ANDAR en La Plata

(Juan Manuel Quintanilla) Este miércoles se dio lectura a los alegatos en el jury que se sigue a Pedro Federico Hooft,  el juez de Mar del Plata acusado de ser partícipe necesario en delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar. El próximo lunes 28 se conocerá el fallo del tribunal de enjuiciamiento que puede definir la destitución del magistrado. En caso de fallar en su contra, el juez perderá los fueros que le posibilitan no presentarse en la causa penal de la justicia federal de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad.

El alegato de la acusación -representada por los abogados Luis Alen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y César Sivo – dijeron que quedó comprobado que Hooft “fue partícipe necesario en los hechos (conocido como)  la noche de las corbatas y no hizo lo mínimo de lo que tenía que hacer”.

En las audiencias que comenzaron el 17 de marzo en la Suprema Corte de Justicia Bonaerense declararon familiares y víctimas directas de los secuestros ocurridos en 1977 en Mar del Plata, que comprometieron el accionar del magistrado. Hooft está acusado de mal desempeño de sus funciones por la no tramitación de hábeas corpus, por el ocultamiento de información y haber  hecho desaparecer pruebas de su juzgado.

“Hooft fue nombrado para colaborar con el plan criminal y terrorista de la dictadura” dijo Sivo en su alegato ante el tribunal. Por su parte Luis Alen, interpeló al tribunal diciendo que “tienen una oportunidad histórica para empezar a terminar con la impunidad y dar un mensaje a la sociedad”. La causa contra Hooft se inició en 2008 por el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde y fue recusada en varias oportunidades por la defensa del juez. Recién en marzo de 2013 Hooft fue suspendido de su cargo y se convocó al jury. Alen remarcó que “los organismos de derechos humanos tenemos paciencia y podemos seguir esperando, pero estamos convencidos de que llegará la justicia”.

Sivo destacó también que en 1976 estaban vigentes la Constitución Nacional, la Provincial y el Código de Procesamiento Penal y “la normativa vigente fue gravemente violada lo que confirma la postura de la acusación”. Según éstos, “sólo con el expediente de hábeas corpus de Jorge Candeloro y Marta García sería suficiente para condenarlo. El poder judicial se corrió la venda y se tapó los oídos”.

El testimonio de Marta García de Candeloro también complicó la situación del Juez. Hooft fue acusado de haber visitado los centros clandestinos de detención en la dictadura y no hacer nada por la liberación de los secuestrados. “No hizo nada para investigar el asesinato de Jorge Candeloro y se transforma en un desaparecido por Hooft, es una certeza” alegó Sivo.

Los abogados de la acusación pidieron que Pedro Federico Hooft sea destituido de su cargo en la justicia provincial. “No cumplió sus deberes como Juez y eso lo transforma en responsable de otros delitos”, argumentaron.

Para la defensa, ninguna de las acusaciones fueron comprobadas, por lo que solicitó que el Juez sea confirmado en su cargo. El abogado Héctor Granillo Fernández intentó explicar el accionar del magistrado con el contexto histórico, alegando una especie de “obediencia debida” y la imposibilidad de investigar: “los hábeas corpus no funcionaban en aquella época, ni en Argentina ni en América Latina. Y se le pide al doctor que sea un Superman que patee las puertas de los lugares prohibidos que existían en nuestro país”, manifestó.

La defensa volvió a faltarle el respeto a las víctimas al afirmar que “Marta García corrió mejor suerte que su marido y recuperó la libertad” (omitiendo que estuvo más de seis meses en la clandestinidad) y reconoció  que “puede ser que haya alguna omisión de procedimiento; no somos perfectos, todos podemos cometer errores”. Finalmente pidió la imputación por falso testimonio del testigo Brien, un exconscripto que declaró en contra de Hooft.

La decisión queda ahora en los diez integrantes del Tribunal de enjuiciamiento que deberán, el próximo lunes,  dictar sentencia. Una resolución largamente esperada y que durante muchos años fue trabada por la misma corporación judicial cómplice del juez y de los delitos de los que se lo imputa.