En 2012, la Corte bonaerense declaró ilegal las fumigaciones con agrotóxicos a menos de mil metros de viviendas. Muchos partidos de la Provincia también aprobaron ordenanzas para restringir el área de fumigaciones. “Aún así, estas políticas de medición del impacto ambiental, de control de residuos no alcanzan, porque toda la cadena de fiscalización es corruptible”, asegura Pablo Kubalba de la Asamblea “Paren de fumigarnos” de Chascomús. La nueva resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria provincial, que autoriza la realización de fumigaciones en campos cercanos zonas residenciales y en los márgenes de los cursos de agua, empeora la situación: una medida al servicio del agronegocio y a espaldas de los pueblos.

ANDAR en Chascomús

(Agencia Andar) Desde el 1º de enero, en la provincia de Buenos Aires, se puede fumigar con agrotóxicos sobre zonas residenciales y cursos de agua. La única restricción de la nueva resolución del Ministerio de Agroindustria provincial es no fumigar en horario de clases de las escuelas rurales. La resolución ministerial no sólo desoye las profundas investigaciones sobre la contaminación y enfermedades que producen estos agroquímicos sino que, además, desobedece fallos judiciales, incluso de la Suprema Corte de Justicia.

Problemas respiratorios, afecciones de piel, hipotiroidismo y cáncer son algunas de las enfermedades que se relevan diariamente en las poblaciones que están expuestas a las fumigaciones. Desde hace un tiempo a esta parte, habitantes de pueblos fumigados comenzaron a articularse en asambleas populares para denunciar la contaminación y reclamar por su derecho a la salud y al ambiente digno.

De un lado el conglomerado de empresas transnacionales que monopolizan los herbicidas tóxicos y venden todo un “paquete tecnológico” para la producción agrícola extensiva. Del otro lado del alambrado, quedan los pueblos que luchan por sus derechos y que proponen una pelea de fondo, la mutación a una nueva forma de  producción: la agroecología. “Sabemos que el capitalismo es extractivista, la agricultura química es su actual expresión. El pequeño productor que le creyó al paquete tecnológico, termina endeudado con cada campaña hasta caerse. Cambia el sujeto productor, del productor local al pool de siembra”, sintetiza Pablo Kulbaba, integrante de la asamblea Paren de fumigarnos de Chascomús.

Desde el 2016, la asamblea impulsó el debate sobre un proyecto de ordenanza para restringir las fumigaciones. Ese proyecto, el inicial, prohibía las fumigaciones terrestres a menos de 1.500 metros de escuelas rurales y cursos de agua y quedaban prohibidas las aspersiones aéreas. En diciembre de 2018, cuando se discutió en el Concejo Deliberante se presentaron otros dos despachos. Se terminó aprobando la propuesta del ejecutivo municipal, “el proyecto que menos cuidaba la salud de las personas”, resume Kulbaba.

“Estas ordenanzas tienen consideraciones nefastas. Se declaró una zona de amortiguamiento de 200 metros que, recién, a los 7 años va a llegar a los 750”, precisa el integrante de la asamblea. Las restricciones se establecen en dos órdenes: una zona de exclusión, prohibición total de fumigaciones y una zona de amortiguamiento, donde sólo se permite cierto tipo de herbicidas, los menos tóxicos. “Igual, acá, tenemos un problema, porque por ejemplo el glifosato está considerado dentro de este tipo de activos”. El glifosato que fue considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.

El otro problema es la distancia. ¿Cuál es el criterio para determinar la distancia? “Busquemos evidencia científica”, propone Kulbaba: “En Monte Maíz, localidad de Córdoba, se investigó el daño genético por la medición de micronúcleos, cuánto más hay, más dañino es el ambiente. Empezaron a medir la presencia de micronúcleos desde el alambrado fumigado. Hallaron hasta los 1.500 metros de distancia. Es un número que nos deja tranquilos, no. Pero era un avance”

La ordenanza también prohíbe las fumigaciones aéreas, “salvo caso de excepción”. Establece que se deberán realizar estudios de impacto ambiental, para tomar decisiones sobre ampliar o reducir la zona de fumigaciones. Y, finalmente, crea un ente municipal de fiscalización. Quién va a determinar cuáles son los casos de excepción y el impacto ambiental, quiénes integrarán el ente, cuando comenzará a funcionar son preguntas para los que por el momento no hay respuesta.

“El control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de esta ordenanza y de medidas similares que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible: el control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de agua, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que, indudablemente, va a tener fisuras”.

Además de Chascomús, hay unas 40 localidades de toda la Provincia que, en el último tiempo, sancionaron ordenanzas para determinar una distancia de exclusión de fumigaciones que van de los 50 a los 2.000 metros. La primera es de 2008 en Alberti donde se declaró la prohibición de fumigar vía aérea a menos de dos kilómetro del casco urbano; la última es del año pasado en Chascomús. En paralelo, también la justicia se pronunció sobre este problema.  La Corte Bonaerense se expidió sobre demandas en los casos de Alberti, Mar del Plata, Coronel Suárez y Guernica.

Actualmente, en Chascomús, está vigente la medida de amparo presentada por los vecinos de Lomas Altas, un barrio periurbano. El Juzgado en lo civil y comercial Nº 2 de Dolores aceptó la presentación y ordenó la suspensión de la fumigación terrestre con agrotóxico a menos de mil metros de viviendas y cursos de agua. “Creíamos que era una gran herramienta, pero el amparo no se respeta. Si hay alguien violando la prohibición, nadie interviene”, explica Kulbaba. Y detalla: “Hace unos días, una vecina vio cómo el mosquito estaba fumigando violando esa distancia con el barrio y llamó a la policía pero se excusaron, dijeron que no estaban preparados para intervenir en la temática. En conclusión, no hicieron el control ni tomaron la denuncia”. Y agrega un dato: “La policía rural de Chascomús tiene asiento en el predio de la Sociedad Rural. Quizá se entiende la poca voluntad por intervenir”.

Las asambleas de pueblos fumigados remarcan una y otra vez que la batalla por la determinación de zonas de fumigación es sólo una cara de su lucha. La más importante, la lucha de fondo, es mutar hacia otro modelo de producción. Actualmente, Argentina es el tercer productor mundial de cultivos modificados genéticamente y se calcula que se usan entre 10 y 12 litros de agrotóxicos por hectárea cultivada por año.

En el documento elaborado para el 1º encuentro regional de pueblos y ciudades fumigadas se describe que, en la región capital de la Provincia 8 de cada 10 muestras de lluvias presentan distintas concentraciones de atrazina y glifosato, mientras que de una serie de estudios realizados sobre 38 alimentos (frutas, hortalizas, cereales y oleaginosas) fueron hallados 82 agrotóxicos distintos, de los cuales el 44 por ciento son cancerígenos. La lucha por mutar hacia otro modelo de producción está a la vista.

“No queremos enfermarnos para que puedan producir”, dice Kulbaba. “Hay faros de esperanza, experiencias de agroecología que demuestran ser sustentables económicamente, que se puede producir sin contaminar la tierra. Ese cambio está ocurriendo y el agronegocio, como otras cosas se va a caer, la cuestión es cuando ese cambio llegará a la salud de las personas”.