Fue suspendido en noviembre por una comisión bicameral acusado por mal desempeño en un proceso viciado de irregularidades. Ahora le advierten que tras la sanción llegarían investigaciones penales por supuesta usurpación de funciones. Ganón realizó una presentación ante la CIDH que ya le pidió explicaciones al estado argentino.

ANDAR en Santa fe

(Agencia) En noviembre la legislatura de Santa Fe decidió suspender a Gabriel Ganón por el supuesto mal desempeño en sus funciones. El Defensor General, que había concursado su cargo en 2011, fue acusado por “mal desempeño en sus funciones” y suspendido de su cargo que debía ocupar mandato constitucional hasta abril de 2017.

Ahora Ganón, que ya realizó una denuncia ante la CIDH junto a distintos organismos de DDHH, agrega que las acciones gubernamentales de hostigamiento no cesaron luego de la “sanción irregular” que le impusieron violando los estándares de un debido proceso sino que  iniciaron una serie de procesos penales por la supuesta usurpación de funciones. “Los nuevos hechos que agregamos a la denuncia tienen que ver con que los recursos que se interpusieron ante la legislatura fueron rechazados sin ningún tratamiento”, explicó Ganón que ya a apeló a la corte suprema de justicia de Santa Fe. “Si bien no he sido formalmente notificado tomé conocimiento a través de periodistas sobre la investigaciones penales sobre la supuesta usurpación del cargo y las funciones” agregó.

También afirma que se han tomado represalias contra el personal temporario que participó en la elaboración del informe temático sobre niñez que se presento ante el organismo internacional en el último periodo de sesiones finalizando sus contratos mediante hace una semana. “Fueron cancelados por el defensor regional sin razones claras”, detalló Ganón.

“La otra situación grave que tuve que denunciar es que a partir de la sanción, sin ningún tipo de acta administativa, se me dejó de pagar el sueldo. Así que tuve que interponer un amparo porque esto está prohibido, ya que durante la suspensión yo no puedo ejercer en otro ámbito porque sigo con las mismas restricciones constitucionales como si estuviera trabajando”, sumó el defensor. La CIDH ya le pidió informes sobre la situación al estado Argentino

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se solidarizó con el funcionario, se presentó como amicus curiae en el jury y advirtió sobre las constantes maniobras que buscaban su remoción. El procedimiento de destitución, llevado a cabo en la legislatura provincial, no respetó el debido proceso ni la garantía de defensa en juicio, vulnerando garantías constitucionales esenciales.