Este miércoles 14, la Comisión de familiares de Ana María Martínez organiza una movilización frente a la Procuraduría bonaerense para reclamar la destitución de Fabián Fernández Garello en su cargo de fiscal general de Mar del Plata. Fernández Garello está procesado por delitos de lesa humanidad, por su participación en acciones ilegales durante el terrorismo de Estado cuando cumplía funciones como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). “Esperamos que Conte Grand asuma su responsabilidad y tome la medida de impulsar un nuevo jury y suspenderlo del cargo, es lo mínimo que esperamos”, dijo Carmen Metrovich, cuñada de Ana María.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar)“Queremos justicia, nada más que eso”, dice Carmen Metrovich, cuñada de Ana María Martínez, la trabajadora metalúrgica y militante del PST secuestrada y asesinada en 1982. El año pasado el TOF 5 de San Martín condenó a prisión perpetua al exjefe del Destacamento 201 de Inteligencia, Norberto Apa, y el exjefe del Departamento de Personal G1, Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ambos de Campo de Mayo.

En el marco de ese juicio, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó prueba documental de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y la justicia valoró, particularmente, un legajo sobre la infiltración al PST por parte de dos agentes de la delegación de San Martín de la DIPPBA. En ese mismo momento, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, también formaba parte de esa delegación.

Actualmente, Fernández Garello está procesado por otros delitos de lesa humanidad: el secuestro y tortura de un militante comunista en 1981 y otros dos en 1982. A pesar del procesamiento sigue en funciones; ya en 2017, cuando la jueza Alicia Vence le dictara el sobreseimiento, luego rechazado por la Cámara, logró esquivar un pedido de juicio político impulsado por la CPM y una decena de organismos de derechos.

Desde ese momento, además, se sumaron dos nuevas denuncias penales contra el ex agente de inteligencia: una por espionaje a la comunidad de exiliados chilenos, otra por la desaparición de un trabajador paraguayo.

“Fernández Garello sólo sigue en funciones por protección del poder político”, remarca Metrovich. Y agrega: Con todos los delitos que cometió y la cantidad de prueba que hay en la justicia, no puede estar ocupando un cargo democrático”.

En ese marco, la Comisión de familiares de Ana María Martínez se moviliza este miércoles a las puertas de la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires, calle 13 entre 47 y 48 de La Plata, para reclamar una vez más la destitución del fiscal general. “Esperamos que el procurador Conte Grand asuma su responsabilidad, tome la decisión de impulsar el jury y suspenda a Garello del cargo, es lo mínimo que esperamos”.

Junto a la movilización a la Procuraduría, familiares de la militante del PST también le pedirán una audiencia al presidente de la Corte Bonaerense, Eduardo De Lázzari: “Esperamos que nos dé una oportunidad de escucharnos como víctimas”, expresa Carmen.

“Las pruebas aportadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en base a los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires(DIPBA), son contundentes respecto a la participación de Garello en esos delitos, en el marco del terrorismo de estado y como agente de inteligencia encargado de infiltrar organizaciones, seguir y marcar a sus militantes, para finalmente secuestrarlos, someterlos a tormentos y asesinarlos. Pero hasta el momento, y desde hace 20 años, gracias a la impunidad que le garantizaron el poder judicial y político de la provincia, sigue siendo nada menos que Fiscal General de una ciudad como Mar del Plata”, resalta la comisión familiares de Ana María Martínez en el comunicado de convocatoria a la movilización en La Plata.

“Hemos luchado mucho contra la impunidad, sabe que no bajaremos los brazos”, agrega Carmen.