestarias, aumentos de tasas municipales, entre otros temas- a la que finalmente no se presentó, tal como estaba previsto, el ex agente de la DIPPBA, Miguel Ángel Amarillo, actualmente imputado en una causa por privaciones ilegales de la libertad y homicidios ocurridos en noviembre de 1976. Por la mañana, la CPM había presentado un escrito ante el Concejo Deliberante manifestando su preocupación, lo que sumado al activismo de organismos de DDHH locales hizo que Amarillo no se presentara a la asamblea.

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(Agencia) Con la firma del Presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el jueves por la mañana el organismo, junto a espacios de derechos humanos de San Nicolás, realizó una presentación ante el Concejo Deliberante manifestando preocupación ante la noticia de la eventual participación de Miguel Ángel Amarillo en la asamblea de mayores contribuyentes que se realizaría horas más tarde.

“Amarillo se encuentra actualmente imputado por la justicia federal de San Nicolás en la causa FRO Nº 76000016/2011, por las privaciones ilegales de la libertad y homicidios de Carlos Benjamín Santillán, María Cristina Lanzillotto, Irene Ballester Tey, Carlos Gerardo Pérez, Carlos Alberto Aranda y Leonor Genoveva Pierro, delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar entre el 9 y 10 de noviembre de 1976, todo ello en oportunidad de ser agente de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), con destino en la Delegación San Nicolás”, señala el escrito de la CPM.

Como parte querellante en la causa, la Comisión Provincial por la Memoria impulsa la investigación y el juzgamiento de las actividades de inteligencia desplegadas por la DIPPBA como acciones constitutivas de terrorismo de estado.

“Por tales crímenes, el Juez Federal de San Nicolás Dr. Carlos Villafuerte Ruzo ordenó su detención, la prohibición de salida del país y citó a Amarillo a prestar declaración indagatoria –situación ésta solicitada por la Fiscalía Federal interviniente- audiencia realizada el 10 de diciembre del pasado año. Su situación procesal está pendiente de ser resuelta por parte del magistrado a cargo de la causa”, detalla.

En el contexto de un plan sistemático de represión y exterminio, los graves delitos que se le imputan a Amarillo ocurrieron en la entonces jurisdicción del Área Militar 132 con sede en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército.

Para la CPM, “atento a lo expuesto, debemos recordar que nuestro país ha asumido  compromisos internacionales, los cuales le imponen al Estado en todos sus poderes y jurisdicciones, la obligación de investigar y sanear de sus instituciones a aquellas personas acusadas de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

“Es por ello que resulta inadmisible la presencia del Sr. Miguel Ángel Amarillo como participante en ese ámbito legislativo, propio del estado de derecho y de la democracia, la cual fue vulnerada y violada por el aparato represivo del que el Sr. Amarillo formó parte”, concluyó.