El 14 de abril de 1995, cuando en la Argentina reinaba la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en un encuentro en Córdoba, nació la agrupación Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). La organización fue, desde sus inicios, un espacio donde colectivizar la identidad como hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado, reivindicar las trayectorias políticas de sus padres y madres, y luchar la institucionalización de políticas públicas en memoria, verdad y justicia. A 25 años de nacimiento compartimos la experiencia de dos hijas, Claudia Bellingeri y Mariana Tello, en el trabajo con archivos de memoria: los aportes a los juicios, el compromiso ético con las víctimas, la historia personal y la reparación.

ANDAR en archivos

Claudia Bellingeri en el juicio La Cacha

(Agencia) “Los archivos siempre estuvieron vinculados a la posibilidad de conocimiento de la verdad que nos había sido negada por los jerarcas militares, es la posibilidad de dar cuenta del silencio organizado por los represores”, dice Claudia Bellingeri. Su padre Héctor militaba en el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, tenía 45 años cuando fue secuestrado en junio de 1977. Claudia Bellingeri es directora del programa de Justicia por delitos de lesa humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Claudia fue una de las hijas e hijos de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado que el 14 de abril de 1995 se reunieron en Córdoba y conformaron la red nacional de Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). “Fue la primera experiencia común de sociabilización. Nos encontramos, nos reconocimos en nuestras vivencias, en la experiencia traumática frente a la desaparición forzada”.

Eran jóvenes en ese momento e HIJOS fue un espacio de emergencia como colectivo que reivindicaba la militancia de sus padres y madres, y que se inscribía en la lucha contra la impunidad que encabezaban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. De hecho, para la mayoría, HIJOS fue la continuidad una militancia en el espacio público que ya tenían acompañando a sus madres o abuelas.

En esos años Mariana Tello Weiss estaba yendo a Córdoba, desde Jujuy, para empezar los estudios universitarios; recuerda que, si bien ella nunca sintió que tenía que ocultar la historia familiar, la irrupción de HIJOS con la reivindicación de la lucha de sus padres y madres le resultó llamativa. Tardó más o menos un año en sumarse a la agrupación: “Sentía que tenía que resolver cosas personales. No era sólo la voluntad de ir a militar por una causa, sino que esa era una militancia con una carga de implicancia personal muy grande, y eso fue una marca de HIJOS. Paso un tiempo hasta que decidí que eso iba ser mi lugar de militancia”.

El 12 de julio de 1976, Margarita Azize Weiss llegaba con su hija de 9 meses y un compañero de militancia a su casa en Tucumán; una patota de oficiales del Ejército y la Policía de Tucumán los estaba esperando y Margarita, antes de morir acribillada, llegó a proteger a Mariana de los disparos. La niña fue apropiada y restituida a los meses a sus abuelos maternos. Mariana es antropóloga, colaboró en las exhumaciones de San Vicente, trabajó más de diez años en el sitio de memoria de La Perla y, recientemente, fue designada directora del Archivo Nacional de la Memoria.

Mariana Tello

A 25 años del encuentro en Río Ceballos, en diálogo con ANDAR, Claudia y Mariana recorren la trayectoria colectiva y personal de esa organización: de los escraches en tiempos de impunidad a la institucionalización de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. “Veníamos de un Estado con políticas muy inconstantes y desfavorables al movimiento de derechos humanos. Esos primeros años de HIJOS estuvo marcado por la impunidad, y el escrache como estrategia estuvo marcado hacia el interior por una fuerte reflexión y problematización del concepto de justicia”, señala Tello.

La nulidad de las leyes de impunidad en 2003 cambió todo el escenario y también las lógicas de intervención de la organización. Las dos hijas destacan la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner, sin voluntad política eso no hubiese sido posible.

“A partir de allí, desde la organización, fuimos parte activa de los juicios de lesa humanidad, somos testigos, querellantes. Trabajamos en los sitios, en los archivos, trabajamos porque hay una idea fundante que es la lucha por la justicia y contra el olvido y el silencio”, reconoce Bellingeri.

La justicia, la reparación, los archivos

A partir de ese momento, muchos hijos e hijas comenzaron también a ocupar espacios de gestión pública: “Nos formamos para esto, para contribuir de manera cercana a este proceso de justicia y reparación. Y en eso, creo, HIJOS fue el espacio donde encontramos una contención colectiva para trabajar estos temas” asume Tello.

Desde el 2001 la CPM preserva y gestiona el ex archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), uno de los fondos documentales de inteligencia desclasificados más importantes del mundo: “Los archivos del pasado reciente, como éste, como otros archivos ligados a los responsables de la dictadura, tienen que estar en poder de organismos que los democraticen, porque son archivos que para las víctimas tienen un contenido simbólico pero también concreto porque pueden develar algo de lo que le han pasado a las víctimas. Recuperar estos archivos es muy importante porque pone un poco de libertad a esas historias personales y es reparador cada vez que un familiar encuentra algo, cada vez que aportamos para los juicios, en todas esas instancias se está haciendo justicia”.

