Familiares de detenides en las cárceles bonaerenses junto a distintos colectivos anti carcelarios se manifestaron esta semana en la Unidad Penal 9 de La Plata para denunciar tres nuevas muertes dentro del sistema de encierro. Realizaron un acto donde se denunció la desidia estatal y el silencio judicial ante la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas presas. En estos últimos 15 días perdieron la vida tres personas, sus muertes integran una larga lista de muertes evitables dentro del sistema de crueldad, producto de la falta de una atención médica eficaz y pésimas condiciones de vida.

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(Agencia) “Decidimos autoconvocarnos en la UP 9 de La Plata dada la situación tan difícil que se está viviendo en el último tiempo”, expresó Alfredo Cuellar, familiar victima de la violencia estatal e integrante de del Colectivo de familiares de la China Cuellar. “Han aparecido tres chicos muertos en esta unidad, a uno le amputaron las piernas, otro apareció colgado con las manos en los bolsillos. Esto no puede pasar. No podemos soportar que en la provincia de Buenos Aires se siga torturando y asesinando a nuestros hijos e hijas”.

Ángel David Cisneros, Enrique Sánchez Barros y Mauro Daniel Garecco estaban alojados en el pabellón 2, de la UP 9. Enrique y Mauro compartían la misma celda cuando se desató un incendio: una prenda de vestir cayó sobre un calentador que tenían dentro para calefaccionarse. Cabe aclarar que dentro de los lugares de encierro no hay estufas ni calefacción entonces las personas improvisan artefactos caseros, inseguros, que ponen en riesgo su integridad física.

La falta de asistencia médica por parte del  servicio penitenciario, los testigos denuncian que tardaron 40 minutos en abrir la celda, provocó gravísimas quemaduras en los dos hombres. Mauro falleció en el hospital San Martín. Enrique fue sometido a una cirugía en donde sus piernas fueron amputadas y luego, por disposición del juzgado se le otorgó prisión domiciliaria pero falleció a los pocos días. En el caso de Garecco además, luego de realizado el correspondiente hisopado, se determinó que padecía de covid-19 al momento de su fallecimiento.

Ángel David Cisneros tenía 21 años y también estaba alojado en la misma unidad. Apareció muerto el 30 de agosto en su celda del pabellón 2 y, según el relato del SPB, fue suicidio. Ángel se encontraba recluido en una celda de castigo o “buzón” pero historia médica daba cuenta de su inestabilidad emocional producto de los malos tratos recibidos por parte del personal del servicio penitenciario.

Los familiares y víctimas contra la tortura y la violencia estatal denuncian que el Poder Judicial hace oídos sordos a sus reclamos y sobre todo no controla qué pasa en las cárceles bonaerenses. Para la CPM, en su carácter de Mecanismo local de prevención contra la tortura, afirma que “estas muertes no deben ser analizadas desde una lógica accidental sino que son la consecuencia de los permanentes agravamientos de las condiciones detención que padecen las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires”.

Unidades penitenciarias sobrepobladas, pabellones hacinados y celdas muy chicas ocupadas por muchas personas y sin condiciones materiales mínimas de vida garantizadas.  Las condiciones de alojamiento y socio sanitarias a las que se someten a las personas detenidas en los penales bonaerenses son pésimas.

“No denunciamos sólo las falencias del sistema penitenciario, sino denunciamos a la justicia que tienen que estar velando por la integridad física que tienen los y las privadas de su libertad”, dijo Cuellar y agregó: “la UP 9 es el sistema vertebral de la corrupción dentro del SPB, quienes recorremos las cárceles lo sabemos. Fue en su momento un centro clandestino de detención y sigue siéndolo: acá se tortura, hay represión y ese funcionamiento represivo está intacto dentro de esta unidad”.

En las cárceles de mujeres también se suman las víctimas del sistema de la crueldad. El 29 de agosto, Micaela Martínez Cruz de 37 años, perdió su vida estando bajo la custodia del Estado. Se encontraba detenida en el pabellón 1 de la UP 8 de Los Hornos e intentó suicidarse. Sus compañeras lograron auxiliarla, fue trasladada al hospital San Martín, pero falleció. Su muerte continúa impune.

Desde la CPM se han hecho diferentes presentaciones judiciales denunciadas estos hechos solicitando que se adopten las medidas correspondientes a fin de garantizar condiciones dignas de detención, ajustadas a los estándares internacionales, para las personas alojadas en cárceles bonaerenses.

“Lxs detenidxs no están solos, por eso hemos decidido salir a manifestarnos, como lo hicimos en la UP 8 ante la muerte de Micaela. Están queriendo pararnos a los familiares pero en distintos puntos de la provincia, como Lomas de Zamora, Campana, Morón y San Justo, los y las familiares de personas privadas de su libertad van a estar acompañando y visibilizando la situación que se repite”, concluyó Cuellar.