Ficheros del archivo de la ex DIPPBA

El ex archivo de la DIPPBA tiene alrededor de 4 millones de folios. El espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución política ideológica fueron las principales funciones desde su creación en el año 1956 hasta su disolución en el año 1998. Durante el terrorismo de Estado, esas acciones de inteligencia fueron indispensables para la comisión de los crímenes de lesa humanidad.

Como señalaba Bellingeri, los archivos están íntimamente vinculados con aquellos principios básicos de HIJOS: la lucha por la justicia y contra el olvido y el silencio. Desde el fin de las leyes de impunidad, la CPM presentó prueba documental de la DIPPBA en la mayoría de los juicios que se realizaron en todo el país. En esa labor, ella es una de las peritos designada por la Cámara Federal de La Plata del acervo documental de la CPM.

“La política de desaparición fue borrar todo indicio del accionar criminal del Estado. Casi no dejó rastros estatales; en esa particularidad, archivos como el de la DIPPBA son excepciones, casi accidentes o errores en su planificación. Y es algo que queda en evidencia cuando se ve la poca cantidad de archivos oficiales que existen de la represión, la idea era que no existieran. Esas excepciones son valiosas porque son marca del accionar represivo, reflejan ese accionar escrito por los mismos perpetradores de esa represión”, agrega Tello.

Si la dictadura militar intentó borrar toco indicio del accionar criminal del Estado, la ciudadanía, desde las voces de las víctimas, intentó reconstruir esas historias. El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) se creó en el 2003 con el objetivo de conservar los testimonios y documentos sobre las violaciones a los derechos humanos y la respuesta social e institucional. Su acervo documental está integrado, entre otros, por el fondo de la CONADEP, el juicio a las juntas, el archivo oral.

“Tengo la responsabilidad de gestionar estos archivos que son interesantes porque son archivos que hizo la ciudadanía con el deseo de construcción de la verdad y la justicia, que el Estado oficializó y preserva, pero que nacieron del deseo de la ciudadanía”, explica la directora del ANM.

Archivo Nacional de la Memoria

Mariana Tello recuerda que, durante muchos años, acompañó a víctimas a declarar, escuchó sus testimonios. Esos documentos son los que les toca gestionar: “Sé lo que significó para cada una de esas personas dejar una declaración y, ahora, tengo una responsabilidad aún mayor, el desafío de restituir la documentación de esas palabras de las víctimas. Esos legajos son parte de las historias familiares, muchas veces no contadas por los miembros de las familias. Y esa es la importancia de las políticas de estos años de restitución de estos pedacitos de historia, de saber qué hicieron esas personas por la búsqueda de justicia, porque en ese acto lo que se restituye son los rastros de esa lucha”.

Desde la propia experiencia, Claudia Bellingeri y Mariana Tello destacan tres principios en el trabajo de gestión de estos archivos: la colaboración, la formación técnica y el compromiso ético con las víctimas. “El tratamiento de estos archivos es un trabajo profesional que tiene la carga afectiva y de responsabilidad de todo acto de reparación. Hay una dimensión de esa labor que debe considerar la archivística, la historia y la vida de esas familias que buscan una reparación”, explica Bellingeri.

“Trabajar con estos archivos de la represión, siendo parte de un organismo de derechos humanos, que desde el 95 está haciendo un camino para recuperar la verdad robada, es una enorme responsabilidad. Sin lugar a dudas, hay una parte profesional que hacemos con responsabilidad. Y hay otra parte que es la militancia, que es una cuestión de identidad, que es trascendente porque somos sujetos políticos, que dejamos de ser víctimas el mismo día que empezamos a estar juntos, y desde ahí trabajar con estos archivos impone una responsabilidad extraordinaria”, agrega Bellingeri.

“La ética creo es el desafío más importante, porque significa contemplar las implicancias que tiene la gestión pública de estos archivos en la vida de esas personas. El testimonio circula y de alguna manera refleja un problema social, que es disputar los sentidos de la justicia y la reparación, y también la identidad de las personas”, remarca Tello.

Hay acervos documentales vinculados a la última dictadura militar que todavía no fueron desclasificados. Hay otros, relacionados al proceso de justicia, los testimonios y la recuperación de espacios ligados al terrorismo de Estado, que se van construyendo en la misma práctica. “Si bien cada archivo tiene una estrategia de reparación, los organismos de derechos humanos tenemos la necesidad de democratizarlos y ponerlos al alcance de la ciudadanía porque el reclamo de justicia continúa”, señala la perito del archivo de la ex DIPPBA.

“Y hay una necesidad de una política de búsqueda y preservación, sobre todo por sus aportes a la justicia porque la justicia es la mayor reparación. Esto lo digo a título personal, no hay nada que repare más que la justicia. Porque la dictadura militar borró socialmente los límites entre lo que el Estado tiene o no permitido hacer con los ciudadanos. Y en esto la justicia reparó no sólo a las víctimas, reparó porque volvimos a sentir como comunidad qué estábamos de acuerdo en eso, que esos límites no podían borrarse. Por eso la reparación de la justicia va más allá del hecho, en lo personal tuve la posibilidad de ver en el banquillo al último de los acusados por la muerte de mi mamá, pero esa condena no alcanza sino es reconocida por la comunidad”, cierra Tello.